La gravedad de una ruptura definitiva del proceso de negociación con los paramilitares pone en riesgo no sólo condiciones individuales de quienes están involucrados con esta organización sino la relativa estabilidad lograda durante estos últimos años en materia de gobernabilidad. Y no deberíamos creer que las declaraciones de Báez o los argumentos del gobierno para retener a los comandantes en Itagüí sean resultado aleatorio de estados anímicos variables.

En toda negociación de conflictos de poder la primera línea a tomar en cuenta es el cálculo estratégico, como lo ilustra Michael Walzer en sus concisos análisis sobre la guerra. Que el gobierno ha incumplido acuerdos es evidente; que los paramilitares en la Ceja dieron señales de riesgo para comprometer el proceso también es de suponer. Sin embargo, este proceso debería poder reconstruirse con fundamentos de negociación política y plenas garantías entre las partes.

Los negociadores tienen diversas opciones para confrontar posibles soluciones. Una opción con muy poca imaginación es dejar las cosas tal y como están. Si las partes tienen interés genuino en resolver diferencias existe una variedad de mecanismos alternativos de respuesta a las crisis causadas por este dilema. Una primera salida consiste en reconducir la esfera política del proceso, deteriorada porque se sobredimensiono la judicialización de casos que han involucrado a algunos políticos con el paramilitarismo.

El gobierno no debería asumir que la contraparte llegó a la negociación rendida, o que los comandantes sean menores de edad. La negociación debe poder reestablecer su alcance político. Y la esfera política de la negociación debería estimar por sobretodo el respeto riguroso de acuerdos, que tienen que ver parcialmente con las condiciones materiales de estadía de la contraparte. De paso, es necesario que el gobierno no confunda la negociación política con los casos de judicialización paramilitar de políticos cercanos. Esta confusión de la esfera judicial y la política en la negociación ha sido perjudicial.

Lo anterior induce una segunda posibilidad del gobierno: resistir a la contraparte por medio de maniobras de chantaje implícito como la extradición. Una figura coactiva que, como lo subraya López, debería emplearse únicamente bajo condiciones sui generis. Uribe se equivoca cuando confunde a los comandantes con delincuencia común. Y si Báez argumenta que la ruptura de diálogos con el gobierno no está directamente relacionada con la amenaza de la extradición, sino con la suma de factores de incumplimiento del gobierno y los juegos coyunturales de la parapolítica, deberíamos escucharle.

Por esto la respuesta inmediata del gobierno, en el sentido de que el proceso de negociación culminó, y lo que sigue son acciones de los jueces y fiscales para procesar a cada paramilitar es una falacia. Las nuevas condiciones de hecho sugieren tomar en serio el mantener los diálogos con los comandantes paramilitares. Tanto por la seguridad e integridad de estos y sus familias, como por los riesgos implícitos que tenemos de una degradación violenta realizada por mandos medios y asesinos que están en la retaguardia, como Vicente Castaño.

Es naturalmente deseable que las negociaciones y los diálogos permitan una reestructuración de fondo sobre este proceso. Y el Estado como las instituciones de Justicia debería poder obrar dentro de condiciones normales. La sociedad debe contar también con las garantías para conocer toda la verdad. Y el gobierno tiene la responsabilidad de superar estos dilemas y estar por encima de juegos estratégicos personales. Porque los riesgos son demasiado elevados. Que la salida conduzca hacia una rampante y vergonzosa impunidad o que se desaten los enemigos del Leviatán. Este si es un verdadero dilema.

Todo sobre nuestro columnista: Fernando Estrada Gallego