Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Internacionales

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El terrorismo de los años 70

Hermógenes Pérez de Arce

Domingo, 6 de junio de 2004

Santiago de Chile (AIPE)- Monseñor Justo Laguna, obispo argentino, ha protestado ante las versiones kirchnerianas sobre atropellos a los derechos humanos en su país, tachándolas de "asimétricas", por quedarse "con una parte de la historia", siendo que "hubo otra parte", que se oculta.

Acá, en Chile, la asimetría es general. Por ejemplo, después del risible desafuero del ex presidente Pinochet por la Operación Cóndor, busqué en la prensa alguna línea que refiriera la verdad. No la encontré. Todos describían dicha operación como una confabulación de dictaduras para eliminar a opositores políticos. Falso, por supuesto.

En 1974 se formó en París una Junta de Coordinación Revolucionaria de terroristas de Argentina (ERP), Bolivia (ELN), Chile (MIR) y Uruguay (Tupamaros). Su secretario general era el directivo de la DGI cubana, Fernando Luis Álvarez, casado con una hermana del "Che" Guevara. "El Rebelde", órgano del MIR, en octubre de ese año llamaba a fortalecer la Junta Coordinadora del Cono Sur.

Los gobiernos de la región, obviamente, se pusieron de acuerdo para contrarrestar la ofensiva terrorista. Eso fue la "Operación Cóndor". El terrorismo causó muchas muertes. Las fuerzas armadas y de orden chilenas tuvieron 760 bajas en los años 70 y 80 (228 muertos, 520 heridos, ocho desaparecidos y cuatro secuestrados), amén de unos 300 muertos civiles y una cantidad no precisada de éstos heridos. Defender a la población del terrorismo era y es obligación elemental de los gobiernos. En 1998, por ejemplo, España y Francia se coordinaron contra la ETA. Antes, bajo el socialista Felipe González, la operación GAL, de la seguridad española en Francia, liquidó a numerosos etarras. Ni siquiera a Garzón se le ha ocurrido procesar a Felipe por ese exceso.

Pero, claro, estamos en el país de los cerebros lavados. Y una mayoría de jueces chilenos está formada por la suma de los que tienen miedo al oficialismo y al comunismo (si bien no tanto como el que les tienen los militares), más los jueces activistas de izquierda (son cada vez más). Una minoría de magistrados respetables aplica las leyes. En la Corte de Santiago, los primeros suman 14, y los últimos, nueve. Lo puso de manifiesto la votación del ridículo desafuero por la "Operación Cóndor".

Decisiones como ésa han llevado a la justicia chilena a su más alto nivel de desprestigio. Los abogados comunistas de derechos humanos (que no tienen objeciones de conciencia para defender a los terroristas) son, a estas alturas, los verdaderos jueces. Piden y obtienen lo que se les ocurre. Sólo les falta redactar resoluciones.

El otro día, la quinta sala de Apelaciones, privada de sus integrantes serios (Ana Gloria Chevesich y Sergio Muñoz), hizo algo que ni siquiera el ministro Guzmán se había atrevido a hacer: procesó al general Sergio Arellano (que conduce a Pinochet), por el supuesto asesinato (se desbarrancaron en un vehículo) de tres extremistas en Arica, en la madrugada del 20 de octubre de 1973. Pero está probado en el proceso que Arellano y su comitiva no estaban en Arica. Volaban esa madrugada de Calama a Antofagasta. Tanto, que ni siquiera el mismo Guzmán osó procesar a Arellano por lo de Arica. Pero después lo hizo la quinta sala, a instancias del abogado del Partido Comunista. Es que Guzmán ya ha copado su cuota, pues antes ha procesado a Arellano por muertes en Cauquenes, cuando se hallaba en Valdivia y Puerto Montt; y en Linares, cuando estaba en Temuco.

Es esta verdadera chacota judicial en los politizados procesos de derechos humanos la que ha convertido a la judicatura chilena en el hazmerreír de los juristas serios.

(*): Analista político chileno.

©AIPE

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