“Un político piensa en las próximas elecciones; un estadista, en la próxima generación”. James F. Clarke
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La entrega de las firmas solicitando la convocatoria a un Referéndum Revocatorio del mandato del presidente de la república constituye un hito y un límite: supone la culminación de un largo proceso de cuestionamiento de la gestión presidencial, que atravesó por diversas, contradictorias y muy costosas etapas para el país todo, y marca una separación tajante en el escenario político nacional. A partir de hoy, sin duda, el escenario político del país es otro. Ha dado la oposición un paso definitorio que sólo culmina en la realización del evento solicitado y la celebración del más importante y trascendente paso establecido en la constitución de 2000: la interrupción del mandato presidencial. Si partimos del sano supuesto de que gobierno y oposición, aún por sobre tan contradictorias apariencias, están en manos de gente seria – lo contrario sería simplemente una tragedia – unos y otros están perfectamente conscientes de que las firmas recaudadas superan en casi un 30% la cifra necesaria para convocar el Referéndum, de que tal recolección supuso esfuerzos y sacrificios muy por sobre los necesarios para un simple acto comicial, y que consiguientemente será muy improbable que la oposición no logre un número muchísimo mayor de votos favorables a la revocación. Un cálculo conservador sitúa la voluntad revocadora en alrededor de cuatro millones y medio de votos. Lo cual nos permite anticipar que a mediados del 2004 estaremos enfrentados a una elección presidencial y que de acuerdo a la tradición inercial de nuestra vida electoral tales elecciones serán ganadas por el candidato de la oposición. Coincidentes dichos comicios con los considerados constitucionalmente para diputados, alcaldes y gobernadores en esas mismas fechas, todo nos lleva a presumir que el país vivirá dentro de algunos meses una dramática pendulación de sus favores políticos con una abisal transformación de las coordenadas de gobernabilidad. En un año, el panorama del Poder habrá sufrido en nuestro país una dramática transformación, así las formas concretas que asumirá dicha transformación no nos sean del todo claras.
Sería absurdo desmentir el presupuesto básico de nuestro análisis negando que tal escenario puede ser drásticamente alterado, sin que medien actos de fuerza, altamente improbables dadas las coordenadas democráticas y constitucionales que rigen el comportamiento de las fuerzas políticas de gobierno y oposición en el momento actual. La actual unidad de las fuerzas opositoras es reactiva y se ve favorecida por el objetivo supremo de revocar al presidente de la república. Aún no se ve compelida por tareas positivas, inmediatas o futuras de gobierno y aparentemente está lejos de permitir un acuerdo o concertación de voluntades en función de un proyecto histórico de nación, esto es: de gobierno a mediano y largo plazo. Pueda que tras esta frágil unidad circunstancial se manifieste una debilidad congénita de la oposición a pensar en grandes escenarios y a concertarse tras metas de objetivos programáticos de profundo y largo aliento, tales como un proyecto de modernización nacional que nos permita la inserción en el proceso de globalización, siguiendo el ejemplo de Chile o México. Debilidad tanto más acuciante, cuanto que el régimen que combatimos involucra más, muchísimo más que una mera figura caudillesca, el cual representa y simboliza en verdad un proyecto nacional de largo plazo. Así dicho proyecto nos parezca aberrante. Pero lo cierto es que a un proyecto de gobierno de largo plazo, por aberrante que lo sea, sólo se le puede enfrentar con otro proyecto de largo plazo. Mientras ello no sea comprendido, la lucha por la revocación del mandato de quien funge de mascarón de proa de ese proyecto de país será inútil. Para comenzar a situar el problema que, como oposición enfrentamos, debemos partir por reconocer que no luchamos por salir de Chávez: luchamos por salir del chavismo, por salir de una particular visión de sociedad que él involucra y que nos ancla en un pasado que quisiéramos terminar por enterrar definitivamente. Luchamos, en rigor, por salir del subdesarrollo, condición sine qua non del chavismo y de toda forma caudillesca y autocrática de gobierno.
