REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA SOBRE LA SITUACION DE VENEZUELA

WASHINGTON, 13 DE DICIEMBRE DE 2002

Distinguido Embajador Denis Antoine, Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y Representante Permanente de Grenada

Distinguido Embajador Luigi Einaudi, Secretario General Adjunto

Distinguidos Representantes Permanentes y Alternos

Como ya lo dijo el Embajador del Paraguay éste es un debate histórico. Para los anales de la posteridad nuestras palabras quedarán impresas en los archivos de esta institución. Pero más que eso, nuestras palabras -tengan ustedes la seguridad- van a estar recorriendo la conciencia de los pueblos democráticos del hemisferio. Continente en el cual vivimos caracterizado por profundas dicotomías, donde las injusticias, la exclusión y la discriminación, continúan lacerando el espíritu de convivencia.

De acuerdo con la ONU: “La tortura de un sólo individuo despierta la indignación de la opinión pública, con justa razón. Pero la muerte de más de 30.000 niños por día, fundamentalmente por causas debidas a la falta de prevención, pasa inadvertida. ¿Por qué?. Porque esos niños son invisibles en la pobreza”. Continente pletórico de pobreza el nuestro, donde todos los años se incorporan a ese ámbito 6 millones de seres humanos.

Los líderes de los países que forman parte de este foro hemisférico han reconocido las perturbadoras consecuencias de la pobreza y sus nefastas implicaciones para la democracia. La Carta Democrática Interamericana, el más importante documento doctrinario aprobado por la OEA, desde sus tiempos fundacionales, en 1948, declara, en su artículo 12: “La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia”.

La lucha contra la pobreza está en el centro del proyecto político que lidera el Presidente legítimo y democráticamente elegido de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. La Constitución Bolivariana, aprobada en referéndum por primera vez en la historia de mi país, proclama en su artículo 2: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

En cumplimiento de estos preceptos constitucionales ha actuado el Gobierno.

Las resistencias al cambio surgen en todo proceso de transformación democrático; en todo proceso destinado a alcanzar la justicia. El arte del buen gobierno consiste en procesarlas –e incluso asimilarlas- en el marco del Estado de Derecho. Y un gobierno que se precie de ser democrático, reconoce en la disidencia una fuente de su propio perfeccionamiento.

El Gobierno de Venezuela respeta a la oposición, como ningún otro en la historia nacional. La respuesta autoritaria y represiva en contra de la disidencia política fue una constante en mi país. Las torturas, el asesinato, la violencia en contra del adversario eran frecuentes. La figura de los “desaparecidos políticos”, Señores Representantes y Alternos, se originó en Venezuela en la década de los años 60. Y no como comúnmente se cree, que fue en el Cono Sur, durante el periodo de las dictaduras militares. En esa decada, centenares de “desaparecidos” hubo en mi país. Manifestaciones estudiantiles, obreras, campesinas y de cualquier sector popular, eran sofocadas a sangre y fuego. Y un Presidente electo mediante el voto puso en boga un lema, a todas luces contrario a los derechos humanos: “Disparen primero y averigüen después”.

Hay sectores democráticos que se oponen al Gobierno democrático. Derechos plenos les asisten. La Constitución y, sobre todo, el ejercicio de nuestro Gobierno, ha garantizado esos derechos a plenitud. Hay, sin embargo, quiero decirlo de manera categórica, sectores no democráticos en la oposición. Sectores que, desde el mismo momento en que el presidente Chávez asumió la jefatura del Estado, comenzaron a torpedear su gestión, utilizando mecanismos desestabilizadores y planes conspirativos. Son los que dieron el Golpe de Estado del 11 de abril de este año. Pero –pocas horas después- un clamoroso movimiento popular, sin parangón, restituyó al Presidente en su magistratura.

El Grupo de Río reunido en Costa Rica el 12 de abril condenó “la ruptura del hilo constitucional” en Venezuela. El Consejo Permanente de la OEA rechazó “el uso de la violencia para sustituir a cualquier gobierno democrático del hemisferio”. La Asamblea General de Cancilleres, reunida en Washington el 18 de abril expresó “satisfacción por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del Presidente Hugo Chávez Frías”. De particular importancia el resolutivo de esa Asamblea donde se exhorta a “Brindar el apoyo y la ayuda de la OEA que el Gobierno de Venezuela requiera para la consolidación de su proceso democrático”.

