La agria disputa entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez está mostrando los caminos radicalmente opuestos que han emprendido Colombia y Venezuela bajo la conducción de esos dos presidentes.

El vecino país tiene casi cinco décadas sobrellevando el duro peso de soportar la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana (FARC), grupo de terroristas y narcotraficantes que -en nombre de la igualdad y la abolición de las injusticias sociales y el enfrentamiento a la oligarquía- asesina, roba, secuestra, chantajea y amenaza a toda la nación, especialmente a los campesinos y a los pequeños y medianos productores agrícolas. Los líderes de las FARC mantienen un discurso confuso, lleno de los lugares comunes propios de la visiones arcaístas. El lenguaje redentor solo les sirve de excusa para justificar e intentar legitimar la violencia que propician. Sin embargo, de sus cerebros no sale una sola idea clara acerca de cómo acabar con la pobreza, cómo promover la equidad, cómo fomentar el empleo con salarios que se remonten por encima del nivel de subsistencia, cómo enrumbar a Colombia por la ruta de la prosperidad y el desarrollo. Los labios de Manuel Marulanda, Raúl Reyes o el “Mono Jojoy” solo despiden odio contra la humanidad. El rechazo que provocan en la hermana república es tan grande, que ni siquiera cuando Andrés Pastrana les concedió durante varios años la zona del Caguán, lograron atraer las simpatías de los pobladores. Durante ese período allí se hicieron elecciones para elegir los alcaldes de los municipios ubicados en ese territorio. Los candidatos de las FARC nunca ganaron. El pueblo los execra. El apoyo que obtienen es sobre la base de la intimidación, nunca de la persuasión o el convencimiento.

Con esta banda de irregulares le ha tocado lidiar a los distintos gobiernos colombianos durante los últimos 50 años. Álvaro Uribe obtuvo su primera presidencia con la promesa de combatir sin tregua al grupo terrorista y dar un giro de 180 grados con relación a la actitud complaciente que durante cuatro años tuvo Pastrana. Al llegar al Palacio de Nariño comenzó a cumplir su promesa. Nada de arrumacos con Marulanda, ni con el resto del clan. O las FARC, al igual que había hecho el M-19, se sometía al Estado de Derecho, o serían perseguidas implacablemente por el Ejército regular. Esto es lo que ha sucedido desde que es Presidente. Por su parte las FARC, aunque disminuidas, han mantenido sus ataques al Ejército y han persistido en los secuestros, uno de los crímenes más abominables que puedan cometerse, pues se ejecuta reduciendo al rehén a una condición de absoluta indefensión, y aplicándole una tortura sistemática tanto a la víctima como a su entorno.

Producto de ese método vil de obtener recursos financieros y proyección en el plano político y comunicacional, hoy hay varias decenas de rehenes en manos de los forajidos de las FARC, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Uribe por acabar con ellas. Para el canje humanitario del cual se viene hablando desde hace meses, y que involucraría a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, el presidente Uribe buscó el respaldo, tantas veces ofrecido, del comandante Hugo Chávez. Por supuesto que toda Colombia quiere que ese acuerdo se concrete. Hay que aliviar el enorme sufrimiento de los plagiados y de sus familias. Sin embargo, una cosa es que el Gobierno y el Estado combinados soliciten el apoyo de Chávez y de la senadora Piedad Córdoba y otra, totalmente distinta, es que el Presidente venezolano y la Senadora colombiana intenten congraciarse con unos agentes del mal como son los guerrilleros de las FARC.

Cuando la señora Córdoba visitó Venezuela por última vez tuvo la desfachatez de tomarse fotos sonriendo y ataviada con una boina de guerrillera, con los representantes subversivos enviados por Marulanda. ¿Qué pensaba esa dama, que estaba en Disneyworld con el Ratón Mickey? ¿No se le ocurrió pensar que era una ofensa a las legítimas autoridades colombianas, a las víctimas de los secuestrados y a los familiares de estos, aparecer de lo más sonriente con un grupo de criminales que se han ensañado contra personas indefensas? Por su parte, ese mismo día Hugo Chávez compartió en el palacio de Miraflores la cordialidad de la senadora Córdova con los agentes de las FARC, con lo que les dio -en la sede del Gobierno Nacional- rango de legitimidad a los representes del grupo sedicioso. ¡Después habla de la oposición golpista! En las oportunidades que las autoridades colombianas han solicitado que se declare a las FARC como un grupo terrorista, el comandante Chávez se ha negado a hacerlo. Antes, por el contrario, ha sostenido la peregrina tesis de que hay que asumirlas como una fuerza beligerante en el conflicto armado que vive ese país, con lo cual reclama para ellas una dignidad que no tienen y jamás alcanzarán.

A Colombia le ha costado mucho esfuerzo asentar sus instituciones democráticas y el Estado de Derecho, pues se ha visto sometida a toda clase de acechos por parte de los guerrilleros, los paramilitares y los narcotraficantes, los cuales forman entre sí una mezcla indisoluble. Sin embargo a pesar de todo, ese es un país legalista en el que las instituciones tratan de cumplir con el papel que le corresponde a cada una de ellas. Por eso Álvaro Uribe no puede aceptar, tal como lo dijo con perfecta claridad, que el trato humanitario se convierta en una plataforma para legitimar el terrorismo de las FARC, propiciar el entendimiento del Gobierno con un grupo de forajidos y catapultar el proyecto expansionista promovido por Hugo Chávez con su inmensa chequera petrolera.

Mientras en Colombia, Uribe fortalece las instituciones democráticas, en Venezuela, Chávez trata de destruir los vestigios de democracia que aún quedan y trata de imponer el neocomunismo, muy en línea con lo que quisiera las FARC para los vecinos y para el continente. Dos caminos distintos y opuestos.

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