No podremos revocar el mandato del presidente de la república si no iniciamos por lo tanto y simultáneamente la reconstrucción nacional tras un proyecto de nación de largo plazo. Para lo cual, la unidad, convertida en concertación, se hace necesaria de fatalidad. Siendo así, la unidad de todas las fuerzas progresistas y opositoras no es una opción: es la única alternativa. O unidad o fracaso.
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No es sólo la oposición la responsable de que el grave enfrentamiento que sacude a nuestra sociedad parezca enrielarse constitucional, electoral, democrática y pacíficamente, tal como quisiera la resolución 833 adoptada por la OEA en noviembre del 2002. Más allá de las escaramuzas, algunas de graves y muy dolorosas consecuencias, que se vivieran en el terreno del enfrentamiento entre el régimen y las fuerzas opositoras, lo cierto es que una extraña prudencia de último minuto ha impedido que en nuestro país se desaten los demonios que los sectores más extremos y antagónicos de la sociedad no cesaran de acicatear. Pueda que la prudencia haya sido uno de los bienes aprendidos durante este año tan crucial para nuestro futuro, a pesar de la sostenida imprudencia verbal de quien ha llevado hasta ahora la batuta del concierto de desastres que nos atribula. Por lo menos en su caso, el lenguaje ha sido arrastrado hasta sus últimos límites: la semántica presidencial ha metaforizado los peores designios, felizmente aprisionados dentro del cerco de sus dientes gracias a una acción perseverante y hasta ahora victoriosa de las fuerzas democráticas del país, que no se han dejado aplastar.
Ello ha sucedido además gracias a un hecho determinante en el curso del comportamiento opositor a partir del doloroso fracaso del paro general de diciembre-enero: la recuperación de la política en la conducción de los asuntos opositores y la preeminencia de los dirigentes partidistas – algunos tradicionales, otros recién incorporados al escenario público – en la toma de decisiones. Al respecto, se equivocan quienes consideran que ese desplazamiento desde el amateurismo político de dirigentes gremiales, sindicales y empresariales hacia la gestión de los profesionales de la política se ha debido a una concesión de la sociedad civil. Lo cierto es que ante el rotundo fracaso de dicho paro, puesto en práctica por la presión incontrolable de los sectores más extremistas de la sociedad civil, los empresarios y líderes mediáticos – especialmente de algunos empresarios de prensa, radio y televisión, así como de sus comunicadores estrellas, convertidos por una extraña y muy desgraciada comedia de equivocaciones en dirigentes de luchas civiles – la clase política de la sociedad venezolana, empujada a una suerte de destierro interior por la misma marea de errores que llevaran a la elección de Hugo Chávez y al reiterado apoyo que se le brindara durante tres largos y angustiosos años, se vio en la necesidad de reasumir el control y la conducción de la lucha política opositora. Ello se hace particularmente notable desde el momento en que el gobernador Enrique Mendoza se hace cargo de la coordinación general de la Coordinadora Democrática, los partidos que en ella confluyen hacen pesar su experiencia política y organizativa en las decisiones que allí se asumen y los sectores más radicalizados de la sociedad civil que formaban parte de ella se auto excluyen constituyendo el Bloque Democrático. Desde entonces, corría mediados del 2003, la política opositora vuelve a estar en manos de los políticos de la oposición. Y aunque la unidad puesta en práctica por los más destacados dirigentes de los principales partidos vigentes, especialmente los constitutivos del llamado Grupo de los 5, no alcanza los desafíos que la historia y el país les plantea y no incide, por lo tanto, en la medida de las exigencias sobre el curso de los sucesos, los resultados están a la vista: la realización del Reafirmazo y la entrega de 3.474.050 firmas el día 18 de diciembre recién pasado. Si la unidad se consolida y se eleva a la altura de las circunstancias, la oposición ganaría un enorme espacio de acción, necesario para los desafíos por venir. Es preciso, por lo mismo, anticiparse a los hechos y asumir con responsabilidad las medidas históricas que los nuevos tiempos nos plantean.
