Washington (AIPE)- Los ecuatorianos demostraron en las urnas que quieren cambios radicales. Sin embargo, reemplazar la constitución no es tan radical ni revolucionario.

Cambiar constituciones en Ecuador no es inusual, ya que la próxima sería la constitución número 21. Tampoco es algo nuevo en Latinoamérica, donde el número promedio de constituciones es de 20 por país. El abogado y escritor peruano Enrique Ghersi afirma que las constituciones latinoamericanas nunca han reflejado a la sociedad, sino a los gobernantes de turno. En Latinoamérica, añade, “las constituciones no son un límite al poder, sino su reflejo”.

Entre 1830 y 2006, luego de 20 constituciones, en Ecuador solamente 18 de 84 gobernantes han concluido “normalmente” su periodo constitucional de cuatro años; esto incluye a presidentes constitucionales y juntas o dictaduras militares. Cuando se cambian los gobernantes y las reglas del juego a diestra y siniestra, ningún gobernador logra avanzar su agenda política, sea mala o buena. Para lo que sí ha servido cada constitución nueva es para fijar temporalmente los privilegios de determinados grupos de presión política que dicen representar al pueblo.

Ecuador ya no está para experimentos radicales. En Venezuela, la asamblea constituyente resultó en una constitución verdaderamente bolivariana, esto es, en una constitución como las que le gustaban a Bolívar, a la medida del gobernante. En Bolivia, la constituyente ha resultado en que la hostilidad entre las regiones se inflame hasta tal punto que los gobernadores de 6 de sus 9 departamentos han roto relaciones con el gobierno y amenazan con no reconocer el producto de la constituyente.

¿Qué nos hace pensar que la constitución número 21 de Ecuador sí será la ideal? Y si fuera, ¿qué nos hace pensar que los grupos en el poder la respetarán? No pretendo juzgar el carácter moral del presidente electo ni de los potenciales asambleístas. Pero sí pienso que seríamos muy ingenuos en creer que una nueva constitución cambiará el comportamiento de nuestra clase política.

Si queremos cambios reales y no meramente constitucionales deberíamos apuntar a cambiar los incentivos a los que están expuestos los ciudadanos, los burócratas y sobre todo, nuestros líderes políticos. Gustavo Coronel, anterior representante de Transparencia Internacional en Venezuela y autor de un reciente estudio del Cato Institute que expone la corrupción sin precedentes en la Venezuela de Chávez, establece que la corrupción explota cuando hay oportunidades, motivos e impunidad para el comportamiento corrupto. Coronel señala que la Asamblea Constituyente de Venezuela fue “un golpe de estado progresivo que terminó con todas las instituciones políticas venezolanas bajo el control del gobierno y eliminó todos los equilibrios y contrapesos efectivos”.

Los peligros de una asamblea constituyente problemática son grandes como lo demuestran Venezuela y Bolivia. Pero las potenciales ganancias de no lo son, como lo demuestran las anteriores 20 constituciones ecuatorianas. No arriesguemos mucho por poco; mejor consideremos otras opciones.

Hernán Pérez Loose indicó en el diario ecuatoriano El Universo hace poco que las propuestas de Alianza PAIS, el partido del Presidente Electo, son prácticamente idénticas a las del proyecto de reformas constitucionales que Gustavo Noboa presentó anteriormente al Congreso. Aunque este paquete de reformas no es ideal, por lo menos es menos riesgoso y más ágil que una constituyente. El Congreso pudiera aprobar rápidamente ese paquete de enmiendas y luego podría someterlo a un plebiscito, donde los ecuatorianos decidiríamos si queremos o no esos cambios.

El presidente electo ganó prometiéndoles a los ecuatorianos cambios radicales en la política del país. El podría lograr verdaderos cambios reduciendo las trabas a los negocios, flexibilizando el mercado laboral y haciendo cada vez más pequeño el “botín político”. Después de todo, la gente responde a incentivos, no a lo que un papel diga.

___* Analista ecuatoriana, editora de ElCato.org (www.elcato.org) ©

AIPE