El Consejo Permanente, a su vez, en sesión ordinaria del 14 de agosto de 2002, dictó la Resolución 821: “Apoyo al Proceso de Diálogo en Venezuela”, donde se ratificó –con los mismos conceptos- el respaldo a la democracia y al gobierno democráticamente electo del presidente Hugo Chávez Frías.

A la luz de la Carta de la OEA, guiado por el espíritu de la Carta Democrática Interamericana; y al tenor de las Resoluciones adoptadas tanto por la Asamblea de Cancilleres, como por los Representantes Permanentes ante este foro, el Gobierno legítimo y constitucional de Hugo Chávez Frías pide respaldo para la democracia venezolana en esta hora. Seguros estamos que nuestros hermanos y amigos del Continente respaldarán, en gesto solidario, esta solicitud. Como lo han hecho en los casos de Guatemala, Ecuador y Paraguay. Como habrá de ocurrir cuando la democracia esté asediada por sectores golpistas y anticonstitucionales, en cualquier país.

Inequívocas señales debe dar la OEA ante aquellos que intenten desestabilizar las instituciones democráticas y los gobiernos constitucionalmente electos. Debe respaldar los gobiernos, como el venezolano, nacidos del voto popular. Reafirmar que los Estados miembros condenarán, como lo establece la Carta Democrática Interamericana, los intentos de alterar el orden constitucional. Rechazar cualquier opción de poder que contravenga la Constitución de sus Estados miembros.

En las actuales circunstancias es necesario y fundamental hacer un llamado a todos los sectores que tienen incidencia en la opinión pública, especialmente a los medios de comunicación, para que contribuyan al fomento de la paz y la tolerancia entre todos los venezolanos.

Transcurridos cerca de ocho meses del Golpe de Estado, que tuvo lugar el pasado mes de abril, una cadena de hechos va revelando la existencia de planes desestabilizadores, impulsados por sectores golpistas de la oposición para crear en el país un verdadero caos. Es así como se exige insensatamente la renuncia del Presidente y se articulan planes para asesinarlo; se procura a toda costa realizar elecciones adelantadas, aún cuanto se alteren los mandatos de la Constitución Nacional; se busca la intervención de Venezuela por parte de instancias foráneas, llegándose al exabrupto de pedir la intervención de los “cascos azules” de la ONU. En forma desesperada se pide a Gobiernos amigos, aquí representados, que activen la aplicación de los artículos 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana, para que nuestro país sea execrado y penalizado por los órganos políticos del sistema hemisférico. Fracasarán en sus intentos, estamos seguros.

Perversa estrategia para sacar a Chávez del poder, es la huelga que se inició el 2 de diciembre, convocada, primero parcialmente, y ahora sin límite de tiempo, que se mantiene a través de una estrategia mediática adelantada por medios de comunicación que utilizan cualquier recurso al margen de la ética periodística, que incluye la deformación de los hechos, la manipulación de la verdad e, incluso, mecanismos sicológicos abiertos y subliminales, para inducir una sesgada matriz de opinión. Campaña que, como es obvio, se proyecta a escala internacional de la manera más grosera, tratando de convertir al gobierno democrático de Hugo Chávez Frías en un régimen “forajido”, que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Mentiras que repetidas mil veces se convierten en “verdad” y causan confusión y desconcierto en sectores de la opinión pública internacional.

La verdad - la verdad absoluta- es que en Venezuela tenemos el Gobierno más democrático y respetuoso de los derechos humanos que jamás haya existido en nuestra historia. Asumo esta afirmación de manera responsable, dada mi condición no solamente de diplomático sino de estudioso de la historia política venezolana.

Se han activado contra el Gobierno constitucional tres paros nacionales, una huelga general indefinida, como la que actualmente se desarrolla. Se ha producido un Golpe de Estado; se han disuelto todas las instituciones del Estado de Derecho; se ha proscrito el nombre de la República Bolivariana de Venezuela; se ha detenido y secuestrado al Presidente legítimo; se ha desatado una campaña represiva y sanguinaria contra los partidarios del proyecto político que lidera Hugo Chávez Frías. Sus autores y responsables continúan abusando de las libertades que están totalmente vigentes en el país.

Y en estos momentos, Distinguidos Representantes y Alternos, están en pleno desarrollo planes desestabilizadores contra las instituciones democráticas, que incluyen -de nuevo- la puesta en escena de oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional que llaman al desconocimiento del Gobierno legítimo, e incluyen también, el desarrollo de acciones criminales de sabotaje a la industria petrolera nacional que representa, como se sabe, el corazón de la economía venezolana. De esa manera se causa un gravísimo daño al patrimonio público nacional, a sus activos e instalaciones de producción y al proceso de refinación, comercio local e internacional.

