La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, informa a la opinión pública nacional e internacional que, desde el 18 de marzo de 2004, el Estado venezolano ha publicado sus Observaciones al Informe elaborado por la CIDH sobre los “Derechos Humanos en Venezuela”, disponible en el portal de esta Misión Diplomática http://www.venezuela-oas.org.

El Estado venezolano considera que -con este Informe- concluye una etapa caracterizada, en general, por el disenso entre el Estado y la CIDH. A partir de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Chile, cuatro de los siete miembros de esa Comisión fueron renovados. De suyo, el Informe abarca un período que no ha involucrado a los nuevos miembros de ese cuerpo, ya que las actividades de la renovada CIDH, se iniciaron en enero de este año.

Reiteramos nuestra complacencia por la nueva conformación de la CIDH, la cual, en este corto período de funcionamiento, ha demostrado receptividad a los planteamientos que han formulado los Estados, incluyendo el Estado venezolano. Esperamos que estas relaciones constructivas, caracterizadas por la transparencia y la objetividad, contribuyan al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.

Necesario es recordar las diversas resoluciones aprobadas por la OEA, en las cuales se establece la obligación de los Estados y de los órganos del sistema, en este caso de la CIDH, de observar un absoluto apego a los principios, normas y procedimientos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sus estatutos y reglamento.

El Informe de la CIDH evidencia la falta de imparcialidad que caracterizó la actuación de la mayoría de sus miembros. Anómala situación que fuera denunciada por el Estado venezolano en reiteradas oportunidades. Caso emblemático, el negarse a dictar medidas cautelares solicitadas para proteger la vida del Presidente Hugo Chávez Frías y sus colaboradores, a raíz del Golpe de Estado, en abril del 2002, cuando existía una situación de extrema gravedad y urgencia en el país: un Decreto fascista había disuelto todas las instituciones democráticas en el país y el Presidente legítimo se encontraba secuestrado.

En Comunicado que pasará a la historia de la ignominia, Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH, en vez de anunciar a la comunidad internacional que se habían aprobado las medidas cautelares solicitadas, se dirigió el 13 de abril de 2002 al “ilustrado gobierno” del golpista Pedro Carmona Estanga para que informara sobre la “situación del Señor Hugo Chávez”.

En los anales del sistema interamericano de los derechos humanos quedará registrada, de manera indeleble, la forma en que los autores del Decreto golpista se beneficiaron de sus estrechos vínculos con miembros de la CIDH.

Dable es señalar, por otra parte, que la metodología utilizada por la CIDH para elaborar el Informe, privilegió información proporcionada por factores políticos de la oposición y sectores de la autodenominada sociedad civil que propiciaron el golpe de Estado en Venezuela. La información suministrada por el Estado venezolano, por el contrario, fue totalmente desestimada.

Con respecto al Informe de la CIDH también debemos recordar un antecedente relevante. Eduardo Bertoni, Relator de Libertad de Expresión, expresó a un medio impreso venezolano, en mayo de 2002, que el informe definitivo de la CIDH –que ahora ha sido publicado- no sufriría cambios. En otras palabras, se estaba denegando, con antelación, el derecho que tiene el Estado venezolano a su legítima defensa.

La CIDH aborda en su Informe una serie de temas de orden interno que, según lo establecido en las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no forman parte de sus competencias. De suyo, demostró un escaso conocimiento del novedoso sistema político democrático vigente en Venezuela.

El Informe elaborado por la CIDH fue posible gracias a la invitación que, personalmente, formulara el Presidente Hugo Chávez Frías a sus miembros, en ocasión a su visita a Washington DC, en diciembre de 1999. Los gobiernos anteriores, en cambio, jamás aceptaron que la CIDH realizara una visita in loco a Venezuela, a pesar de las evidentes y sistemáticas violaciones cometidas contra los derechos humanos. En ese sentido, pertinente es recordar las célebres masacres de El Amparo y el Caracazo.

Washington, 19 de marzo de 2004