Amnistía Internacional está preocupada por el elevado número de heridos y detenidos, incluidos casos de menores de edad, en el contexto de las protestas iniciadas el 27 de mayo, a favor y en contra de la decisión gubernamental de no renovar la concesión de transmisión a RCTV.

Según informes, durante las manifestaciones de estudiantes se habrían producido enfrentamientos violentos entre funcionarios de cuerpos encargados del orden y manifestantes, además de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de algunos funcionarios de la policía. El resultado habría sido un número indeterminado de civiles heridos, entre ellos menores de edad, así como al menos 11 efectivos de la Policía Metropolitana heridos, cuatro de la Policía de Miranda y cuatro de la Policía de Mérida; además, cuatro oficiales de la Policía de Chacao habrían sido asaltados y despojados de sus armas en un sector de Caracas.

Según informes gubernamentales, hasta el 29 de mayo habrían sido detenidas un total de 182 personas, entre los que se encontrarían 107 menores, habiendo sido ya liberadas con medidas cautelares, unas 56 personas, entre ellas siete menores.

Amnistía Internacional reconoce el deber de las autoridades de mantener la seguridad y el orden público. Al mismo tiempo, insta a las autoridades a que se aseguren que los cuerpos policiales bajo su mando hagan uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcional.

Por su parte, los manifestantes deben ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación sin recurrir a la violencia.

Toda denuncia tanto sobre uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de Cuerpos de Seguridad, como por actos violentos por los manifestantes, debe ser debida y rápidamente investigada de forma independiente e imparcial.

Asimismo, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a que instruya a las autoridades policiales nacionales, estadales y municipales de Venezuela, que cuentan con sitios de privación de libertad, que tengan especial atención a los menores que puedan estar retenidos o detenidos. Estos deben ser detenidos de acuerdo a las normas internacionales en la materia.

En particular la organización insta a garantizar condiciones adecuadas de detención para estos niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta sus necesidades y situaciones concretas que exijan su edad, sexo y tipo de delito que se le pretende imputar, garantizando su integridad física y mental, y su separación de los reclusos adultos. Así como a garantizar el acceso permanente de estas niñas, niños y adolescentes a sus familiares, representantes y defensores, así como a atención médica que necesiten.

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