Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

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La “oposición” ante la inminente reforma constitucional

Nicolás Márquez

Sábado, 25 de agosto de 2012

Durante el prolongado despotismo de Juan Perón (1946-55), el dictador de marras en aras de obtener la reelección indefinida modificó la Carta Magna de manera ilegal en 1949.







   Foto: Google

 Este atropello incluyó además cambiar la parte dogmática de la Constitución, la cual contemplaba los derechos individuales. Afortunadamente en la Convención Constituyente de 1957, a instancias de la Revolución Libertadora, se derogó esta normativa fascista sancionada ocho años atrás y se retomó a la versión 1853-60, aunque en esta ocasión se incluyó el artículo 14 bis, que fue un verdadero injerto demagógico que nada tenía que ver con el espíritu del articulado original.

Ya en los años noventa, otra vez el peronismo gobernó de manera prolongada (1989-99) en esta ocasión bajo la presidencia de Carlos Menem. Nuevamente el afán reeleccionista forjó la famosa reforma de 1994, en la cual no sólo se contempló la relección sino que se agregaron una serie de “derechos sociales” colocados a instancias del extinto demagogo Raúl Alfonsín, a la sazón cómplice y socio de Menem en aquella sórdida maniobra “institucional”.

La tercera presidencia prolongada del peronismo indudablemente fue el período del kirchnerismo (2003-2015), por cuyas características de ejercicio de poder familiar-matrimonial no resultaba necesario reformar la constitución porque la pareja gobernante iría alternando el mandato de manera indefinida y con esta trampa conyugal en marcha, no existía la necesidad de modificar la Carta Magna.

Pero al morir Néstor Kirchner este ardid se complicó. Se ensayó entonces la idea de apostar al primogénito Máximo Kirchner como posible heredero dinástico, pero a poco andar, ya nadie duda de que este último no está a la altura de tales circunstancias. Aparece entonces, por tercera vez en el peronismo, la “necesidad de actualizar la Constitución”.

¿Qué enseñanza nos deja este somero pantallazo?. Pues que en la Argentina el peronismo está por encima de la Constitución, y es por ello que se da el gusto de cambiarla, acomodarla o emparcharla cada vez que sus necesidades políticas así se lo indican. La verdadera constitución de la Argentina no la conforman las normas escritas tras el pomposo preámbulo, sino las normas que emanan de ese virtual Estado-Partido que es el peronismo, sea que esta banda se presente bajo la sigla PJ, Frejuli, Frejufe, FPV o cualquier sello proselitista de circunstancia.

Pero ahora la cuestión reformista es muchísimo más grave de lo que se piensa. Ya no se trata solo de otorgarle a la viuda la reelección indefinida (prerrogativa antirrepublicana que el matrimonio Kirchner ya había impuesto en Santa Cruz cuando obraba de amo feudal de esa Provincia), dado que hoy el grueso los “intelectuales” orgánicos que viven del régimen se encuentran deseosos de modificar la parte dogmática de la Constitución Nacional, o sea, de cambiar o desnaturalizar la porción del texto que contempla de manera expresa la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de comercio, de navegación, de contratar, de asociación, o de disponer de la propiedad privada, así como también el derecho a la intimidad y las garantías jurídicas entre muchas otras cosas.

¿Para qué modificar la parte del texto que contempla estos derechos tan nobles entonces?, no para otra cosa que no sea “reglamentarlos”, es decir, violentarlos, restringirlos o anularlos según las apetencias o necesidades del/la déspota de turno y su corte de burócratas, comisarios políticos y emisarios varios.

Para lograr ese ominoso objetivo, el régimen necesita de determinadas mayorías especiales (2/3 de los miembros de ambas cámaras). ¿Tiene el kirchnerismo tamaño consenso en su bloque?, pues no, pero el problema reside en que muchos Diputados y Senadores “opositores” o son fácilmente comprables o son fácilmente adheribles a estas aventuras ideológicas, dado que los bloques “disidentes” están formados en gran parte por radicales, socialistas, “peronistas federales” y derivados. En suma, gran parte de la oposición ostenta  una preocupante mentalidad dirigista y estatista, y por ende no vería con malos ojos pulverizar las libertades individuales en aras de entelequias y declamaciones tales como “el bien común”, “la razón de Estado”, “la solidaridad” o “los intereses supremos de la sociedad”.

Con una oposición tan fuertemente influenciada por estas supersticiones colectivistas, el kirchnerismo no tendría que hacer un esfuerzo titánico para convencer a sus colegas en que los apoyen con esta endemoniada embestida reformista.

El riesgo entonces no es tanto la peligrosidad ideológica y metodológica del oficialismo sino la endeblez política y filosófica de muchos quienes fueron votados y elegidos para oponerse y frenar sus oscuras ambiciones autocráticas.

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