De la capacidad de los partidos políticos por renovarse a fondo y afianzarse en el liderazgo de las luchas opositoras, así como en su rechazo al egoísmo de sus propias y legítimas apetencias en aras de una amplia concertación de esfuerzos y la comprensión del papel que ha de desempeñar la sociedad civil en el nuevo sistema de Poder y dominación, dependerá en gran medida el éxito de este verdadero relanzamiento nacional. Partidos políticos renovados, amplios y abiertos permanentemente al cuestionamiento público, así como un constante y activo intercambio de sabia e ideas con la sociedad civil y sus distintas organizaciones, dependerá el metabolismo político y la gestión pública del futuro. La dirigencia del futuro se encuentra in status nascendi. Es preciso contribuir a que se constituya de una buena vez y asuma a plenitud sus responsabilidades para que veamos por fin en acción a un nuevo liderazgo. Será entonces el comienzo del fin del pasado.
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No sólo la emergencia de una sociedad civil organizada y activa caracteriza al nuevo escenario social y político del país: el otro elemento que viene a modificar drásticamente las coordenadas vigentes desde 1958 hasta 1998 es la aglutinación política de los sectores más pobres y marginalizados de la sociedad venezolana tras las banderas del chavismo, fenómeno posterior a la elección de Hugo Chávez, alcanzada por una amplia concertación de fuerzas sociales que van desde la alta burguesía hasta los sectores más desplazados y marginales de la población. En este sentido, el gobierno de Chávez ha provocado la desagregación de la amplia bases social de apoyo que lo catapultara a la presidencia de la república – inicialmente articulada en la clase media de propietarios y profesionales inconscientes de la propia identidad de sus intereses – y la concentración de sus esfuerzos políticos y los de su partido, el MVR, en la conformación de un bloque social revolucionario centrado en la llamada marginalidad. El chavismo es la articulación de los intereses de estos sectores bajo una ideología heterogénea y difusa, aglutinados por el indudable liderazgo de naturaleza aluvional y caudillesca del teniente coronel. ¿Sobrevivirá a la desaparición de Hugo Chávez, en caso de que la primera víctima del cambio de gobierno fuera el ex presidente, suficientemente lastrado de hechos delictivos, casos de corrupción y delitos de lesa patria como para evitar ser severamente enjuiciado?
La clientela del caudillismo chavista se ha visto dramáticamente incrementada por el general empobrecimiento de la sociedad inducida por las desastrosas políticas públicas del régimen. En esta suerte de círculo vicioso se encuentra la explicación del aparente milagro de la insólita persistencia de Chávez en un cómodo lugar de las encuestas entre los más pobres a pesar del manifiesto e inocultable fracaso de su gestión: ella genera pobreza, pero la recicla ideológicamente en un discurso que reivindica la marginalidad y la pobreza como elementos constitutivos de la identidad de aquellos a los que el régimen se dirige y hacia cuyo auxilio aparentemente se orienta. Son, al respecto, ejemplares los llamados “proyectos”: en lugar de combatir la pobreza y eliminar el rancho, el gobierno profundiza la pobreza e incrementa los ranchos, dotándolos al mismo tiempo de un auxilio marginal de beneficencia. No eleva y masifica la calidad de la educación: la rebaja ofreciéndola como servicio asistencial “in situ”, con su proyecto Ribas. No desarrolla poderosos servicios asistenciales: deja que los hospitales se hundan en el desastre y ranchifica al mismo tiempo la medicina, poniéndola a disposición “in situ” con el proyecto “barrio adentro”. Fracasado el intento por posesionarse de las centrales sindicales y controlar políticamente sus dirigencias, para imponer una suerte de “proletarización” de la política según el clásico esquema del marxismo leninismo, el chavismo se reorienta hacia la marginalidad, profundiza la marginalización y la convierte en su “sujeto histórico”. De este modo, el régimen ha hecho de sus fracasos una virtud y de sus víctimas “protagonistas históricos”. Es el modo diabólico mediante el cual el círculo vicioso de la marginalidad se convierte en el círculo virtuoso del “bolivarianismo”. La deducción es insoslayable: el gobierno fomenta la pobreza y el fracaso para alimentar su clientela de pobres y fracasados. Razón suficiente como para promover el desempleo, inducir la quiebra de la economía privada e informalizar los mecanismos de reproducción económica y material del sistema.
