Evo Morales se consagró como líder de la oposición de Bolivia en nombre del derecho de los indígenas a estar representados en su condición de mayoría en el gobierno central, pero también, prometiendo derechos autonómicos para ellos. Como candidato utilizó atajos para llegar al poder, exigiendo la renuncia de tres presidentes y encabezando protestas, a veces violentas.

Su categórica victoria en 2005 le otorga una legitimidad incuestionable, pero también a los prefectos departamentales que fueron electos el mismo año, por primera vez, mediante voto directo. Morales se comprometió a que en la agenda de la Asamblea Constituyente se contemplarían las demandas autonómicas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, a cuya lista luego se sumaron las regiones de mayoría indígena de Cochabamba y Chuquisaca.

La aprobación de la nueva constitución en una sede militar durante un amanecer de fines de 2007 y sin presencia del principal partido opositor, fue un intento de evadir el complejo y crítico debate autonómico, contradiciendo, incluso, su promesa de diciembre de 2006 de aprobar un régimen que abarque el ámbito provincial, cantonal e indígena de la nación respetando “la autonomía departamental” en función de los resultados regionales que se dieron en el referéndum de julio de ese año.

La constitución aprobada en aquel “madrugonzazo”, que origino el fin del dialogo entre gobierno y oposición, establece que Bolivia es un Estado unitario pero también descentralizado y con autonomías territoriales, pero ahora, Morales dice que él se refería a autonomías indígenas y no a las que exigen las regiones de la media luna oriental no andina.

Entre contradicciones, tretas y soberbia autoritaria que el humilde Evo ha aprendido de sus malos consejeros de Caracas y La Habana, en Bolivia se juega, con pasiones desatadas, el entrecruce de sus regiones.

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