Gran parte de la ciudadanía no logra entender el motivo por el cual el gobierno ejercita una sañuda confrontación con los departamentos del oriente y sur del país. Con preocupación observa el que prevalezca un peligroso estado de polarización regional, jamás registrado en los anales de la historia boliviana.

La patética y pública animadversión del presidente Morales hacia ciudadanos que habitan en departamentos que optaron por el sistema autonómico, carece de justificativo. Estos reivindican una visión de país no coincidente con el modelo colectivista que el gobierno tiene definido aplicar; un ensayo comunista de corte indigenista basado en el fortalecimiento de formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino. Lejos, por supuesto, de los razonamientos formulados por la renovada ideología socialista.

Con esta posición, el primer mandatario ha venido proclamando que es inevitable el surgimiento de un nuevo orden social basado en la identidad indígena, de modo que lo que no pertenece al mundo aymara carece de legitimidad y si desea convivir con el nuevo estamento deberá necesariamente subordinarse a él, tal cual ha sucedido con los quechuas. De lo que se trata es de privilegiar la identidad cultural aymara en menoscabo de la razón de ser y existir de otras culturas.

En la conformación de esta nueva sociedad, ideada por antropólogos, etnólogos y sociólogos de varias ONG’s junto a dirigentes de la izquierda radical y la corriente indigenista del gobierno, no han sido contemplados los mestizos y blancoides. La tesis que se esgrime es que ya tuvieron su oportunidad y hoy les corresponde a los indígenas. En este sentido el gobierno afirma que así como la minería dio origen a la burguesía minero-feudal, la nueva burguesía se construirá a partir de lo indígena, utilizando para ello recursos económicos provenientes de los hidrocarburos.

Dentro de la estrategia de erradicación del contexto social de los blancoides, mestizos y otras etnias, a más de las recomendaciones del ministro Patzi en sentido que ‘el gobierno deber usar la procreación para cambiar los efectos perniciosos de la colonización, para lo cual las mujeres indígenas deben continuar teniendo entre cinco y ocho hijos de modo que la minoría blanca del país, con sus ideas europeas, pase a ser irrelevante’; se tiene programado el traslado de comunidades del occidente hacia el oriente del país, que con la repartición de tierras y su colectivización, terminarán por destruir el sistema productivo así como las costumbres y tradiciones de los lugareños. Ello no sólo constituye un elemento táctico de dominación, sino que desde el punto de vista político, bajo el criterio de quitar recursos económicos al sector empresarial y a la clase media, se pretende disminuir sus posibilidades de retorno al poder.

El propósito del MAS se inscribe en la ‘andinomanía’. Una actitud de dominación indigenista, sectaria y excluyente dirigida a imponer la cultura andina y estimular el centralismo administrativo con una visión exclusivamente racista. Con este objetivo el gobierno viene utilizando como pivote de articulación comunitaria, ideológica y política, el apego a la identidad étnica. En estas circunstancias el ‘mito y la utopía’, desplazan momentáneamente a la ideología. Esta política de Estado es resistida por los habitantes de los departamentos que han desarrollado una sociedad moderna y un sistema económico distinto al propuesto, de modo que el desconocimiento al derecho a ser diferentes, podría provocar una guerra civil con la consiguiente fragmentación de la unidad nacional.

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Todo sobre nuestro columnista: Jorge Landívar Roca