Quien administra los tesoros de la hacienda pública nacional hace y deshace con los recursos procedentes del motor productivo nacional, reconocer la gestión que ha realizado Hugo Chávez en pro de las comunidades y los sectores desposeídos que conforman las regiones, también hay que indagar el presupuesto destinado para la ejecución de obras fuera de nuestras fronteras en forma de donación, obsequio, regalía y afectividad. Venezuela expone un sistema democrático, el estado tiene que abogar por el bienestar del ciudadano de forma sustancial en: educación, seguridad, política habitacional, empleo, salud, alimentación, deporte, jurisdicción, protección, defensa y amparo, economía y social sin élite ni privilegios. La Presidenta de la Asamblea Nacional y sus diputados se muestran parcializados y no aplican la ley, deben desempeñar sus actividades por las cuales fueron elegidos ni interactúan para justificar los ingresos y egresos. Los recursos son aprobados por el gobierno nacional y quienes integran la Asamblea siendo enviados para la construcción de proyectos comunitarios, pero ese presupuesto lo desvían por los caminos de la corrupción donde prevalece el burócrata que se vincula con el burocratismo. La Ley de Salvaguarda de Patrimonio Público Nacional debe ser activad por el contralor general y la Fiscalía de República, solicitar un antejuicio de mérito apoyado por los Asambleístas y Diputados. Pareciera que los poderes públicos están a merced de Presidente como si fueran seleccionados bajo influencia politiquera.

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