Hay que entender que lo fundamental del conflicto boliviano es que el Presidente Morales, con el apoyo, “por ahora”, de poco más de la mitad del país está tratando de imponer, una Constitución a la otra mitad de la Nación. Una Constitución es el pacto social básico, donde se inscriben las fundamentales “reglas del juego” político, que norman el funcionamiento del sistema político.En una democracia, es indispensable que estas “reglas del juego” sean consideradas legítimas por una gran mayoría de la población. Por tanto, deben ser el producto de un amplio consenso nacional. Una Constitución aprobada por una mayoría escasa y circunstancial, es una Constitución de parte e ilegítima, tiene una precaria esperanza de vida y crea las condiciones para la inestabilidad política y la violencia fratricida. Por eso, en Bolivia existe la norma de que la Constitución debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la Constituyente. El Presidente Morales, en cambio, hizo aprobar la Constitución en un cuartel militar, impidiendo, a través de la acción de turbas violentas, la presencia de los constituyentes de la oposición. Esa es una conducta que recuerda las tácticas fascistas de Mussolini, en la Italia de los años veinte del siglo pasado. Morales, en vez de buscar el diálogo y la negociación con sus adversarios políticos, ha escogido el camino de la imposición y de la descalificación y deslegitimación de la oposición, tratando de proyectar la imagen de que sólo representa a una minoritaria oligarquía de apátridas, simples títeres del omnipresente Imperio norteamericano. Es evidente que Morales está tratando de aplicar en Bolivia la estrategia que Chávez ha usado en Venezuela. El problema para Morales es que en Bolivia, a diferencia de la Venezuela de los años 1999-2000, la oposición no está tan debilitada. En efecto, tiene la mayoría en el Senado y en cuatro departamentos, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, el más productivo y rico del país. Tiene también una fuerza considerable en otros dos: Cochabamba y Chuquisaca. Se trata entonces de un agudo enfrentamiento político, provocado por un gobierno que quiere imponer un modelo socio económico de izquierda radical, un sistema político autoritario, con fuerte vocación totalitaria y claramente centralista, con un apoyo básicamente concentrado en los tres departamentos de mayoría indígena del altiplano: La Paz, Oruro y Potosí. En estas condiciones, “seguir el ejemplo que Caracas dio”, sin tener además los mismos recursos económicos a disposición del caudillo venezolano, es una receta que conlleva a la violencia y al fracaso. El diálogo y la negociación son los caminos democráticos. El enfrentamiento político además refuerza las divisiones socioeconómicas entre clases y regiones, entre indígenas y mestizos y entre centralistas y autonomistas. Las aspiraciones autonómicas de varias regiones no son algo reciente, sino tienen hondas raíces en la historia boliviana. En Venezuela, en cambio, no existen serias divisiones étnicas y regionales, por eso, es un verdadero insulto a la inteligencia de los venezolanos la denuncia, que Chávez hace, de una supuesta estrategia secesionista de la oposición, en los estados fronterizos con Colombia. La baja en su popularidad, en vista de las cruciales elecciones regionales de noviembre, mantiene nervioso al caudillo.

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