Es primera prioridad del primer gobierno de emergencia nacional romper este círculo vicioso en su punto de origen: combatiendo la marginalidad y la pobreza. Cada puesto de trabajo recuperado por los trabajadores es un voto menos para el chavismo. Cada cama de hospital recuperada es un voto menos para el chavismo. Cada pupitre recuperado para un estudiante venezolano es un voto menos para el chavismo. Plantearse, en cambio, la recuperación de los llamados “proyectos revolucionarios” con un simple cambio de nomenclatura o sentido es no comprender la raíz del problema. La Venezuela que la historia reclama es una Venezuela en combate frontal contra el rancho y la cultura marginal que vehiculiza. El Chavismo no tiene existencia ideológica autónoma: parasita de la miseria que él mismo genera y masifica. Con el chavismo no se transa: se le aniquila en su raíz.
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¿Es posible plantearse el sueño de una Venezuela democrática, moderna, progresista, justa y solidaria bajo sus actuales condiciones sociales? ¿Puede un nuevo liderazgo apostar por la modernización del país cargando con el lastre de la pobreza y la miseria, expresadas políticamente por el chavismo? ¿Es gobernable una sociedad que quisiera apostar por el futuro y la modernidad soportando al mismo tiempo los ataques inclementes de un chavismo que, aún desaparecido su liderazgo, podría apostar por la ruina general del país, toda vez que ha perdido el gobierno de la nación y ve inexorable su desaparición como expresión política?
El problema de la gobernabilidad adquiere, por las interrogantes señaladas, la primera prioridad en el primer gobierno de la transición, que será sin duda, como lo ha señalado acertadamente Alberto Quirós Corradi, un gobierno de emergencia nacional. No sólo ni principalmente por los graves quebrantos que se avizoran frente a una oposición activa, rencorosa, militante y dispuesta a llevar el caos hasta sus últimas consecuencias, incluido el terrorismo. Sino por la quiebra institucional que se hereda y las ruinas dejadas a nivel del aparato de Estado por el actual régimen. El sistema judicial requiere una atención de urgencia, la asamblea podría continuar en manos del chavismo, los poderes ciudadanos son una parodia de lo que debieran y lo que posiblemente sea de efectos aún más devastadores, el ejemplo de desgobierno y la sistemática conculcación de todos los derechos ciudadanos y la propaganda activa a la violencia y el crimen desde la más alta instancia de gobierno han aniquilado la presencia de toda forma de Estado, internalizado en el comportamiento ciudadano.
