REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tiene conocimiento de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de suspender la asistencia militar a los países que para el 1 de julio no hubiesen suscrito un acuerdo bilateral que exima de la obligación de entregar a los ciudadanos norteamericanos a la Corte Penal Internacional, acusados de delitos atroces contra la humanidad que en la práctica se traduciría en inmunidad de jurisdicción a los nacionales de ese país.

La finalidad del Tratado que crea la Corte Penal Internacional es el de juzgar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, por ello el Gobierno nacional considera que la propuesta de los Estados Unidos es contraria al espíritu y letra del Estatuto de Roma, y es violatoria de varios instrumentos que el derecho internacional ha consagrado en el marco del elevado propósito de hacer respetar los Derechos Humanos, reconocidos como un valor fundamental.

También sostenemos que la forma compulsiva con la que se ha pretendido imponer el acuerdo, atenta contra el principio de la igualdad jurídica de los Estados y del debido respeto, base fundamental para el relacionamiento sano en la comunidad internacional.

Por tales razones el Gobierno de Venezuela, en coherencia plena con el mandato constitucional, no aceptó en ningún momento negociar un instrumento de tal naturaleza, tanto por su contenido como por el método de negociación pretendido.

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica su voluntad de mantener las relaciones de cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países.

Caracas, 3 de julio de 2003