De llegar a materializarse los planes desestabilizadores se podrían generar, además, graves perturbaciones a las economías de países hermanos que utilizan significativos porcentajes de petróleo y productos energéticos venezolanos. Estos nefastos planes podrían también incidir negativamente sobre el mercado energético mundial. El Gobierno de Venezuela, en concierto con los otros países de la OPEP, han realizado denodados esfuerzos para mantener la estabilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional.

Y he de subrayar que todo esto ocurre mientras el Gobierno democrático mantiene la absoluta vigencia de los derechos humanos. No hay un solo preso político, un torturado, un desaparecido, un medio de comunicación clausurado, un partido inhabilitado. Reina, más bien -ya ha sido dicho- el pleno ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional; una de las más avanzadas del mundo cuya esencia estriba en la plena vigencia de los derechos humanos.

Muchos se confunden al creer que el gobierno, al asumir una conducta magnánima y tolerante, da muestras de debilidad. Totalmente incierto puesto que el respeto a los derechos humanos no es incompatible con el ejercicio de la autoridad, la cual ejerce nuestro Gobierno a plenitud.

Amigos y amigas: El Gobierno que preside Hugo Chávez Frías ha estado sometido a sistemáticos planes de desestabilización, que incluyen una campaña difamatoria contra la Fuerza Armada Nacional y el Plan Bolívar cívico-militar de emergencia y reconstrucción nacional. Ha encarado un golpe institucional mediante el cual Magistrados de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia intentaran escamotear la verdad. Sentenciaron que el 11 de abril no se produjo un Golpe de Estado - como lo reconoce la comunidad internacional- sino un “vacío institucional”, lo cual dio pie para que otros militares continuaran socavando el orden democrático y sus instituciones.

Militares activos, armados y uniformados llaman a la insurrección militar; a la desobediencia contra las autoridades legítimamente constituidas; al fomento del desorden y la anarquía en la ciudad de Caracas. Y están apostados día y noche desde hace más de dos meses en la Plaza Altamira, una de las más importantes de la capital del país, sin que el gobierno haya hecho absolutamente nada para sofocarlos, aunque dispone de los recursos de seguridad para hacerlo. Los militares golpistas se mantienen en esa plaza, incitando a los miembros de la Fuerza Armada Nacional para que derrumben el orden constitucional, exhortándoles a que violen el juramento militar y trasgredan los intereses sagrados de la patria.

La oposición ha intentado activar un referéndum consultivo, dándole carácter revocatorio quebrantando, de esta forma, las reglas del juego democrático consagradas en la Constitución Nacional. Celada política para engañar a sectores de la ciudadanía.

Se hacen irresponsables intentos de paralizar el abastecimiento de alimentos en el país. Se interrumpen importantes actividades en la industria petrolera nacional, afectando los volúmenes de producción y el suministro energético. Se dañan equipos e instalaciones como refinerías, sistemas de bombeo y sistemas eléctricos computarizados. Se secuestran buques pertenecientes al Estado venezolano e intenta bloquear el canal en el Lago de Maracaibo que da acceso al mar. Se intenta impedir que tanqueros de flotas extranjeras, que transportan petróleo venezolano, puedan desplazarse libremente.

Distinguidos Representantes Permanentes y Alternos. Están en ejecución planes terroristas para perturbar el funcionamiento de la economía nacional. Destruir la empresa petrolera es destruir el patrimonio público que los venezolanos hemos atesorado en los últimos 70 años de historia. Desafortunadamente, tenemos una economía mono productora y mono exportadora, que es una de las maldiciones del subdesarrollo venezolano. El Gobierno del Presidente Hugo Chávez se propone transformarla, para construir una economía libre, diversificada y auto suficiente, encarando así los desafíos de la reconstrucción nacional, en un país donde reine la paz, la justicia, la equidad y las libertades democráticas en forma plena.

Los principales medios de comunicación se han convertido en partidos políticos, que insurgen contra el orden constitucional. La libertad de expresión es un valor fundamental de la democracia, pero esa libertad debe servir para fomentar la verdad y no para trasgredirla lesionando las instituciones democráticas. La “información” que difunden busca preservar exclusivamente los intereses de los sectores económicos y políticos que representan, olvidando el interés común.

