• El presente es un adelanto del informe -de próxima publicación- “El Mapa del Voto Cautivo en la Argentina” realizado por Gustavo Lazzari y Martín Simonetta, directores de la Fundación Atlas. El mismo tiene por objeto mostrar la relevancia cuantitativa del empleo público directo e indirecto sobre los resultados electorales en los diferentes distritos del país.

• El concepto de “voto cautivo” ha sido desarrollado a fin de medir cuánto representan los sectores dependientes del gasto público de un determinado distrito electoral sobre el total de votantes positivos. A efectos del presente estudio se han considero los empleados públicos provinciales y municipales y los beneficiarios de los planes jefas y jefes de hogar, lo cual excluye otro tipo de planes y beneficios sociales existentes, tal como es el caso del Plan de Seguridad Alimentaria.

• La mensura del caudal electoral que constituye el “voto cautivo” apunta justipreciar apenas una de las diversas formas en la que los recursos públicos son utilizados como activos electorales, constituyendo uno de los pilares centrales para el desarrollo de “aparatos partidarios” y la perpetuación de caudillismos políticos fuertemente arraigados.

• Con el caballo del comisario. El voluminoso caudal electoral movilizado por el voto cautivo genera fuertes distorsiones en el mercado político, especialmente desde el punto de vista del financiamiento de los diferentes competidores, que dificulta fuertemente la ruptura del statu quo.

• A modo de ejemplo señalamos cómo la inexistencia de un sistema de voto electrónico potencia la funcionalidad del voto cautivo, “inclinando la cancha” en favor de aquellos competidores que cuentan con una mayor capacidad de movilización de personas para la fiscalización electoral, lo cuales frecuentemente son empleados municipales, provinciales y, más recientemente, beneficiarios de planes sociales.

• El pago de favores y recompensas con recursos públicos constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas en la Argentina actual, tanto en tiempos electorales como no electorales, y la consecuencia necesaria es el necesario crecimiento del gasto público, en un círculo vicioso de creciente voracidad.

• Si esto sucediera en otro mercado, estaríamos hanblando de una claro caso de “competencia desleal” entre los diferenes competidores electorales, ya que algunos de ellos corren “con el caballo del comisario” mediante la utilización de financiamiento público.

• Las provincias más cautivas. La provincia de Formosa lidera el ranking con un voto cautivo cercano al 43% del total de votantes positivos. La siguen de cerca Catamarca (39,2%), Jujuy (35,6%), La Rioja (33,9%), Chaco (32,2%), Santiago del Estero (26,9%) y Santa Cruz (25,5%), siendo el promedio nacional 17,4%.

• Si clasificamos a las 24 jurisdicciones de la Argentina en tres grupos de acuerdo al nivel de voto cautivo, observamos que 5 se encuentran en la franja entre 30% y 45%, 17 entre 15% y 29,9% y 2% con menos de 14,9%.

• En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires cuenta con el 34% de los votantes cautivos totales del país, esto es 1.2 millones sobre 3.5 millones de personas, como se detalla en el anexo I. Muy a la distancia, la sigue Santa Fe con 297.665 personas (apenas una cuarta parte del volumen de Buenos Aires), Córdoba (225.726), Catamarca (161.660), Capital Federal (155.487) y Tucumán (142.851).

• Incidencia del los Planes Jefes y Jefas sobre el Voto Cautivo Total. Dentro del voto cautivo, la incidencia de los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados es sustancial, llegando en provincias como Chaco al 68% del voto cautivo total. La siguen Jujuy (60%), Corrientes (59%), Salta (59%), Formosa (58%), Buenos Aires (56%), entre otras. Un indicador de la relevancia política de los planes JyJ es que en 12 de 24 provincias, representan más del 50% del voto cautivo total.

• La creación del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en abri del 2002 (Decreto N° 565/02) signifó una sustancial ampliación de los votantes cautivos en la Argentina, alcanzando casi los 2 millones de beneficiarios.

• De acuerdo a la citada normativa, su ejecución es descentralizada a través de las Municipalidades y Comunas, en cooperación con el Consejo Consultivo Municipal correspondiente, aunque el control ciudaadano en este proceso ha sido fuertemente cuestionado. A modo de ejemplo, la SIGEN realizó en septiembre de 2002 una Auditoría referente a la situación y el control de los Planes Jefes y Jefas de Hogar en 13 provincias tendiente a evaluar el funcionamiento de los Consejos Consultivos, . En dicho informe se estableció que en la mayoría de las provincias no se instrumentaron canales o medios que permitieran un intercambio fluido de información entre el Consejo Consultivo Provincial y la población-objetivo. Lo mismo ha sucedido en el caso de otras evaluaciones como la de la CONAEYC, la cual ya en julio de 2002, halló importantes falencias en la conformación de los Consejos Consultivos.

• En este mismo sentido, se encuadra la renuncia de Eugenio Borrás, director ejecutivo designado por Caritas en el Consejo Consultivo Nacional, quien aludió a la falta de colaboración de la provincias, los municipios y del Ministerio del Trabajo en lo que hace al control en la ayuda social. El renunciante reportó una "preocupante ausencia" de mecanismos de control para el cumplimiento del decreto 565/02, agregando que el órgano que presidía "carecía de razón de ser", ya que no ejercía ningún tipo de control sobre el manejo y la transparencia de los planes sociales.

• Los 1.7 millones de beneficiarios de los Planes JyJ de hogar (abril 2004) representan un 46% de la masa total de votantes cautivos. Este dato nos habla no sólo del rol sustancial que los Planes JyJ juegan en la política así como los altos costos políticos de desmantelamiento.

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