Asunción (AIPE)- Paraguay es una gran planicie de tierras fértiles surcadas por numerosos ríos. Un país predominantemente agropecuario. Pese a ello, menos del 15% del territorio está explotado eficientemente. La inversión ha caído. Muchas propiedades han sido abandonadas debido al implacable asedio de ladrones de ganado, delincuentes e invasores de tierras. Uno pensaría que se está haciendo lo imposible por devolver la seguridad al campo y por atraer inversiones que reviertan la creciente desocupación y miseria. No es así. La solución del gobierno es crear un impuesto al patrimonio rural para supuestamente obligar a los propietarios a hacer producir sus tierras.
Mientras el campo se hunde en violencia y convulsión, los gobernantes dificultan aún más la producción. No parecen entender que si no existen seguridad y orden, ni a punta de pistola lograrán hacer producir las tierras. O no aprenden nunca. La condición indispensable para la producción es dar las máximas garantías al trabajo y la inversión. Desde hace más de 6.000 años, el avance de la agricultura y la prosperidad de los pueblos dependen del respeto a los derechos de propiedad. Los gobiernos nacieron precisamente con el fin de proteger la propiedad privada y los pueblos que mejor la protegieron fueron los que más progresaron.
La intención del gobierno era crear un impuesto a la tierra que castigue la tenencia ociosa e impulse la producción eficiente y la creación de empleos en el campo. Pero el resultado ha sido un impuesto a la inversión rural que gravará el valor total de la propiedad, incluyendo las mejoras o inversiones incorporadas a la tierra. Se castigará así a los productores que realizan mayores inversiones. Ello significa que cada vez habrá menos inversión, subirá el desempleo y el país se hundirá en una miseria sin precedentes.
Para penalizar la tenencia improductiva y obligar a los propietarios a hacer producir sus tierras o a venderlas, el impuesto debe gravar únicamente el valor de la tierra sin mejoras. Este es un valor fácil de estimar. En la tasación de las propiedades rurales y urbanas las inmobiliarias calculan de rutina este valor.
Pero si lo que se pretende promover es el desarrollo sería absurdo castigar al capital. Restando incentivos a la inversión, el desarrollo es imposible. Crecimiento e inversión son sinónimos. En las propiedades más productivas, el impuesto al patrimonio rural recaería casi totalmente sobre el capital invertido, dado que en las mismas el valor de la tierra sólo es una pequeña parte del total. Las propiedades abandonadas o especulativas pagarán mucho menos. Y no habrá razón para hacerlas producir pues significará abonar mayores impuestos. El efecto será exactamente el opuesto al que se busca.
Otro absurdo del nuevo impuesto es su tasa progresiva. Esta no busca aumentar la producción y crear fuentes de trabajo, sino avanzar la fracasada agenda socialista de la forzosa “redistribución de la riqueza”. En regiones de productividad marginal, como el Chaco, las grandes propiedades son esenciales. Su fraccionamiento compulsivo destruirá su rentabilidad y aplazará el progreso. En la planicie chaqueña, donde llueve menos, se precisa de una extensión de diez a veinte veces más que en zonas de mayor precipitación para alimentar a un mismo novillo.
Es posible que detrás del nuevo impuesto existan buenas intenciones, pero su aplicación será desastrosa, en especial, para los pobres. Es lo mismo que con la ley que prohíbe realizar desmontes. La “deforestación cero” suena bien en Europa, pero es irracional en un país muy pobre, que anda a leña y carbón y necesita desesperadamente ampliar su agricultura y ganadería. Peor aún, la regulación que imposibilita la tala de bosques expropia gran parte de los derechos del propietario, sin el pago de indemnización alguna. ¿Quién invertirá así en Paraguay?
En lugar de crear más impuestos y regulaciones para promover el desarrollo de la agricultura y sacar al país de la miseria, hay que eliminar los existentes. No menos importante, urge asegurar la protección irrestricta de los derechos de propiedad y combatir tenazmente a los forajidos que hoy violentan con impunidad a las personas y sus bienes.
(*): Corresponsal de AIPE y presidente del Foro Libertario.