Luego del bochornoso episodio del golpe de abril, se instaló en Venezuela una ONG denominada “El Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela”, dedicado a analizar el rol de los medios de comunicación. El 10 de diciembre emitió un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional donde se revela que:

“A partir de la convocatoria del paro general, y especialmente en los últimos cinco días, los medios de comunicación del país, sobre todo las televisoras en Caracas, están difundiendo mensajes de abierta incitación a la intolerancia y a la violencia, buscando crear, mantener o profundizar en los ciudadanos, la predisposición de aceptar y participar activamente en una confrontación de consecuencias impredecibles.

La repetición frecuente de las imágenes sobre los trágicos hechos ocurridos en la Plaza Altamira, donde un ataque terrorista causo tres muertos y numerosos heridos, las declaraciones de algunos dirigentes de la oposición y las opiniones de ciertos periodistas, incitan al odio entre los venezolanos y propician la intolerancia. También se utiliza la imagen de niños para convocar a las acciones de violencia y se vincula esa imagen con la promoción de la disociación social.

La gran mayoría de los venezolanos, aún aquellos que asumen determinada posición política, no quiere la guerra. Pero esta mayoría no tiene acceso a los medios masivos. Sólo se da cabida a los dirigentes y a los activistas cuya opinión concuerda con la posición asumida por los directivos de esos medios y por algunos periodistas que están a su servicio.

La opinión de la mayoría debe prevalecer y los ciudadanos tienen el derecho de exigir a los medios el cumplimiento de su deber de informar equilibrada y pacíficamente. Pedimos la solidaridad de todos los organismos gremiales de los periodistas y de las organizaciones de los derechos humanos nacionales e internacionales, para que tomen iniciativas y fijen posición en esta situación de peligrosa manipulación mediática. Asimismo, exigimos de las autoridades el respeto de la labor que, dentro de su ejercicio profesional, realizan los reporteros.

Invitamos a los ciudadanos a desarrollar acciones pacificas -visitas y llamados a los medios y a los periodistas, por ejemplo- para exigirles que abandonen esa política editorial que amenaza nuestra paz social, y que contribuyan a que los problemas del país se solucionen de manera pacífica”.

La actuación del Gobierno Nacional, Distinguidos Representantes Permanentes y Alternos, ha estado enmarcada en el más pleno y absoluto respeto al Estado de Derecho. No ha recurrido al Estado de Excepción, como lo permite la Constitución de la República y como cualquier gobierno pudiera hacerlo en circunstancias parecidas. Y no ha recurrido al Estado de Excepción, entre otras razones, porque implicaría restringir algunas libertades.

La infinita tolerancia del Gobierno es aprovechada por algunos sectores de la oposición para cometer acciones vandálicas que perturban el normal funcionamiento de la sociedad. Se llega a los extremos de bloquear el suministro de alimentos a la población. De impedir el libre transito de los ciudadanos. De sabotear descaradamente el funcionamiento de la industria petrolera.

El Gobierno del Presidente Chávez, sin embargo, sigue esperando que estos infractores de la ley reflexionen sobre el daño que causan a su propio país. El Gobierno se ha rehusado a utilizar la represión contra ellos. Abominamos la represión. Muchos de los que hoy tenemos responsabilidades de gobierno hemos sufrido la persecución y la tortura. Hemos visto asesinar a nuestros compañeros. Hemos sufrido la represión en carne propia. Consideramos que los opositores políticos, aún con sus desvaríos, tienen derecho a expresar sus desacuerdos pero dentro del marco democrático.

Luego del 11 de abril el Gobierno tenía dos opciones: recurrir a una política de represión u optar por el diálogo. Como todos saben, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, inmediatamente después que fuera liberado por el pueblo y la Fuerza Armada Nacional, hizo una convocatoria al Diálogo Nacional, sin exclusiones. Convocatoria que fue apoyada por los Cancilleres de todos los países de la OEA, reunidos el 4 de junio de 2002 en Barbados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de ayer manifiesta preocupaciones que compartimos. De primordial importancia es la contribución que pueden hacer los medios de comunicación. El gobierno ha hecho reiterados llamados a la concordia y a la tolerancia, rechazando cualquier acto de violencia “venga de donde venga”. Debemos reforzar nuestras instituciones. Es un esfuerzo destinado a desarrollar todos los mecanismos que prevé la Constitución. El Gobierno Nacional ha planteado que se inicie, cuanto antes, el proceso para la relegitimación de las autoridades de los Poderes Públicos que aún están pendientes, como el Poder Nacional Electoral.

En cuanto a la condición deliberante de la Fuerza Armada quisiéramos decir que se sigue haciendo llamados a la desobediencia, distorsionando el espíritu del artículo 350 de la Constitución de la República.

