De nuevo el movimiento estudiantil venezolano intenta que la OEA ponga sus ojos en Venezuela. Varios de sus integrantes han decidido ir a la huelga de hambre para presionar por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El régimen chavista se ha negado a recibirla poniendo como excusa motivos fútiles. Ha dicho que mientras su secretario sea Santiago Cantón no permitirá el ingreso de la Comisión al país.

Que varios jóvenes pongan en riesgo su vida habla de su arrojo pero también del desmantelamiento de las instituciones en Venezuela. En un país normal, con un sistema judicial decente, la juventud no debería tomar estas acciones extremas que, probablemente, deje secuelas irreversibles para la salud de sus integrantes huelguistas.

Es indignante que estudiantes universitarios hayan tenido que tomar esta acción desesperada mientras la revolución muestra su verdadera cara. Esta misma semana se ha desvelado la trama de un boliburgués, proveedor favorito de la red Mercal, cuyos inflados contratos le han convertido en próspero banquero en apenas diez años. La justicia aquí también ha actuado con rémora. Hace tiempo que se venía denunciando el proceder del ahora preso y los organismos fiscalizadores no actuaban. Tuvo que haber una orden del caudillo (gracias a las intrigas palaciegas) para que se movieran.

Y es que todos los poderes públicos se mueven al ritmo que les toca Chávez. Para la Defensora del Pueblo, en Venezuela los derechos humanos son respetados más que en Suiza o en Suecia. No tenemos nada que envidiar a los países más democráticos. Según la ex diputada oficialista aquí no hay presos políticos ni exiliados por sus ideas ni tampoco ciudadanos discriminados por solicitar un referendo revocatorio para el Presidente.

Pero sabemos que hay más de treinta detenidos por razones políticas. Muchos de ellos son objeto de tortura pues están detenidos en la sede de la policía política, Disip, en calabozos de menos de 6 metros cuadrados, donde sólo pueden ver la luz una vez a la semana. Entre los presos políticos está el prefecto de Caracas y presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, por defender a un agente policial, según se puede apreciar en un video. Pero ya la Fiscal General dijo que había cometido un delito y promovió que sea juzgado en prisión. Mientras tanto la líder de los chavistas Lina Ron será juzgada en libertad por su invasión (incluyendo lesiones a los vigilantes) al canal independiente Globovisión.

El señor Insulza debe tomar nota -en serio- de la valiente huelga estudiantil y así tendrá una oportunidad de oro para recuperar algo del prestigio perdido por su bochornosa actuación en la crisis hondureña. La OEA no es sólo un club de presidentes, también tiene entre sus fines la defensa de la democracia y los derechos humanos de todos los ciudadanos americanos.

 

 

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Todo sobre nuestro columnista: Román José Sandia