Desde que el presidente del Grupo de Trabajo, Sr. Luis Enrique Chávez (Perú), inauguró las deliberaciones se evidenciaron las estrategias establecidas previamente por los gobiernos y el "cónclave" indígena. El objetivo estratégico de los primeros era buscar modificaciones sustanciales al Proyecto de 45 artículos que sirve de base para la discusión y que fue aprobado en agosto de 1994 por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. La meta de los indígenas, en cambio, fue -y es- que se adopte el proyecto de la Subcomisión en su forma original y que, si se introducen cambios, sea para avanzar en el reconocimiento de sus derechos.

Los gobiernos mantuvieron reuniones no oficiales en las que varios de ellos formularon adiciones y modificaciones a los artículos 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 44 y 45 del proyecto de Declaración, que fueron presentadas para la discusión en las sesiones plenarias. Varios representantes indígenas señalaron que no deberían celebrarse debates a puerta cerrada sin la participación indígena ni convocarse durante el tiempo autorizado para las sesiones, y reclamaron una participación plena y en pie de igualdad.

Se transparentan las posiciones

Durante las sesiones plenarias se evidenció que existían diversas posiciones entre los Estados en torno a la Declaración, posiciones que "la diplomacia indígena" suele clasificar como frías, tibias y calientes.

Entre los Estados que asumen posiciones frías se encuentran Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China. Básicamente no aceptan que se utilice el término "pueblos indígenas" debido a las connotaciones que éste término podría tener en el derecho internacional con relación a la libre determinación y los derechos individuales y colectivos. Prefieren que en la Declaración se utilicen términos como "personas indígenas", "personas pertenecientes a un grupo indígena", "poblaciones indígenas", "personas que viven en comunidad con otros" o "personas pertenecientes a pueblos indígenas".

En la que toca a este punto, la posición del cónclave indígena fue clara: "Seguimos insistiendo -dicen- en que las Naciones Unidas apliquen sus propias normas de manera universal y equitativa, que nos reconozcan y nos respeten el mismo derecho humano fundamental a la libre determinación lo mismo que lo hacen con otros pueblos del mundo, que actúen sin prejuicios y sin discriminación. No podemos aceptar, ni ahora ni en ningún momento futuro en el examen de la Declaración, ninguna cualificación, explicación, definición, corchetes, paréntesis o anotación al pie de página referidos al término pueblos indígenas o pueblos".

Pese a que los indígenas, desde hace varios años, han planteado que la libre determinación no equivale a secesión, independencia o desmembración de los Estados, los temores subsisten en algunos países. Para el representante de Australia, Peter Heyward, por ejemplo no "sería adecuado" incluir el término "libre determinación" en la Declaración porque para "muchas personas implicaría establecer naciones y leyes separadas".

El representante del Japón, Takeshi Seto, dijo que ningún instrumento internacional de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas menciona los derechos colectivos, por lo que la legislación de su país no reconocía esos derechos ni podía garantizarlos en su Constitución.

Aunque en esta oportunidad Estados Unidos no explicitó su posición, el año anterior si lo hizo, indicando que "no había ningún instrumento o práctica internacional que concediera a todos los grupos indígenas sin distinción, el derecho de libre determinación. Según el derecho internacional los "pueblos" que tenían derecho a la libre determinación eran todos los pueblos de un Estado o los pueblos que podían formar un Estado soberano independiente, y no determinados grupos dentro de un Estado".

Avance gradual

Otro grupo de países con posiciones calientes y tibias, entre los que se encuentran Dinamarca, Suiza, Noruega, Finlandia, Filipinas, Bangladesh, Guatemala, Ecuador, Bolivia, México y otros tienen una mayor apertura y van despejando los temores. Juan León, de la organización guatemalteca Defensoría Maya, dice que el avance es gradual. "Hace 5 años existían unos pocos países que más o menos aceptaban la terminología de pueblos, territorios, recursos naturales, pero en la medida en que los pueblos indígenas en cada país han avanzando en materia legislativa y jurídica y en movilizaciones, los gobiernos han ido entendiendo también estas cuestiones, y ahora hay una gran mayoría de países que aceptan la utilización de estos términos. Se ha llegado a entender que la autodeterminación no es escisión, creación de nuevos territorios, de nuevos países o mutilación de los Estados actuales. Lo que se busca es una garantía para el pleno respeto y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en un solo territorio, en convivencia pacífica, armónica e igualitaria con el resto de la sociedad; no se busca tampoco derechos referenciales, o derechos discriminatorios sobre el resto de la sociedad, creo que esto ha ayudado a mover posiciones", agrega.

Blanca Chancoso, dirigente de relaciones internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, manifestó que las constituciones de ciertos países latinoamericanos como Ecuador ya reconocen a los pueblos indígenas y a sus derechos colectivos, e instó a otros gobiernos a no retroceder y a avanzar en este camino. El representante del gobierno de Ecuador, José Valencia coincidió con esta posición: "la Constitución del país declara que el Ecuador es un Estado multicultural y multiétnico", dijo. El Ecuador garantiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho de propiedad de las tierras colectivas, el derecho a ser consultados y beneficiarse de la explotación de los recursos naturales de sus tierras, y los derechos de propiedad intelectual, añadió.

El representante del gobierno e Guatemala, Antonio Arenales-Forno, manifestó que no era necesario restringir el significado del derecho de libre determinación, en tanto que el delegado del gobierno de México, Alejandro Negrín Muñoz, dijo que su país reconocía el concepto de pueblos indígenas y que la libre determinación debía entenderse como la autonomía de ejercer algunos derechos en el marco del ordenamiento jurídico nacional, respetando la integridad territorial.

Bangladesh y Bolivia opinaron que el derecho a la libre determinación era el medio para resolver los conflictos y promover la coexistencia pacífica de los pueblos, concepto que recibió el apoyo de varios representantes indígenas.

Los planteamientos indígenas van ganando terreno tanto en Latinoamérica como en el mundo, aunque hay gobiernos como el de Argentina y Brasil que mantienen posiciones muy cercanos a los países fríos. La pregunta que surge es si en los próximos años se podrá remover las posiciones duras de ciertas potencias que aún mantienen prácticas neo-coloniales y discriminatorias.

El dirigente indígena guatemalteco, Juan León, manifiesta que países como Ecuador, Guatemala, México, Bolivia, Suiza, Dinamarca y otros que han manifestado posiciones favorables a los indígenas deben ser firmes para que "la postura que se ha ganado hasta ahora también vaya modificando la correlación de fuerzas que todavía es negativa para los pueblos indígenas".