Algunos amigos del Continente, con la mejor buena fe, han sugerido al Gobierno de Venezuela que recurra al Artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, para que la OEA active mecanismos excepcionales en defensa de la democracia venezolana. Queremos asegurar, sin embargo, que si bien es cierto que existen planes desestabilizadores, como lo hemos denunciado, no está en riesgo nuestro “proceso político institucional democrático”, ni el “legítimo ejercicio del poder” por parte del gobierno bolivariano.

Podemos proclamar ante el mundo que el pueblo de Venezuela respalda mayoritariamente al proceso de transformaciones democráticas y pacíficas que lidera Hugo Chávez Frías. Además, nuestra Fuerza Armada es profundamente democrática y está absolutamente consustanciada con los valores consagrados en la Constitución de la República. Ejerce el Gobierno democrático, entonces, control sobre los mecanismos claves de la gobernabilidad y la seguridad del Estado. Vigorosa es la oposición, ciertamente. El Gobierno considera que ésta es absolutamente indispensable para el ejercicio de la democracia. Por eso respeta sus derechos sin menoscabo alguno.

El Gobierno del presidente Hugo Chávez ha asumido el diálogo como una política de Estado. Desde el primer día de su mandato convocó a todos los sectores, sin exclusión alguna, a participar en la construcción del nuevo país. Diálogo verdadero con el concurso de amplios sectores nacionales y no sólo diálogo entre elites. Diálogo en función de implementar los contenidos justicieros, democráticos y libertarios estampados en el texto constitucional. Diálogo para superar las injusticias y alcanzar la equidad. Diálogo para superar la pobreza mediante políticas solidarias. La oposición, sin embargo, se negó a dialogar. La obstrucción de las políticas gubernamentales se convirtió en una constante. Manipulándose de manera cínica las expectativas de miles de personas, lanzó una confrontación fraticida: el Golpe de Estado del 11 de abril, que con tanta fuerza condenaran la comunidad internacional y la OEA.

A pesar del acto sedicioso, de la represión y violencia contra los partidarios del gobierno democrático, del intento de asesinar al Jefe de Estado por parte de los golpistas, el presidente Chávez retomó, con más fuerza, su convocatoria al diálogo. No recurrió a las retaliaciones y a la venganza. Clamó por la paz y la reconciliación nacional. De manera autocrítica admitió sus falencias y las de su Gobierno. Abogó por el perdón. Invitó a los venezolanos a relanzar el país por el camino del entendimiento. Los opositores no democráticos entendieron estos llamados como manifestación de debilidad. Continuaron, entonces, con sus propósitos desestabilizadores.

Debe saberse en el mundo. Nuestros amigos de este hemisferio deben saber, que en Venezuela existen elites políticas y económicas que pretenden seguir ostentando indebidos privilegios. Que quisieran seguir asaltando el erario público. Practicando las más condenables conductas antinacionales. Son las mismas elites que durante más de 40 años ocasionaron un colapso del país. Que se han apropiado indebidamente de la más fabulosa riqueza que nación alguna haya podido atesorar. Los petrodólares están en cuantiosas proporciones en las cuentas bancarias, que los corruptos más corruptos de la historia, tienen en el extranjero. Aprovecharon su larga estadía en el poder para tejer relaciones “non sanctas” con intereses internacionales. El diálogo que el Gobierno promueve es con los sectores honestos de la sociedad.

A los pocos días del golpe de abril, el Jefe de Estado creó mediante decreto la Comisión Presidencial para el Diálogo. Al frente de la cual ha estado el Vicepresidente Ejecutivo, doctor José Vicente Rangel; un paradigma en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. En los tiempos de la represión y la violencia contra la oposición él representó una de las pocas voces que valientemente denunció las torturas y los asesinatos políticos.

Después del Golpe de Estado el Presidente hizo nuevos llamados al diálogo y al entendimiento. Nuevas evasivas por parte de la oposición. En ese contexto, el Gobierno convino en la necesidad de solicitar la facilitación de tres instancias internacionales, para que contribuyeran a la aproximación entre el Gobierno y la oposición democrática. Por eso y, en ejercicio pleno de su soberanía, invitó al Secretario general de la OEA, al ex presidente Jimmy Carter, al Centro que él lidera y a la Organización de Naciones Unidas.

La Mesa de Negociación y Acuerdos es, por consecuencia, queridos amigos y amigas, hechura del Gobierno venezolano. Fruto de una estrategia consciente destinada a ganar para el diálogo a la oposición democrática. Los voceros de la oposición en la Mesa de Diálogo, sin embargo, están sometidos constantemente a la presión de la oposición golpista. La que no quiere el diálogo y, más bien, procura bloquearlo y sabotearlo.

