La pelea de gallos entre el comisionado de paz y el fiscal general de la nación puede tener un mayor fondo. Porque sobre el proceso con los paramilitares es posible verificar problemas derivados de información inconsistente y anomia institucional. Que el comisionado salga a denunciar ante los medios las incompetencias de la fiscalía para llamar a declarar a los paramilitares, y que éste reaccione acusando al comisionado de "no jugar limpio", no demuestra mala fe de las partes. Pero manifiesta por lo menos tres problemas estructurales del proceso paramilitar.

El primer problema lo constituye el desbordamiento inesperado de los hechos derivados de la ley de justicia y paz. Una situación que excede la capacidad institucional para resolver dentro de los términos de tiempo estipulados. Las restricciones logísticas que tendrán 20 fiscales especializados para escuchar a miles de desmovilizados, y los cientos de denuncias que se tendrán que procesar evidencian la poca racionalidad previsible del órgano político y judicial. Las dimensiones desproporcionadas de información inconsistente y la incapacidad de verificación de pruebas por parte de los investigadores serán un tropiezo de consideración. Si la sociedad espera confesión, verdad y reparación tendrá que afrontar dentro de estos límites una información distorsionada sobre las masacres y crímenes, verdades a medias y poca o ninguna reparación profunda.

La responsabilidad de procesar estos casos de genocidio para que no queden en la impunidad le cabe al gobierno y los organismos judiciales como la fiscalía y la procuraduría. Ni el gobierno ni la fiscalía general de la nación tuvieron pleno reconocimiento sobre las magnitudes derivadas del proceso. Los abogados de los comandantes se mueven estratégicamente con ventajas relativas, quizás la más importante: el tiempo. Porque vencidos los términos para corroborar y verificar las denuncias, todo acusado tiene el derecho a su libertad. La característica improvisada sobre los efectos de la ley y los compromisos políticos del gobierno con casos de paramilitares ponen en tela de juicio una visión optimista.

El segundo problema estructural proviene de las serias dificultades para reconstruir las condiciones originarias de los crímenes, las masacres y los desplazamientos forzados. O el equivalente a verificar que tanta verdad contiene la información que suministren los agentes violentos. La ley contempla ventajas por delación y mayores castigos en casos de encubrimientos intencionales sobre graves delitos que se hayan cometido. Pero de la forma al contenido puede haber diferencias. La fiscalía ha logrado identificar fosas comunes y cadáveres de las víctimas gracias a la delación de algunos reinsertados. Sin embargo, el paso más complejo es identificar plenamente a los responsables directos e indirectos de los crímenes. La presunción es la verdad que entregue cada paramilitar junto con las denuncias de familiares de los desaparecidos. Algo que conduce a problemas mayores: inconsistencia de información, pruebas y evidencias. Aunque pueda contarse con la presencia en tiempo presente de los culpables los alegatos van a conformar piezas en un juego de ajedrez.

El tercer problema estructural será la proporcionalidad entre los delitos y las penas. Lo que sigue siendo un verdadero escándalo para la justicia en Colombia. Que un delincuente común o un ladrón esté pudriéndose en una cárcel con condenas que van entre los 20 y los 30 años, y que un paramilitar que ha masacrado u ordenado asesinar a 20 o 30 personas pague una condena de 8 años, pertenezcan a una sociedad idéntica es un asunto muy aberrante. Un Estado de Derecho y un Estado Constitucional se convierten en meras formas oportunamente aprovechados por estrategas de la delincuencia y el delito. Las condiciones de improvisación institucional, la inconsistencia de la información y los juegos estratégicos dentro del marco jurídico, convertirán el proceso paramilitar en un fracaso.

Todo sobre nuestro columnista: Fernando Estrada Gallego