La reciente crispación del Presidente al enterarse que su carnal, el camarada Reyes, había fallecido en la frontera colombo-ecuatoriana a raíz de una llamada telefónica desde Miraflores, que le permitió a Uribe triangular su posición, así como la movilización de los diez batallones, es una inmensa cortina de humo. La elección chucuta de la directiva del PSUV, también. Un millón de militantes, gritaban sus organizadores el año pasado, cuando obligaron a los empleados públicos a inscribirse en el partido y el líder fundacional que más votos sacó en las elecciones del domingo pasado no llegó a 40.000.

Todo forma parte de una escenografía macabra implementada para ocultar una situación muy delicada: la aprobación sin mucho ruido de cambios drásticos en la estructura jurídica del país, rechazados por un amplio margen de la población el pasado 2 de diciembre.

Después de PDVSA, pocas oficinas públicas funcionaban tan bien en la IV República como los Registros y Notarías, adscritos al Ministerio del Interior y Justicia. E incluso en esta V República, a pesar de los sueldos desorbitados que ganaban muchos funcionarios, encargados de las más apetecibles oficinas comerciales. Era usual ver salarios superiores a los cincuenta o setenta millones mensuales, pero las oficinas de estos profesionales del Derecho producían ese caudal de fondos y el servicio que le prestaban al usuario era impecable.

Y además contribuían con sumas importantes a las cuentas del Estado. Esta semana destruyeron el sistema de registros. Rodríguez Chacín firmó la resolución ministerial o Acta de Defunción, donde oficialmente se le rebajan los sueldos a todos los funcionarios adscritos a estas oficinas públicas. Cantidades irrisorias, inferiores a las que gana cualquier obrero rural calificado. Un registrador cobrará, cuando y si le depositan, Bs. 1.800 mensual. Un revisor, Bs. 1.200. Un escribiente ganará salario mínimo, más cesta ticket y un bono hogar de Bs. 20, menos los descuentos. ¿Qué hará con ese mísera suma un empleado de carrera con veinte años de experiencia y estudios de postgrado?, ¿o un revisor o cualquier escribiente que podía llevar a su casa tres millones al mes y que le garantizaba eficiencia a los millones de usuarios que frecuentaban sus oficinas a nivel nacional?.

La resolución va a provocar una renuncia masiva de funcionarios y ya desplazaron de sus cargos a abogados con enorme experiencia que gerenciaban desde Caracas esta inmensa red de servicios. La explicación es sencilla. Algunos se preguntan por qué el Ministro se enfrentó a uno de los grupos más eficientes de la administración pública. No fue un error. Hace un año apareció en Gaceta Oficial la nueva Ley de Registros y Notarías y ahí se estipulaba la creación del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. El manejo de este nuevo sistema, de acuerdo a declaraciones dadas por el entonces Ministro Jesse Chacón, le fue otorgado a una empresa cubana, que dotaría a las oficinas de la infraestructura tecnológica necesaria para interconectar todos los detalles de las propiedades de los venezolanos. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia que tienen los cubanos en el manejo legal de la propiedad privada, para que le entreguemos toda la información relacionada con nuestros activos? Precisamente, se busca el control total y la regulación de la propiedad de acuerdo a futuras modificaciones del Código de Comercio, como si la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente hubiera sido aprobada. Nuestros eficientes abogados serán sustituidos por personal debidamente entrenado en Cuba o afín al odio visceral que los boliburgueses tienen por la propiedad ajena.

aracal@gmail.com