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Relaciones colombo-venezolanas: golpe de timón

Martes, 27 de enero de 2009

Los acuerdos resultantes de la reunión celebrada el pasado sábado 24 entre los Presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, marcan un nuevo hito en las relaciones bilaterales, al dar por superadas de manera definitiva –por lo menos, formalmente- las diferencias que distanciaron a los dos gobiernos el año pasado y perfilar una nueva hoja de ruta con miras a recuperar la confianza mutua, punto de partida para cualquier convivencia entre dos países fronterizos que, en el caso particular de Colombia y Venezuela, se presenta con ribetes muy especiales. Aparte de detentar un origen común, comparten una frontera de poco más de 2400 kilómetros, fuentes de recursos naturales renovables y no, un significativo tránsito e intercambio de personas, bienes, servicios y capitales. A ellos se agregan los problemas comunes vinculados con la seguridad y defensa originados en el país neogranadino como consecuencia de la violencia derivada del conflicto armado que se libra en esa nación, el narcotráfico, delitos vinculados al crimen organizado y las políticas que han instrumentado para enfrentarlos, cuya aplicación ha involucrado la activa participación de fuerzas extranjeras, tanto públicas y privadas como legales e ilegales.

Como había trascendido, los temas que coparían la agenda presidencial serían los de carácter económico y, en efecto, los resultados alcanzados apuntan exclusivamente en ese sentido. La complementariedad económica que caracteriza al relacionamiento binacional, amenazada por las secuelas de la crisis internacional que gradualmente van adquiriendo cuerpo en los dos países, se constituye, ahora, en la piedra angular de las vinculaciones bilaterales y signará las relaciones diplomáticas en el futuro inmediato. Incluso, el perfil profesional de los nuevos embajadores recientemente designados, revela claramente la intencionalidad de los gobiernos.

Este renovado perfil de las relaciones bilaterales, cobra una especial prioridad para Colombia antes que para Venezuela. Al concluir el año pasado se pusieron en evidencia los síntomas de deterioro que han emergido en la economía colombiana, cuyo crecimiento se situó en torno al 3.5%, es decir, casi 4 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2007. Esta desaceleración se está traduciendo, por una parte, en una caída importante de la tributación que de mantenerse las condiciones actuales implicará hacia fines de este nuevo año un déficit fiscal equivalente al 2% del PIB; y, por la otra, en el incremento del déficit comercial que, a su vez, se nutrió de la súbita contracción de los precios internacionales de los principales productos de exportación y la reducción de sus volúmenes. Ese crítico contexto se complementa con una rápida depreciación del signo monetario y el crecimiento del índice de precios al consumidor que ha obligado a la adopción de controles de precios, medidas éstas que contradicen el modelo de desarrollo liberal imperante en ese país que, a todas luces, parece agotarse aceleradamente. Por supuesto, esa evolución de la economía ya está contribuyendo a profundizar los problemas sociales que agobian al país, en especial, en lo que se refiere al crecimiento del desempleo como resultado del cierre de empresas y la disminución de la producción.

Aunado a ello, para la sustentabilidad de ese modelo se requiere contar con condiciones muy favorables para acceder a los mercados foráneos y, en ese sentido, el panorama que se vislumbra luce aún más complicado. El primer destino de las exportaciones colombianas es el mercado estadounidense y, hasta el presente, más bien se presagia un destino muy confuso para la aprobación del TLC; el segundo destino es el venezolano que, además, es el primer receptor de manufacturas, cuyo acceso se rige por las normas previstas en la CAN, las cuales se extinguirán en poco más de dos años, mientras que las relativas al sector automotor fenecieron el pasado 31 de diciembre; en tanto que el tercero es el de Ecuador, cuyas autoridades acaban de anunciar la aplicación de medidas proteccionistas para una parte del universo arancelario, las cuales afectarán directamente las ventas externas de Colombia y Perú.

Por tanto, no causó sorpresa la insistencia del gobierno colombiano de centrar las conversaciones en el área económica. Tampoco sorprendió, la prioridad concedida a la conformación de dos fondos destinados a la realización de inversiones productivas en los sectores atendidos por micros, pequeñas y medianas empresas, así como para la ejecución conjunta de obras de infraestructura destinadas a facilitar la interconexión entre los dos países. Sorprendió sí, la rapidez de la aceptación por parte de Colombia porque, nuevamente, altera uno de los preceptos básicos de su modelo de desarrollo, cual es el de minimizar la participación del estado en el proceso económico.

En síntesis, las relaciones colombo-venezolanas están ingresando en una nueva fase de carácter fundamentalmente económico, sin que ello implique descuidar otros temas que conforman la agenda binacional, cuyo tratamiento se ha ido normalizado y que se seguirá canalizando por los conductos regulares, mientras que los de la nueva agenda serán objeto de consideración por la Comisión de Economía creada en esta ocasión por los Presidentes. No será sencilla la tarea que deberá abordar, en particular, en el ámbito comercial, aunque primando la voluntad política se salvarán, con relativa facilidad, las dificultades para consensuar soluciones conjuntas para atender una problemática común que afecta a los dos países debido a las interrelaciones que los unen indisolublemente.

jfrojas@rg-biz.com