Ya hemos hecho referencia a la unidad como sostén fundamental de ese gobierno y elemento clave de su gobernabilidad. La unidad debe constituir la centrifugadora de las fuerzas medulares de dicho gobierno. El respaldo debe ser pleno y total, sin cortapisas, y debe expresar el soporte incondicional de las fuerzas sociales de la nueva Venezuela. El control de la FAN debe ser, asimismo, total y sin fisuras, pues deberán jugar un papel crucial en el orden interno. Y la lucha por la conquista de los poderes locales debe llevarse a cabo sin miramientos y con todo nuestro potencial de combate. Pero nada de todo ello sería verdaderamente efectivo si no se articula a partir de una verdadera guerra a la corrupción, centrada en un proceso público y eficaz contra la dirigencia del chavismo incursa en actos de corrupción. Todos los casos de corrupción deberán ventilarse a la luz pública y hasta sus últimas consecuencias. Por primera vez en la historia de la república, el ansiado deseo de castigar a la corrupción debe hacerse realidad. Sin que ello suponga retaliación de ningún tipo, pues no se trata de un juicio al pasado inmediato, sino a sus peores lacras. En absoluto hablamos, pues, de reeditar la historia de 1945. Pero el temor a no cometer los errores de AD en dicha circunstancia tampoco debe llevarnos a hacernos cómplices del más gigantesco saqueo a los bienes públicos experimentado desde aquella lejana fecha. Menos aún, si tal combate a la corrupción se ve acompañada de un serio entendimiento con las fuerzas del chavismo en la Asamblea, siempre y cuando libres del flagelo mencionado y las medidas sociales y económicas de urgencia asumidas para aliviar las cargas dejadas por el gobierno entre los sectores más pobres y marginados de la población.
El chavismo debe ser tratado, pues, según la vieja y conocida metáfora de la mano de hierro enguantada en seda. A la delincuencia del entorno el justo e implacable trato de la justicia. Sin miramientos. A los dirigentes y militantes del MVR que hayan procedido de buena fe, los brazos abiertos. Al pueblo chavista, nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestra solidaridad.
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La gran dificultad que enfrentará el liderazgo del futuro será atender prioritariamente las urgentes tareas del momento: gobernabilidad y crisis económica y social, -pobreza, hambre y desempleo-, sin dejar de mirar hacia el futuro de mediano y largo plazo. Pues nuestra lucha no se agota en las próximas elecciones: se orienta a crear a partir de hoy la Venezuela de las próximas generaciones. Tiene, pues, la vista puesta en los próximos cincuenta años.
Muy probablemente contará el próximo gobierno con un respaldo social amplio y sólido, asentado fundamentalmente entre los sectores de clase media, especialmente de aquellos grupos de empleados, profesionales, técnicos y empresarios mayores de 40 años. Es el sector clave en la consolidación de la estabilidad democrática y la apuesta por la modernización. Pero carecerá muy posiblemente, salvo que se hagan los correctivos necesarios desde ahora mismo, del respaldo entre los sectores jóvenes y de un gran contingente de sectores populares desencantados de la política y ajenos a los compromisos con la democracia ante los graves quebrantos materiales que enfrenta, y cuyo diagnóstico no hemos sabido esclarecerles.
Se hace, pues, absolutamente prioritario atender preferentemente a dichos sectores de la población y enamorarlos con un proyecto de nación que pueda garantizarle frutos, así sean modestos pero mensurables, en el corto y mediano plazo. Será necesario pedirle sacrificios, que podrán ser asumidos sólo si el liderazgo del futuro demuestra en su práctica cotidiana compartir las penas y los sufrimientos de esta verdadera “travesía por el desierto”. Por lo tanto: gobierno de líderes austeros, cercanos a la gente, abiertos a las penas y angustias de las mayorías. Para ello será necesario demostrar en la práctica que la cercanía de Chávez a la gente era falsa y mendaz: de la boca para afuera. Habrá que dar a conocer el carácter abusivo, “saudita”, corrupto y mendaz de Chávez y su entorno: desenmascarar los robos, los lujos, los abusos de un régimen que se llenaba la boca con la palabra pueblo y miseria pero se movilizaba en aviones de ensueño y llegaba a pisos completos de hoteles dignos de las mil y una noches.
Apostamos, por lo mismo, a líderes jóvenes, austeros, sacrificados, constantes, luchadores, inteligentes y capaces. Tendrán en sus manos la más angustiosa y fructífera convocatoria del nuevo milenio: aquella que incita a construir un país de grandeza, a la altura de los designios que le encomendaran al nuestro Dios y la naturaleza.
