Cuba y la posición común de la Unión Europea

Nuevo País

Domingo, 5 de septiembre de 2010

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La Posición Común adoptada por la Unión Europea en 1996 es objeto de viva discusión en diversos círculos. Al interior de Nuevo País, tal y como sucede en otros ámbitos, el contraste de argumentos a favor o en contra de su mantenimiento es también evidente.
El asunto clave acerca de la Posición Común parece ser el de su eficacia para lograr la democratización de Cuba.
Para un grupo de ciudadanos esta Posición Común debe ser eliminada porque 14 años después no ha logrado influir en los cambios internos. Coinciden en esto con la posición del gobierno español que trata de sustituirla defendiendo el mismo argumento, lo que choca con la reticencia de algunos gobiernos en el seno de la Unión Europea, que no encuentran motivos significativos para un cambio de posición.
Para este grupo de ciudadanos se debe sustituir esta Posición Común por una Política Común de la Unión Europea. La diferencia entre una y otra es que la Posición Común solo se posiciona en relación con el asunto de los derechos humanos y la democracia en Cuba, pero no es proactiva tal y como se podría desprender de una Política Común.
Para estos ciudadanos la base de esta Política Común debería ser un diálogo concreto con todos los sectores de la sociedad cubana, una cooperación integrada con toda la sociedad (tanto con el gobierno como con la sociedad civil) y un reconocimiento de nivel a todos los actores políticos cubanos.
Dentro de este grupo hay un apoyo estratégico a la posición española actual, pero una visión crítica respecto de su puesta en escena. De acuerdos con el diálogo, son críticos con lo que perciben como una falta de fineza de la política de “diálogo constructivo” implementada desde el 2005, y también como una pérdida de coherencia en los propósitos declarados de esta política. Su desmedida apuesta por el gobierno, independientemente de su clara y creciente pérdida de legitimidad y credibilidad; su desconocimiento de los actores democráticos, quienes solo son vistos como objetos del derecho humanitario internacional y no como sujetos de derechos humanos; y su explotación mediática de gestos humanitarios simbólicos, que no guardan relación con un plan estratégico de cambios, parecen colocar a España como la valedora internacional de un aggiornamento suficiente para una dictadura agotada, más que como una nación que juega coherentemente desde la diplomacia de compromisos con determinados valores, que es propia de las democracias maduras. No se entiende, para este grupo, qué se quiere decir con sustituir la Posición Común por acuerdos bilaterales de cada gobierno de la Unión Europea con el gobierno cubano. ¿Está proponiendo España una excepción regresiva a la Política Exterior Común de la Unión Europea, justamente cuando esta adquiere una nueva cualidad y da un nuevo paso hacia una política cada vez más común?
Para otro grupo de ciudadanos que participan dentro de Nuevo País, la Posición Común debe ser mantenida.
Para este grupo, mayoritario, el valor de la Posición Común no debe ser solo de eficacia, sino también de tipo simbólico. Entiende que un mensaje claro de compromiso, solidaridad y apoyo simbólicos es también eficaz. Este mensaje le dice claramente al gobierno cubano que sus actos violatorios de los derechos humanos y su negativa a implementar reformas democráticas son asuntos intolerables y mal vistos por la comunidad internacional.
Este segundo grupo es fuertemente crítico de la posición española. Y si bien cree que el diálogo es correcto ― este grupo no ve contradicción entre diálogo y Posición Común―, no cree que el diálogo actual pueda producir cambios fundamentales dentro de Cuba. El diálogo con la Iglesia Católica indica exactamente que este no tendrá consecuencias políticas. Considera por tanto que la apuesta por el diálogo corporativo entre intereses creados se puede convertir en ese margen de maniobrabilidad con las expectativas ajenas que todas las dictaduras necesitan para perdurar.
Una pregunta clave de este segundo grupo tiene que ver con los actores estratégicos y estructurales que se están fortaleciendo y avalando internacionalmente para el futuro de Cuba. El gobierno español puede estar dialogando con actores agotados, pero con poder, y no con actores emergentes que carecen de poder pero gozan de creciente legitimidad; en lo que podría estar constituyendo una latinoamericanización de su política exterior hacia Cuba, alejada de la diplomacia de compromisos con valores que caracteriza a las democracias consolidadas.
Este grupo coincide con el otro grupo de ciudadanos en el reconocimiento a España por su fuerte implicación en la excarcelación de los prisioneros políticos y de conciencia. Considera, sin embargo, que el destierro al que han sido prácticamente inducidos es resultado de la precipitación española por mostrar resultados suficientes dentro de una política que, no obstante, no capta el nuevo contexto estratégico para fortalecer la democratización de la isla. Más comprensible con la tradición de la Iglesia Católica cubana, que no sabe manejarse bien con la pluralidad política, cultural y civil, este segundo grupo de ciudadanos no comprende bien cómo España desaprovecha la oportunidad para reconocer y elevar la interlocución de los actores democráticos que dentro de Cuba propiciaron primordialmente la movida del gobierno con los presos. El momento menos favorable para que el gobierno se negara a este tipo de reconocimiento estratégico. El costo ha sido el encarcelamiento de 8 activistas pro democracia.
Este grupo cree, asimismo, que la eficacia simbólica de la Posición Común debe ser sacrificada ante su ineficacia concreta, si y solo si es sustituida por una política eficaz de desbordamiento que exija al gobierno cubano el respeto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; que sustituya la presión por un diálogo y cooperación abiertos con todos los actores de la sociedad cubana; que considere la legitimidad del gobierno y de la sociedad civil tomando como criterio, no solo la ley internacional, sino básicamente la legislación vigente en Cuba; y que otorgue reconocimiento simbólico de nivel tanto al gobierno como a la sociedad civil.
Ambos grupos de ciudadanos tienen consenso sin embargo en dos puntos: la necesidad de que las autoridades ratifiquen los Pactos de Derechos Civiles y Políticos; Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas firmados en febrero de 2008; y la necesidad de que el gobierno sea valorado por su respeto íntegro de la legislación vigente, y por su disposición práctica para descriminalizar, como paso previo a su despenalización, el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Ambos grupos piden, finalmente, el apoyo de la Unión Europea, en su próxima reunión de septiembre en torno a Cuba, a las iniciativas ciudadanas que ha emprendido el proyecto Nuevo País en las dos direcciones esbozadas en el punto anterior.