El Gobierno ha denunciado que la oposición tiene un doble discurso. Una oposición habla de diálogo y elecciones. La otra, la golpista, fomenta planes desestabilizadores contra la democracia. En cierto modo, la Mesa de Diálogo sirve de fachada a la oposición golpista para comunicarse con la comunidad internacional aparentando que apoya la Mesa. Y la verdad es que, en la práctica, la sabotea.

La huelga indefinida que actualmente se ejecuta es contraria al diálogo. Contraria a la Mesa de Diálogo. Contraria a la democracia. Contraria al interés nacional. La huelga es un recurso legítimo de los trabajadores en Venezuela, para cuya ejecución se requiere cumplir con procedimientos establecidos en nuestra normativa legal. La huelga es para defender los derechos reivindicativos de los trabajadores, pero no puede ser utilizada para pretender derrocar un gobierno legítimo. La única vía para sustituir un Gobierno democrático, es la democrática. La alternabilidad republicana se logra por vías pacíficas, democráticas y constitucionales. No por golpes de estado. Tampoco por huelgas indefinidas de carácter subversivo y violento. Los agentes de la desestabilización en Venezuela intentan destruir lo más preciado de la economía: la industria petrolera. No les importa el costo que pudiera significar para el país sus aberrantes conductas.

La mayoría determinante de nuestro pueblo, mientras tanto, se moviliza pacíficamente a lo largo y ancho del país en defensa de la democracia. En defensa de la industria petrolera. En defensa del proyecto político que dirige Hugo Chávez Frías. Millones de seres humanos participan. Los medios de comunicación, sin embargo, no divulgan esas expresiones populares. El pueblo sencillo es denostado. Se le califica de chusma, de lúmpen, y se le endilga todo tipo de calificativos denigrantes. Se sataniza al pobre, al que apoya al Presidente Chávez, aunque sea de la clase media o alta. Se menosprecia a los millones de hombres y mujeres que viven en los barrios de nuestras principales ciudades. A los que marchan en contra del gobierno - que tienen por supuesto todo el derecho de hacer valer sus banderas- se les denomina “sociedad civil”. A los que respaldan al presidente Chávez, muchos de los cuales están organizados en Círculos Bolivarianos, se les llama miembros de los “círculos del terror”.

Así estamos en Venezuela. Por estas razones -y por otras más- el diálogo, la tolerancia, la equidad y la justicia son valores indispensables. Valores éticos fundamentales que deben ser reivindicados en el marco de una cultura democrática.

El Gobierno saluda la presencia de la oposición democrática en la Mesa de Diálogo, que actualmente facilita el Secretario General de la OEA, César Gaviria. Sea propicio el momento para reconocer su importante labor en Caracas.

Resulta importante tener en cuenta que en Venezuela hay una oposición no democrática que confunde oposición con conspiración. Que no quiere salidas democráticas y constitucionales. Que no quiere consultas electorales. Que se ha planteado derrocar el Gobierno democrático y constitucional a cualquier costo.

El Consejo Permanente debe respaldar las gestiones del Secretario General para que continúe impulsando el diálogo con miras a alcanzar un acuerdo electoral, compatible con la Constitución de la República. Debe ratificar, asimismo, su apoyo a la labor de facilitación que realizan el PNUD y el Centro Carter. Debe hacer un llamado, a quienes están sentados en la Mesa, para que contribuyan a canalizar las energías positivas de todo el país, hacia una direccionalidad democrática.

El Gobierno Nacional ha propuesto que se suscriba en la Mesa de Diálogo una “Declaración de Principios a Favor de la Paz y la Tolerancia en Venezuela”. En el texto bilateralmente elaborado se afirma que “el pueblo de Venezuela en su inmensa mayoría, clama por la paz y apuesta a que el país recorra los caminos de la democracia, con apego a la Constitución y a las leyes de la República”. Se exhorta a los partidarios del gobierno, como a quienes lo adversan a que procesen sus divergencias “por métodos pacíficos y democráticos”, ya que la violencia “practíquela quien la practique, no tiene ninguna justificación”. Desafortunadamente, los representantes de la oposición en la Mesa de Diálogo se han rehusado firmar esta Declaración. La explicación es muy simple. Hay una oposición no democrática y golpista que está determinando la agenda de la oposición. Los voceros democráticos de la oposición hablan de consulta electoral. Pero los voceros golpistas de la oposición instigan a derrumbar al Gobierno Constitucional, por vía de la fuerza y a través de un paro indefinido.

