Hay un cuadro institucional establecido en la Carta de 1999, evidentemente traicionado. Partiendo de la muy formal distinción e independencia de los órganos del Poder Público, se abre todo un abanico distorsionado de instancias, despachos, organismos y otros dispositivos del Estado indigestado por todas las competencias, funciones y ocurrencias que ha monopolizado crecientemente, gracias a una dislocación de leyes y reglamentaciones que pocas veces cuentan con un soporte jurídico convincente.

La institucionalidad de la llamada quinta república, no es tal, sino proliferación interminable de dependencias de todo nivel, incluyendo el desagüe presupuestario de empresas mercantiles y fundaciones de aparente actividad no mercantil, presta a la caprichosa creación, fusión, liquidación, reaparición e ilógica adscripción, como ha ocurrido con CONATEL recientemente. La imaginación ministerial del jefe del Estado, a juzgar por las ediciones diarias de la Gaceta Oficial, dibuja un universo de miles de de ministros, viceministros, directores generales, directores de línea, presidentes de los entes autónomos, bancos y empresas del Estado, o de las sempiternas fundaciones traganíqueles: el número acumulado de los altos funcionarios supera con creces las nóminas de la burocracia gomecista de larga data o perezjimenista de más modesta duración, aunque cualquier tesista ocioso pueda descubrir rotaciones constantes, nepóticas u otros atrevimientos que soliviantarán toda teoría que se tenga sobre las clases sociales en el gran circuito rentístico que somos.

La improvisación y la arbitrariedad se juntan en cada circunstancia, para intentar una respuesta a los problemas de diaria gestión de la gigantesca, atolondrada y costosa maquinaria estatal, a la vez de satisfacer el prioritario objetivo de garantizar la suprema jefatura. Empero, la estelar lista de las principales dependencias constituyen un dato tangencial, al lado del deterioro deliberado de la Fuerza Armada, restándole el profesionalismo deseado, y – disculpen el término – la parapetización del partido único.

Improvisación y arbitrariedad sintetizadas en la noción de lo campamental, huelga comentar la situación de la corporación castrense, orientada hacia su milicianización, en beneficio del partido fundido irremediablemente con el Estado para el desarrollo del proyecto. Las instancias superiores, más publicitadas por el desempeño y la dopada conflictividad del aparato, no permiten ver las más decisivas, las de base.

Gracias a las precisiones de Víctor Blanco, con motivo de la tertulia a la que asistimos con el viejo roble Domingo Alberto Rangel, pocos días atrás, nos percatamos de la importancia que tiene el PSUV en lugares como Mariches, cuyo nivel básico de actuación reside en lo que llaman salas o salones de batalla, denominación lo suficientemente ilustrativa de una militarización de las estructuras del partido y del lenguaje. Obviamente, la instancia más simple de dirección está conformada por funcionarios del Estado, directos e indirectos, que no sólo gestionan - en lo posible - aquellos recursos que les permitan desarrollar una propia clientela, sino que pueden administrar la violencia en el ámbito de actuación, avalada la junta comunal con la que se conecta para compartir las ventajas dinerarias que pueda lloverles: la comunalidad no es expresión de una ciudadanía independiente, sino instancia defensora de la pretendida revolución por la que es reconocida y recibe la correspondiente transferencia de dinero, bajo la mirada del comisariato político.

Desconocidas, subestimadas o despreciadas, pocas veces valoramos la importancia de las células, comités de base o redes populares de los partidos políticos, fiel reflejo de la calidad de sus más elevados cuadros de dirección. Por ello, tendemos a ignorar tales salas o salones de batalla, mínima expresión del PSUV que jamás podrá competir con los exitosos rendimientos mediáticos de las superiores instancias, que actúan en el campo civil. Además, con la entidad armada, parecen piezas vitales de la institucionalidad campamental, cercana a la ciudadanía, que poco o nada deben a lo previsto constitucional o hasta legalmente, pues la mismísima jefatura civil o casa del pueblo, como se les dio en llamar, estorba.

DESCALIFICACION PERSONAL

Lucas Riestra es un reconocido experto en derecho ambiental y fue consultado por un órgano escrito de la prensa y otro televisivo, en torno a una de las circunstancias del allanamiento que se hizo a la casa del presidente de Globovisión. Inmediatamente, salió un diputado del gobierno a descalificarlo, a pesar de haber reconocido y utilizado los servicios de Riestra cuando éste prestaba asesoramiento a la comisión correspondiente del parlamento, años atrás, cumpliendo responsablemente con su labor sin hacer distinciones ideológicas. Valga la nota por la indignación que sentimos, pues así como le inventan delitos a los líderes de la oposición, ningún ciudadano está a salvo de las mentiras e intrigas del oficialismo.

luisbarragan@cantv.net

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