De cumplirse lo anunciado por el presidente del Perú en su más reciente alocución, cuando hizo saber que convocaría a elecciones generales en el más breve plazo, en las cuales él no participaría, no hay duda que tal acción política habría que calificarla como un “fujimorazo al revés”. No otra expresión cabría usar tomando en cuenta que, después de más de ocho años (abril, 1992) de régimen autoritario, se estarían dando pasos para la recuperación de la institucionalidad democrática, quebrantada y violada a raíz del autogolpe de estado que encabezó Alberto Fujimori en connivencia con las fuerzas armadas peruanas. Por cierto que en aquella oportunidad, el único gobierno del hemisferio que manifestó su repudio a los infortunados acontecimientos peruanos mediante un gesto concreto, fue el de nuestro país que, sin tardanza alguna, promovió en el seno de la OEA una acción colectiva condenatoria de lo sucedido en la nación hermana, la cual por carencia del suficiente respaldo, no se extendió hasta la ruptura de relaciones diplomáticas como era el objetivo final de la propuesta venezolana, conducta que, en definitiva, asumió en solitario nuestro gobierno.
Es alentador lo que está sucediendo en Perú y de ninguna manera lamentable, como fue la curiosa reacción exteriorizada por el presidente de Venezuela a través de su programa radial, postura extrañamente complementada por el titular de la Cancillería venezolana al asignarle un significado “ético” al comportamiento del mandatario peruano, expresión que no se entiende si se toma en cuenta la existencia de suficientes elementos contrarios a la más elemental moral política, que han sido algunas de las características sobresalientes del actual régimen del Perú, acentuadas a partir del propósito del presidente Fujimori de aspirar a una segunda reelección “contra viento y marea”, como efectivamente ocurrió, elecciones fraudulentas de por medio.
Ahora se inicia el proceso que no se dio en 1992. Ahora la OEA, dotada apropiadamente de recursos suficientes, a través de sus políticas institucionales, para promover el establecimiento y defensa de la democracia en el hemisferio, está en capacidad de cumplir un rol importante en este período de innegable trascendencia para la nación peruana y, por supuesto, para todo el continente, atento como lo está a la recuperación democrática de un país que, hasta ahora, ha estado sometido a un régimen autoritario y militarista.
Pero será a los peruanos a quienes corresponda la decisión suprema de recuperar para su país la institucionalidad democrática perdida. En ese propósito la solidaridad hemisférica es fundamental, sobre todo para observar y vigilar de cerca el desarrollo de los acontecimientos, con el debido respeto a los indeclinables principios de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos que, entre otros, constituyen sostén esencial del derecho internacional americano.
Los días entrantes, a no dudar, serán pródigos en hechos que servirán para poner a prueba la conducta del régimen y los contenidos reales del compromiso que ha adquirido con la sociedad peruana, la cual, en la medida que actúe unitaria y sólidamente para alcanzar objetivos políticos definidos podrá insertarse, de vuelta, en el proceso democratizador integral, interrumpido por el desgraciado “fujimorazo” de 1992 que, ojalá, pase a ser solamente un funesto recuerdo en la memoria colectiva de la nación peruana y en la de todos quienes mantenemos indeclinables convicciones democráticas.