Tengo aquí una nota prensa del 11 de diciembre de un diario venezolano donde se dice que: “El Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, Carlos Ortega, junto con el Presidente de Fedecámaras y los miembros de la Coordinadora Democrática anunciaron la continuación del paro cívico nacional activo hasta lograr la renuncia del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías…”. Hoy mismo la prensa de Caracas nos trae noticias según las cuales la huelga durará, según voceros antidemocráticos incrustados en mandos gerenciales de la empresa petrolera nacional, “hasta que se vaya Chávez de la presidencia”. Y se llega al extremo, que no deja de ser ridículo y risible, de pretender formar un “gabinete de sombra”, al estilo británico.

El Consejo Permanente de la OEA - repito- debe apoyar la Mesa de Negociación y Acuerdos, como importante espacio para la búsqueda de alternativas democráticas y constitucionales. Pero debe, al mismo tiempo, rechazar de manera rotunda los planes desestabilizadores y golpistas de la oposición antidemocrática. Debe rechazar la agenda de guerra que quieren imponer al país los promotores del Golpe de Estado, que son los mismos protagonistas, por cierto, de los bochornosos hechos del 11 de abril. Ni siquiera los roles han cambiado. Los mismos jefes militares. Los mismos jefes civiles. Unos se encuentran en la Plaza Altamira de Caracas. Otros despachan desde las oficinas de la CTV y Fedecámaras.

Queremos denunciar ante ustedes, Distinguidos Representantes Permanentes y Alternos, que el plan desestabilizador intenta reeditar el mismo formato golpista del 11 de abril: Paro parcial convertido en huelga general. Militares activos que se pronuncian contra el Gobierno constitucional. Campaña mediática de carácter subversivo. Paralización de la industria petrolera, PDVSA. La diferencia es que ahora el rol protagónico de los militares golpistas está disminuido, ya que no tienen liderazgo ni cuentan con posiciones de mando en la institución armada lo cual les permitiría – si pudieran- provocar un sangriento alzamiento militar. En las actuales condiciones, el intento de paralizar la industria petrolera es la clave estratégica del plan desestabilizador. Hasta ahora han fracasado. El Gobierno, con el apoyo de la mayoría de los trabajadores petroleros y con el concurso de gerentes responsables y patrióticos, está garantizando el funcionamiento de la industria, con el objeto de atender los compromisos de suministro energético, no sólo en el mercado doméstico sino también internacional.

La solidaridad de la comunidad regional con Venezuela no se ha hecho esperar. En ese sentido agradecemos los pronunciamientos de la mayoría de los gobiernos e instancias de concertación que existen en el hemisferio, en favor de la democracia venezolana. Razón tienen en apoyar el diálogo, pero somos los propios venezolanos de talante democrático quienes encontraremos alternativas democráticas basadas en la Constitución.

Agradecemos el apoyo brindado al Gobierno venezolano por los países productores de petróleo agrupados en la OPEP. El día de ayer, 12 de diciembre, el doctor Rilwanu Lukman, Presidente de la Conferencia de la OPEP, dirigió una carta al presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, en nombre de todos sus colegas. Dice la misiva: “De parte de Sus Excelencias, los Ministros de Petróleo y Energía de los Países Miembros de la OPEP, escribo para comunicar nuestras expresiones de apoyo y solidaridad a Su Excelencia, su estimado Gobierno y al glorioso pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos todos profundamente preocupados por los reportes de las perturbaciones en Venezuela, que son la infamia de las acciones que han tomado unos pocos en un atroz intento por destruir su constitucional y legítimo gobierno”.

Seguros estamos que en esta hora ningún país amigo regateará el apoyo que debe brindarse a la democracia venezolana. Defender al gobierno democráticamente electo y legítimo del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, es más que una obligación. Es un imperativo político y ético de los países del Continente. Es un asunto de principios respaldar la democracia venezolana. Defender el derecho que tiene cualquiera de nuestros pueblos de transitar un camino democrático, debería estar fuera de toda consideración. Hoy Venezuela recorre ese camino.

Nuestro Gobierno reafirma su adhesión a los principios y valores consagrados en la Carta Democrática Interamericana. Democracia con aliento social. Democracia participativa como desarrollo superior de la democracia representativa. Combate a la pobreza, defensa de nuestra soberanía y autodeterminación. Son principios que guían nuestra acción política y estamos dispuestos a dar la vida por ellos. En esa perspectiva marcamos distancia frente al neoliberalismo. Democracia al estilo venezolano, esto es, de abolengo bolivariano es lo que queremos. Democracia al estilo venezolano de abolengo bolivariano, es lo que queremos. Democracia para la integración latinoamericana y caribeña.

