La Comisión de Relaciones Exteriores del senado brasileño aprobó el Protocolo de ingreso de Venezuela a MERCOSUR y ahora vendrá la muy segura aprobación en el plenario; allí, hay una mayoría favorable en ese sentido, y no se puede esperar un resultado diferente.

Aún falta superar el escollo de Paraguay para que entre en vigencia el referido instrumento; de allí que no esté garantizada esta entrada hasta el año que viene, a pesar de que algunos creen que a los paraguayos no le queda otra que seguir el ejemplo brasileño, opinión ésta que pongo en duda, dada la animadversión que existe mayoritariamente en contra del gobierno venezolano en ese parlamento. Pero las realidades son las realidades, y al final del día, éstas casi siempre se imponen.

Ya hemos señalado en múltiples oportunidades que el gobierno venezolano en MERCOSUR, muy diferente al país y sus fuerzas democráticas, va a representar un serio problema en ese bloque. Sus orientaciones política y económica van a contrapelo de los principios de ese proceso de integración, y más allá de los grandes negocios que puedan hacer algunas empresas argentinas y brasileñas, en algún momento del camino surgirán complicaciones que afectaran esos intercambios y la misma política, habida cuenta del proyecto ideológico que se impulsa desde Caracas.

Obviamente, en Derecho Internacional no se puede hacer la separación entre gobierno y país. Si el gobierno actual nos lanza por esa pendiente, jurídicamente hablando, él y el país son una misma cosa frente a los países de MERCOSUR. Resulta imposible diferenciarlos. Las obligaciones y compromisos asumidos, aunque sean mal negociados o no consultados con los principales afectados en nuestro país, igual tendrán fuerza de ley. Y a correr con las malas o buenas consecuencias.

Es por ello inadecuado, desde el punto de vista jurídico, plantear el ingreso de Venezuela y no del gobierno venezolano, y exigirle a éste, por ejemplo, que declare que va a comprometerse a respetar el contenido del Protocolo democrático de Ushuaia, documento que, por lo demás, está incluido en el “combo” para la aceptación y es sólo una formalidad que firmará –creo- sin problemas. A mi juicio, esa declaración no pondría ni quitaría nada especial, ni es garantía de un proceder.

Pretender que ella permitiría meter en cintura o controlar al gobierno venezolano en materia de conductas democráticas es un tanto naïf. Hasta ahora no ha podido hacerlo la OEA y su Comisión de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los DDHH, ni el mismo Consejo Seguridad de la NNUU cuando se atrevió Chávez, contra viento y marea, a visitar a un gobernante como Sadam Hussein, en aquel momento aislado de la comunidad internacional, mucho menos lo podrá hacer MERCOSUR, ni creo que esté interesado en hacerlo.

Venezuela y sus gobiernos siempre han sido integracionistas, a pesar de las reservas que en algunos momentos ciertos sectores manifestaron cuando ingresamos a ALALC-ALADI o el Pacto Andino-CAN. Ingresar a MERCOSUR no sería un exabrupto en concordancia con esa tradición. Asimismo, en términos de libre comercio, las evidencias demuestran que siempre el saldo es positivo para los países que se posicionan adecuadamente en las corrientes de intercambio mercantil internacional, y en consecuencia, MERCOSUR podría ser una oportunidad, siempre y cuando se cumpla con ciertas premisas.

Porque una cosa son aquellas orientaciones generales y otra es negociar las mejores condiciones de ingreso en un bloque comercial determinado.

Para ello, no sólo es necesario haber definido y puesto en práctica una política o políticas económicas en general, también es crucial una de comercio exterior que esté en armonía, además, con la de relaciones políticas exteriores. Estas políticas de Estado deben expresar en lo posible la mayoría de los intereses diversos del país, de allí que sea menester consultar todos los sectores con el fin de balancearlos y armonizarlos para luego representarlos de la manera más fiel en el exterior.

Y esto es lo que no se ha hecho con MERCOSUR en Venezuela. La solicitud de ingreso del gobierno venezolano es de naturaleza política, y está más que claro que a él no le interesa promover a los productores, exportadores y comerciantes del país. Su interés en ese bloque responde a propósitos políticos sectarios, excluyentes, no consensuados y contrarios a la Nación. Aquí no se trata de oponernos a esa entrada, ni de pedir que nos acepten o nos rechacen. Nuestra posición al respecto es de principio y ya la hemos señalado en varias ocasiones. De lo que se trata es de que ese ingreso no forma parte de una política de Estado que haya atendido a los intereses de los sectores que se verán afectados irremediablemente. Por tanto, no podemos, bajo las actuales circunstancias, sentirnos conformes con un ingreso a un bloque cuyas condiciones comerciales, arancelarias y jurídicas desconocemos.

Si al final nos aceptan, habrá que correr con las consecuencias económicas, que no serán pocas para nuestras industrias y el agro. Será necesario, como se dice coloquialmente, “guapear”, y esperemos que el daño no sea irreparable. Nos queda sólo la esperanza -“Muerte es esperanza larga”- de que en otro gobierno modifiquemos esas condiciones, y afortunadamente, siendo MERCOSUR un esquema muy laxo, poco disciplinado, en permanente crisis y no tan serio, es probable que podamos enderezar el entuerto.

EMILIO NOUEL V.

emilio.nouel@gmail.com

Todo sobre nuestro columnista: Emilio Nouel