Ninguna de las organizaciones internacionales o regionales tales como la ONU, OEA, Mercosur, UNASUR, ALBA, SICA, Grupo de Rio, u otro, podrá obligar en conjunto, al pueblo hondureño, utilizando la fuerza u otro medio de presión, a restituir en la presidencia al depuesto presidente José Manuel Zelaya.

La razón es muy sencilla, la mayoría del pueblo democrático hondureño, esta volcado a las calles, rechazando a Zelaya, está de acuerdo con su destitución, por considerarla legal y correcta, y apoya al nuevo presidente. En consecuencia, dudo, que estas resoluciones, condenas y penalizaciones que se pretenden implantar en contra del gobierno de Roberto Micheletti, que en mi opinión, gracias a Dios, no procederán ni prosperarán.

Es evidente, que la rapidez con que estas organizaciones están actuando, sin analizar a fondo en forma correcta e imparcial la situación de Honduras, ni permitir al nuevo gobierno que exponga sus argumentaciones en su defensa, dejan mucho que pensar, y pareciera ser que no son para nada en defensa de la democracia, sino en solidaridad con las mafias políticas ultra izquierdistas que se han enquistado en estas organizaciones.

La angustia que reflejan en sus caras los presidentes o funcionarios que están detrás de estas resoluciones, son indicativas de que pretenden cometer un exabrupto jurídico - político, en contra del pueblo hondureño, que pudiera terminar en una guerra civil, alimentada por estos nuevos actores de la “democracia participativa y protagónica”, nombre que el comunismo le da a la democracia.

Existen además derechos del nuevo gobierno, y de los hondureños mismos, según los cuales no se debe inferir en sus propias decisiones, por ese conocido principio y argumento de auto determinación de los pueblos. Tampoco se puede invadir militarmente a Honduras por ninguna de estas organizaciones, debido a que hasta la fecha al nuevo gobierno no le han imputado genocidios, ni crímenes, ni maltratos masivos que violen los derechos humanos, como consecuencia de los actos de fuerza ejecutados. Por otra parte, al nuevo gobierno no se le ha oído oficialmente defender su posición, por parte de las organizaciones a quienes corresponde tratar el problema.

Finalmente, si el porcentaje de hondureños que actualmente rechaza a Zelaya, que apoya a la constitución y apoya al nuevo gobierno, según las encuestas que han asomado por CNN, están entre el 80% y el 90%, ¿que pueden hacer las organizaciones para justificar, argumentar e insistir en las condenas y sanciones económicas y políticas en contra del gobierno actual de Honduras? Ante una situación inédita como la que se han presentado en Honduras, para su solución, siempre priva la sensatez y la prudencia al actuar, razón por la que pienso, que al final tendrá que darse una negociación diplomática y política, donde las partes hondureñas en disputa, acuerden una solución equilibrada, sobre la cual, solo los hondureños deben decidir. Es evidente, que el pueblo hondureño tiene argumentaciones legítimas como para exigir, que les dejen a ellos resolver sus conflictos, por si solos. Fin.

gzurga74@gmail.com

Todo en Analítica sobre: Honduras