Caracas, Jueves, 17 de abril de 2014

Sección: Internacionales

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Observadores electorales: ¿convidados de piedra?

María Teresa Romero

Lunes, 3 de julio de 2000

Causa curiosidad la insistencia de nuestro canciller José Vicente Rangel en la OEA en relación a la necesidad de limitar el papel de las misiones de observadores internacionales en períodos electorales. Ya antes, en Windsor, Canadá, durante el XXX Período Ordinario de Sesiones de ese organismo, logró que el tema se incluyera en la agenda del evento. Pero ahora fué más allá y remitió una propuesta para reglamentar jurídicamente esas misiones electorales, cuyo papel quedaría limitado a los aspectos organizativos y de procedimientos en los comicios. Según Rangel, un observador no debería tener protagonismo público, ni opinar, cuestionar o criticar públicamente los procesos electorales, sino “simplemente observar y hacer los planteamientos del caso a las autoridades del país”.

Es cierto que las funciones de observación electoral no están jurídicamente reglamentadas ni en la ONU ni en la OEA, aunque sí existe un consenso relativo en la comunidad internacional sobre la importancia y líneas de actuación general de estas misiones, líneas que se encuentran recogidas tanto en los manuales de dichas organizaciones como en el llamado "Código de Conducta para una Observación Electoral ética y profesional", por el cual se rigen la mayoría de las misiones públicas y privadas de observación electoral (ver la página Web del Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA). Allí se especifican varios tipos y funciones del proceso de observación electoral internacional –según el mandato explícito que le otorgue el país que invita a la misión de observación- entre las que se encuentran las actividades de “observación”, "supervisión" y "vigilancia" que -por cierto- tienden a confundirse porque las tres actividades se basan en la recopilación de información referente al proceso electoral y en la formación de juicios sobre la conducta del proceso a partir de la información obtenida. Por lo tanto, el canciller Rangel tiene en cierta forma razón al solicitar que se fijen unas normas de actuación más claras.

Ahora bien, ¿por qué es ahora –y no antes- cuando el gobierno venezolano insiste en ello y, por otra parte, por qué solicita la limitación de sus funciones pretendiendo convertir a los observadores internacionales en una especie de “convidados de piedra” en las diversas elecciones latinoamericanas y en la venezolana en particular?.

Hasta principios del pasado mes de mayo del presente año, ningún representante de la administración Chávez había cuestionado el papel de los observadores, ni había puesto de manifiesto su preocupación –como ahora lo hace Rangel- por las “consecuencias catastróficas” (tales como el aumento de la conflictividad social y la disminución en la transparencia de los procesos electorales) que esas misiones pueden acarrear en los países donde actúan. Por el contrario, cuando a principios del mes de mayo el candidato Arias Cárdenas cuestionó la función de los observadores internacionales en la megaelección venezolana, el propio Canciller Rangel salió a la defensa de éstos advirtiendo -en un evento ante el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela- que dichas misiones no se encontraban en el país haciendo “turismo electoral” ya que “hemos abierto las puertas a cualquier tipo de supervisión”. Incluso, en esa oportunidad Rangel expresó que “ustedes como diplomáticos tienen pleno derecho de participar en la vigilancia y control, del proceso electoral” (El Universal, 10.05.2000) con lo cual les otorgaba un papel más prominente del de simples observadores, ya que según el Código de Observación Electoral mencionado, un supervisor o un funcionario de vigilancia tiene más autoridad que un observador al involucrarlos en el proceso mismo de gestión electoral.

Sin embargo, no fue sino a partir del contundente y valiente papel jugado por las misiones de observación de la OEA y el Centro Carter en el proceso electoral peruano que puso en evidencia el fraude que fraguaba el presidente Fujimori, y luego que dichas misiones se pronunciaron en el caso venezolano – y por cierto con gran prudencia y discreción y sin disminuir en ningún momento su imparcialidad ni atentar contra la soberanía nacional como bien lo apuntaron públicamente un grupo de ex-cancilleres venezolanos-, que el canciller Rangel empezó a cuestionarlas y a manifestar que esas misiones debían ser sometida a revisión y aclaración de sus funciones porque violaban el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Por otro lado, no se entiende por qué el Canciller Rangel, otrora adalid de la libertad de expresión y protagonista sin igual en la utilización (y hasta abuso) del recurso de la critica, el cuestionamiento y la denuncia pública, pretende ahora prácticamente silenciar a unas misiones de observadores que por primera vez en la historia de los comicios regionales están teniendo un papel activo al hacer del dominio público sus observaciones y recomendaciones y actuando, aunque se diga lo contrario, bajo los principios de "objetividad, neutralidad, respeto a las leyes del país y el reconocimiento de que la misión de observación electoral no sustituye a ninguno de los actores nacionales del proceso electoral" (ver manual de la OEA).

En un momento en que la soberanía de los estados, entendida en su sentido básico, sufre una redefinición y avance positivo en el Derecho Internacional motivados por las fuerzas desatadas por la globalización, la trasnacionalización y la integración y, a la vez, en un tiempo en que se observan serios retos y problemas para la práctica efectiva de la democracia, en particular en los procesos electorales, no se concibe que el gobierno venezolano esté tratando con tanto ahínco de limitar los mecanismos de vigilancia y control (que no de intervención) con los cuales dispone la comunidad interamericana. En particular, resulta incomprensible esa insistencia de nuestro actual gobierno de restringir a las misiones de observadores electorales precisamente cuando éstas están produciendo un impacto positivo en los pueblos latinoamericanos porque es innegable que la ciudadanía vota más tranquilamente al ver que allí hay personas (nacionales y extranjeras) que están velando por la transparencia del proceso y que en muchos casos evitan que se cometan fraudes e irregularidades.

Entonces, ¿a qué le teme Rangel y el presidente Chávez?. ¿A una posible deslegitimación internacional del próximo proceso electoral y hasta del régimen de “democracia revolucionaria” que vienen desarrollando?. Quien no la debe no la teme, dice el dicho popular.

María Teresa Romero en La BitBlioteca

Profesora de la Escuela de Estudios Internacionales, UCV. Directora de Venezuela Analitica. Email: mteresa@analitica.com

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