En las actuales condiciones internacionales es perfectamente posible y necesario llevar adelante un proyecto democrático de aliento popular. Así lo creemos. Así lo proclamamos con fuerza de ley. Adelantar un proceso democrático de carácter justiciero. Democracia con justicia. Democracia con inclusión social. Esos son nuestros objetivos.

Los países democráticos del Continente tienen sus propias peculiaridades, las cuales emanan de sus tradiciones, bases sociológicas y proyectos políticos diversos que existen en el área. Unidad en la diversidad democrática, es lo que se demanda en los actuales momentos de la historia.

El Gobierno del Presidente Chávez no le teme a la consulta electoral por cuanto se considera asistido por el respaldo de la mayoría de los venezolanos. En tres años y medio ha promovido y respaldado siete consultas de carácter nacional. El Presidente, incluso, ha sido relegitimado en elecciones nacionales. Sin que existieran razones para ello. Dos veces fue electo presidente por votación popular, en un lapso de dos años. En ningún periodo de la historia nacional se había producido tantas elecciones en tan corto tiempo. La propia Constitución Nacional es el resultado de un referéndum, realizado también por primera vez en la historia venezolana. El Gobierno está consciente de que hay numerosos venezolanos que no comparten su proyecto político. Legítimo derecho tienen a estar en desacuerdo. La Constitución provee los mecanismos a través de los cuales los funcionarios públicos, surgidos del voto popular, pueden ser sustituidos en el ejercicio de sus funciones.

Consagra nuestra Carta Magna en su artículo 72 el Referéndum Revocatorio, según el cual: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”. De acuerdo con la norma constitucional, la revocatoria del mandato procede cuando haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria. Lo cual significa que desde un alcalde o concejal de nivel local, hasta el propio Presidente de la República, pueden ser sustituidos en el ejercicio de sus funciones, si se cumplen los requisitos de ley. Situación excepcional la de Venezuela. Prueba fehaciente de la democracia participativa. En ninguno de los países hermanos del hemisferio existe norma semejante. La mitad del periodo del Presidente Chávez se cumple en el próximo mes de agosto. Apenas a ocho meses estamos de esa fecha. ¿Por qué no esperar ese momento?. La mayoría del pueblo de Venezuela esperó más de 40 años para renovar a una clase política que había dado muestras de obsolescencia.

El Gobierno Nacional está dispuesto a considerar cualquier consulta electoral, siempre y cuando se inscriba en el texto constitucional. Y no aceptaremos. Dígalo quien lo diga. En cualquier lugar que quiera decirlo, formulas electorales que contradigan nuestra Carta Magna. Porque estamos dispuestos a dar la vida por la Constitución de la República, y sólo el pueblo será quien determine el rumbo de su Nación. Aspiramos que se encuentren fórmulas de entendimiento nacional en la Mesa de Diálogo.

El Gobierno asume su responsabilidad de conducir los asuntos nacionales, sin cortapisas. El Artículo Uno de la Carta Democrática Interamericana proclama: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Defender la democracia es una obligación ineludible de cualquier gobierno democrático. El nuestro, el que preside Hugo Chávez Frías, ha cumplido y cumplirá sin vacilaciones con esta responsabilidad.

Solicitamos el apoyo de la Comunidad Internacional, el apoyo de la OEA. Estamos seguros de que ese apoyo nos será brindado en esta coyuntura histórica. El Gobierno y el pueblo de Venezuela, entre tanto, están dispuestos a levantar las banderas de la democracia de raíz bolivariana con más firmeza que nunca.

Mis palabras finales son a favor de la paz, el entendimiento y la reconciliación de todos los venezolanos.

Expresa constancia tengo del amor que sentía por mi país un gran poeta. Un hermano. Un coterráneo conocido como “El Chino Valera Mora”. Permítaseme recordarlo evocando un vibrante poema suyo: Maravilloso País en Movimiento donde todo avanza o retrocede, donde el ayer es un impulso o una despedida.

Quien no te conozca dirá que eres una imposible querella.

Tantas veces escarnecido y siempre de pie con esa alegría.

Libre serás

Si los condenados no arriban a las playas hacia ellos irás como otros días.

Comienzo y creo en ti maravilloso país en movimiento

Muchas gracias Señor Presidente, Señores Representantes Permanentes y Alternos.