Caracas, Domingo, 20 de abril de 2014

Sección: Internacionales

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¡Dejen en paz a Paraguay!

Emilio Nouel V

Sábado, 30 de junio de 2012

Parece que Brasil no se enganchó en la deriva absurda que adelantan unos gobiernos, encabezados por el de Caracas, en relación con la posible expulsión de Paraguay de Mercosur y Unasur, después de la salida de la presidencia del inefable Fernando Lugo







   Foto: Google

Es probable que haya sopesado mejor lo que hubiera sido un mal paso, sobre todo, cuando el más interesado en el asunto, el mismo Lugo, acató la decisión que tomó casi unánimemente la representación democrática legítima de su país y repudió cualquier bloqueo contra Paraguay.

No hay duda de que Lugo había perdido su piso político e institucional. Hasta la iglesia le pidió la renuncia. Los empresarios también lo rechazaban. Quedó solo con sus allegados cercanos. Políticamente hablando, su gobierno era inviable, no tenía sustento alguno, era una figura casi decorativa.

Su incompetencia gubernamental, los escándalos personales, las distintas torpezas cometidas con sus aliados, los intentos por politizar a los militares, sumados al manejo del incidente en que murieron 17 personas en una invasión de tierras estimulada por su gobierno, configuraron un marco propicio para que se decidiera expulsarlo del poder, mediante un mecanismo establecido en la Constitución.

Este dispositivo constitucional es de naturaleza política, no de carácter penal, aunque puede conducir a procesos en esta última materia. Se llama Juicio Político y está contemplado en el articulado de la Constitución.

Podemos estar de acuerdo o no con este tipo de salidas, pero está en la Carta Magna de Paraguay, y no puede afirmarse seriamente que no es legítimo ni democrático.

En regímenes parlamentarios es muy usual que la mayoría representada en los parlamentos le quiten el apoyo político a un gobernante, y que esto lleve a la disolución del gobierno y a un eventual llamado a elecciones.

Esta suerte de válvula de escape política existe en Paraguay, guste o no al observador.

Que el procedimiento fue muy expedito, es muy cierto. Pero es que no hay un procedimiento específico establecido, de allí que al órgano que corresponde llevar adelante este caso, tenga toda la libertad de fijar las condiciones, lo cual también puede o no agradar al observador, pero es legal.

De modo pues que a mi juicio es inobjetable el proceso formal realizado.

Se ha cuestionado, por otra parte, que se violó el principio del debido proceso. Sin embargo, en este punto pareciera estar presente un error conceptual en los que así opinan.

No estamos ante un proceso jurisdiccional penal, administrativo o civil, sino ante un “juicio” de naturaleza eminentemente política, que valora la performance de la cabeza del gobierno paraguayo; que estima si se condujo bien o mal. Así, la decisión que se toma es consecuencia de la opinión política mayoritaria que la representación popular legítimamente elegida tiene sobre el gobernante, con la cual los paraguayos podrían estar o no en desacuerdo, pero es la opinión abrumadora del parlamento.

Definitivamente, no hubo golpe de estado en Paraguay, mucho menos puede utilizarse la expresión absurda, la “contradictio in terminis”, “golpe de estado constitucional” o la de “golpe de estado parlamentario”.

Volviendo al tema de las reacciones sobre el evento en comento, principalmente, las de algunos países de UNASUR, ALBA y Mercosur, a mi juicio, sería absurdo acosar o bloquear política o económicamente a un país que ha actuado de conformidad con su ordenamiento jurídico-político interno. Además de ser un exabrupto político, es la expresión más patente de las incongruencias en las posiciones que se adoptan.

Es inexplicable que se critique acerbamente el embargo a Cuba, y se pretenda bloquear al pueblo paraguayo. Este doble rasero dice mucho sobre la poca moral a la hora de abordar los asuntos internacionales de algunos gobiernos.

A la cabeza de esta locura se han colocado los gobiernos de ALBA, de dudosa o ninguna condición democrática, y Argentina.

Si a esto sumamos, el hecho ya comprobado, de que el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, intentó soliviantar a los militares paraguayos, demostrando una vez más su vocación injerencista en los asuntos internos de otros países, el asunto se vuelve más demencial y delicado.

Esta acusación que hace la Ministra de Defensa María L. García, es un asunto muy grave, sobre el cual deberían pronunciarse los gobiernos de UNASUR y MERCOSUR reunidos en Mendoza, tan diligentes en otros temas. Si esta conducta se permite y no hay un pronunciamiento contundente de parte de los países democráticos y respetuosos de la soberanía, flaco servicio se le habrá hecho al prestigio y respetabilidad de esas organizaciones.

No sólo aquellos entes internacionales están obligados a tomar cartas en el asunto; igualmente la OEA.

A Paraguay hay que dejarlo en paz para que resuelva soberanamente su problema, como hasta ahora lo ha hecho. Saldrá adelante, estoy seguro, en democracia y libertad. ¿Qué medida va a adoptar UNASUR frente a la grosera intromisión de Venezuela en los asuntos internos de Paraguay?

 

 

 

emilio.nouel@gmail.com

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