Washington (AIPE)- En Washington, un tetrapléjico de 27 años fue sentenciado a 10 días de cárcel por posesión de marihuana y murió en la prisión bajo circunstancias sospechosas. En Florida, un paciente en silla de ruedas por esclerosis múltiple cumple una sentencia de 25 años por usar un médico no registrado en el estado para obtener medicamentos contra el dolor. Y en Texas, fiscales arrestaron a 72 personas, todos negros, y los acusaron de distribuir cocaína.
Estos ejemplos son típicos. La guerra contra las drogas sigue su curso, sin preocuparse por la eficacia, por la justicia o por lo absurdo. El tema de la prohibición de las drogas no fue tratado durante las elecciones de 2004. No se mencionó en los debates ni en las convenciones de los partidos ni en las noticias de las campañas electorales.
Hasta cierto punto, eso fue una bendición. Casi siempre las discusiones acerca de la prohibición de las drogas durante las campañas electorales se concentran sobre cuál candidato usó alguna vez tal droga y cuál está más arrepentido de haberlo hecho.
Es refrescante haber avanzado más allá de las disculpas, pero también es cierto que bajo las leyes que la mayoría de los políticos apoyan hoy en día, un niño que experimenta con drogas ilícitas de la misma forma como muchos de ellos lo hicieron en su juventud puede perder la oportunidad de terminar su bachillerato o de ir a la universidad y ni hablar de ser candidato a un cargo público.
Muy pocos políticos se atreven a cuestionar algún aspecto de la guerra contra las drogas. Esto tiene que cambiar y EEUU debe de reexaminar su política contra las drogas.
Actualmente, el gobierno federal y los estados gastan entre 40.000 y 60.000 millones de dólares al año en la guerra contra las drogas, unas diez veces el monto gastado en 1980; además de miles de millones adicionales para mantener en prisión a los infractores de esas leyes. EEUU tiene hoy más de 318,000 personas en prisión por delitos relacionados con las drogas, más que el total de la población penitenciaria del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España combinadas.
La población penitenciaria en EEUU se ha cuadruplicado desde 1980, mientras que la población general se ha incrementado en 20%. EEUU además tiene la tasa de encarcelación más alta del mundo, 732 presos por cada 100.000 ciudadanos.
La guerra contra las drogas ha impulsado el esquema de “cero tolerancia”, leyes de confiscaciones de bienes, sentencias mínimas obligatorias e innumerables excepciones a la defensa penal y a la protección de las libertades civiles. Algunos sociólogos culpan a la guerra contra las drogas por los graves problemas de los peores barrios urbanos. Otros señalan que corrompe a policías, como sucedió durante la prohibición del licor, la llamada ley seca de los años 20.
En el caso de la marihuana medicinal y la receta de analgésicos, la guerra contra las drogas ha tratado a pacientes con dolencias crónicas o terminales como drogadictos y a sus médicos como narcotraficantes. Las pesquisas violentas, patrullas fronterizas, las guerras de bandas por controlar el mercado negro y los esfuerzos internacionales de interdicción han costado innumerables vidas inocentes.
Ante tan inmenso sacrificio, ¿estamos al menos ganando? Aun utilizando mediciones gubernamentales, la respuesta es un “no” tajante. Hoy el narcotráfico interno se estima 50.000 millones de dólares (400.000 millones de dólares en todo el mundo), contra 1.000 millones de dólares hace 25 años. Las encuestas muestran que la heroína y la marihuana están tan disponibles en las escuelas hoy como en 1975. Las muertes causadas por sobredosis de drogas se han duplicado en los últimos 20 años.
Según la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas (ONDCP), el precio de un gramo de heroína ha caído en 38% desde 1981, mientras que su pureza se ha incrementado 6 veces. El precio de la cocaína ha bajado a la mitad y su pureza ha se incrementado en 70%. Recientemente, la ONDCP inició una campaña contra variantes más puras de marihuana que llegan del Canadá.
A pesar de todo el dinero gastado y las personas encarceladas, del daño a nuestras ciudades y a la integridad del sistema de justicia penal, de las restricciones a nuestras libertades civiles, de las pérdidas de vidas inocentes y el innecesario sufrimiento impuesto a gente enferma y a sus médicos, el narcotráfico crece y se extiende. Las drogas ilícitas son más baratas, más abundantes y de mayor pureza que nunca antes.
Al igual que la ley seca, la prohibición de las drogas ha fracasado bajo cualquier parámetro concebible. ¿No es tiempo ya de que EEUU revise la política contra las drogas?
(*): Analista de políticas públicas de Cato Institute.
