Lo ocurrido en estos días en Honduras, por lo inédito, demanda, ciertamente, un análisis que vaya más allá de los paradigmas y prejuicios imperantes, y también de los rechazos y escozores plenamente justificados que producen las intervenciones de los militares en los asuntos de la política. La historia latinoamericana mucho nos ha enseñado al respecto, y con el tiempo podremos examinar más profundamente estos sucesos hondureños que aún no sabemos en que terminarán.

No obstante, y particularmente, a los demócratas venezolanos, que hemos vivido a lo largo de nuestra vida republicana el autoritarismo militar y hoy estamos experimentando un despotismo también militar sui generis, la forma cómo fue defenestrado el presidente de Honduras, de arrancada, nos produce repulsa; de allí que también haga encender las luces de alarma en todo el mundo civilizado.

Sin embargo, cuando examinamos un poco más ampliamente las circunstancias que condujeron a este evento, la forma cómo sale del poder el Presidente y la vía particular de recomposición de la institucionalidad quebrantada, es lícito pensar que no estamos frente a una asonada militar típica latinoamericana, al estilo, por ejemplo, de las dos en que participó Chávez en 1992, las cuales, por cierto, cada 4 de febrero éste celebra con bombos y platillos, como si de una fecha patria se tratara, y que, por cierto, no levantan ninguna condena de parte de los actores internacionales que hoy repudian lo de Honduras.

Ya para cualquier observador de la situación está claro que Zelaya estaba violando la ley imponiendo una consulta (encuesta, la llamó) que los demás poderes civiles del Estado desautorizaban. Esta encuesta tenía un propósito político nada inofensivo, como ahora quiere hacer ver Zelaya. Con esta “jiribilla”, éste pretendía crear una situación de hecho, un estado de opinión, aupado y financiado desde el exterior por alguien que los venezolanos conocemos muy bien por su injerencia en los asuntos de otros países, y que presionaría a los poderes del Estado para que cedieran ante un plan muy bien orquestado de hacer una constituyente que trastocara toda la institucionalidad y las reglas de juego político del país, sin excluir, obviamente, la posibilidad de una reelección del presidente, hoy negada absolutamente por la Constitución vigente. Se trataba del mismo guión seguido por sus carnales, los presidentes Correa y Morales, siguiendo el ejemplo de quien se ha convertido en su líder, Hugo Chávez.

El plan de la “inocente” consulta fue, primero, rechazado por todas las fuerzas políticas de Honduras, incluido el partido del Presidente; segundo, declarado ilegal por la máxima autoridad del Poder judicial, y finalmente, abortado manu militari, al negarse Zelaya a dialogar en función de una negociación y a acatar la decisión jurisdiccional.

No podemos negar que la forma como fue sacado del país el presidente es condenable, y es lamentable que se haya llegado a esos extremos. Hubiéramos preferido ver un juicio o una negociación, pero las cosas ocurren y uno, desde la posición de “manager de tribuna”, no sabe qué hubiéramos hecho puestos en la misma encrucijada.

Sin embargo, los acontecimientos posteriores a esa salida nos obligan a ver este hecho político irregular, con parámetros distintos a los de un golpe militar tradicional.

El protagonismo militar, en lo mediático, se ha limitado a las acciones de presencia de soldados en los alrededores de los edificios públicos y en el papel de reperimir manifestaciones. Los generales han estado ausentes, hay que registrar este hecho. No hemos visto ninguno ante las cámaras o en los periódicos declarando. En la sesión del parlamento hondureño o en otros actos los militares han estado al margen. No se montó un “gorila armado” en el poder, dirigiéndose a la Nación y justificando por cadena de radio y tv, las razones de la intervención desmedida.

Por otro lado, hemos visto a un Presidente civil designado de acuerdo con las normas constitucionales, que ha prometido que las elecciones programadas para este año se realizarán.

De allí que algunas reacciones que hemos observado luzcan un tanto desproporcionadas, aunque, admito, puedan comprenderse.

Si comparamos esta situación con otros hechos más graves que sí deberían llamar a la atención de la comunidad internacional y sus organizaciones, verbigracia, lo que ocurre en Venezuela con el Alcalde Mayor de Caracas y los gobernadores electos democráticamente, cuyas competencias y bienes les han sido arrebatados de manera inconstitucional, configurándose un golpe de estado progresivo y disimulado, lo ocurrido en Honduras pierde las dimensiones que algunos, rasgándose las vestiduras, ven allí, pero que no lo ven en Venezuela.

A esto se suma la violación de normas internacionales en materia de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados que está perpetrando el gobierno venezolano, y sin embargo, los organismos internacionales se hacen la vista gorda y no son tan diligentes y expeditos como ahora lo son en el caso de Honduras. ¿Por qué aplicarle la Carta Democrática a Honduras y no al gobierno de Venezuela? ¿Por qué se pide un bloqueo inhumano o acciones militares contra Honduras y al mismo tiempo se cuestiona el que ha supuestamente sufrido Cuba? ¿Por que la OEA no actuó frente a las violaciones constitucionales de Zelaya antes de que fuera sacado del poder y así haber evitado lo que estamos viendo? En el torneo de tartufos que vimos en la reunión del Grupo de Río y de la OEA, pareciera que existen distintos raseros. La ley del embudo allí hace su trabajo, sin dejar de lado las inconsistencias y la hipocresía de muchos. Y de los europeos ¿qué decir?, no comprenden lo que ha sucedido realmente en este caso y reaccionan automáticamente. ¿Qué se puede esperar de un república bananera?, se preguntan los comentaristas “especializados” de la vieja Europa.

Las circunstancias muy particulares del hecho que hemos comentado exigen de toda la comunidad internacional un mayor esfuerzo de comprensión. No estamos frente a un gobierno encabezado por un Pinochet ni a una conducta tiránica como la de los Castro en Cuba. Estamos frente a un pueblo pequeño y unas instituciones que, al unísono, repudian mayoritariamente un gobernante que pretendió imponerles un modelo político contrario a su ley fundamental, asesorado y financiado por un tiranuelo extraviado en su demencia ideológica.

La comunidad internacional no puede avalar acciones bárbaras contra un pueblo que después de todo no es culpable de las torpezas de unas fuerzas militares. Los organismos internacionales deben promover soluciones negociadas que permitan a Honduras salir del atolladero en que está y así poder reiniciar su vida democrática y en paz, todo, por supuesto, respetando principios de convivencia internacional muy caros a nuestra civilización.

emilio.nouel@gmail.com

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