La mayoría de los venezolanos depositó y ratificó sucesivamente, en 1998, 1999 y 2000, un claro mandato en los gobernantes que eligió. Ello expresaba y expresa el convencimiento de que Venezuela puede llegar a ser el país en el que siempre hemos querido vivir y superar el índice 80% de la población que todavía se encuentra condenada a condiciones de sobrevivencia.

El país votó por la Constitución de 1999 con la finalidad de refundar la República para establecer una democracia participativa que consolidara los valores de la libertad, la justicia, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien colectivo, la integridad territorial, la convivencia, el imperio de la ley para asegurar el derecho a la vida, a la cultura, al trabajo, la educación, a la justicia social sin discriminación ni enajenación. La realización de estos objetivos pasa, necesariamente, por suprimir las denigrantes desigualdades sociales, los envilecidos mecanismos de los pactos políticos entre los grupos que ostentaban el poder y los privilegios, a expensas del tesoro público, las tierras y riquezas patrimoniales y las instituciones democráticas. De todo ello se desprende un cambio democrático radical en la forma y sentido de concebir y organizar la vida política, económica, cultural y social del país.

Una minoría de ciudadanos, cuyos privilegios creen vulnerados o afectados por las autoridades elegidas por más de la mitad de los venezolanos, ha emprendido, ejerciendo los derechos establecidos por la Constitución, una abierta oposición a la gestión del presidente Hugo Chávez. Esto no sólo es lícito sino conveniente en el espacio de un pluralismo que lejos de debilitar la democracia, la fortalece. No se trata de negar a nadie el derecho constitucional a profesar las ideas y simpatías o antipatías que escoja. Lo que sí debe quedar explícito es que cualquier idea exige responsabilidad y ética en su ejercicio, venga de donde venga.

Lo que no puede arrogarse como derecho esa minoría, a riesgo de colocarse no sólo contra la voluntad popular sino también contra la ley misma, es convertir la disidencia en campaña desestabilizadora, o en descarada incitación al golpe de Estado y al magnicidio, que pretende doblegar, someter o simplemente chantajear a un gobierno fruto de la voluntad popular.

Hay que decirlo con claridad: muchos de estos grupos minoritarios fueron notoriamente favorecidos por los gobiernos anteriores, contra toda prudencia y sensatez republicanas, a través de monopolios empresariales, mediáticos, educativos, culturales y de salud, entre otros. Ahora esos grupos utilizan esos monopolios descaradamente para intentar impedir las transformaciones que los venezolanos emprendimos.

Son estos sectores privilegiados los que han levantado una cortina de humo mediática que se propone ocultar el verdadero fondo del problema. Su discurso no ha querido pasar de las cacerolas al argumento racional; esto nos obliga y compromete, en nombre de una responsabilidad política común, a la exposición razonada de unas leyes justas, fundamentalmente justas, para las clases secularmente desposeídas y olvidadas, así como para la clase media.

Estos grupos se cierran a la discusión racional porque tendrían que revelar los intereses que representan. Detrás del conjunto de leyes que están por promulgarse reside una nueva y radicalmente distinta concepción del país. Entramos ahora en una nueva etapa de nuestra historia. Sobre la base de la legitimidad del cambio, sustentada por una Constitución que ha ampliado sustancialmente la esfera de los derechos ciudadanos y civiles, se está comenzando a construir la plataforma jurídica que dará respuesta a los gravísimos problemas que se han acumulado durante demasiados años de saqueo.

En este contexto es imposible soslayar el papel que juegan los propietarios de los medios de comunicación. Cuando estos patronos vulneran los principios de equidad y objetividad en función de sus propios intereses —salvo que sean órganos de partidos o parcialidades definidas—, vulneran también los principios fundamentales de nuestro sistema democrático. Nunca como ahora en la historia republicana de Venezuela un gobierno ha respetado tanto la crítica, la disidencia, y hasta el abuso. Esta estrategia mediática ha creado la matriz de opinión de que los problemas de Venezuela comenzaron en el período de gobierno del presidente Hugo Chávez, cuando todos sabemos que en realidad es una pesada carga que hemos heredado de los gobiernos anteriores.

¿Dónde están los periodistas perseguidos y desaparecidos?

¿Cuántos periódicos han sido acosados y amenazados de quiebra a fin de forzarlos a cambiar su línea editorial?

¿Cuántos medios han sido allanados o cerrados?

¿Cuántos presos políticos torturados y asesinados hay?

¿Cuántos venezolanos se han visto obligados a pasar a la clandestinidad o al exilio político?

¿Cuántas veces se han suspendido las garantías constitucionales?

¿Cuántos asesinatos en masa han ocurrido como los de Cantaura, Yumare, El Amparo y el Caracazo?

¿Cuántos ministros de economía del actual gobierno están en la nómina de los grupos económicos?

Y ahora que estamos en un proceso de cambio, ¿vamos a escamotearlo y volver a la situación que crearon muchos de los que ahora vociferan? ¿Qué proyecto de país tienen? ¿Será el mismo que aplicaron durante 40 años?

Recordemos que ante el tímido programa de reformas de Rómulo Gallegos en 1948, a un grupo le convino exaltar los ánimos de modo parecido al actual. Esto hizo que muchos de los que querían el fin de Gallegos padecieran luego diez años de dictadura. En América Latina abundan estas experiencias: Jacobo Arbenz, João Goulart, Juan Bosch, Salvador Allende, entre otros. Son lecciones que deberíamos aprender de la historia para no repetirla. No perdamos el clima de libertad y tolerancia que hemos ganado. No es concesión de gobierno alguno sino conquista popular de muchos años de sacrificio. Que las generaciones futuras no nos reprochen que, por un modo irresponsable de asumir el presente, volvamos a atrasar nuestro proceso histórico durante no se sabe cuánto tiempo.

Es necesario fijar posición para defender la razón mayor de este proceso: construir una auténtica comunidad nacional con equidad y sin exclusiones, en donde la vida política sea hecha por todos como una dimensión realizada y formadora de las relaciones humanas. Es por eso que este nuevo proyecto histórico suscita en nosotros una solidaridad superior: lo entendemos como un proceso extenso y laborioso que supone muchas instancias y que, al mismo tiempo que nos incluye, también nos trasciende.

Es nuestra convicción y responsabilidad llamar a todos los venezolanos a participar en el fortalecimiento del proceso revolucionario fundamentado en el intercambio de ideas, la apertura y la paz: una revolución cultural participativa, creativa, constructiva y liberadora, que permita a las mayorías crear y disfrutar la riqueza cultural y simbólica, no sólo de nuestro país sino de la humanidad toda.

La cultura es, esencialmente, expresión de la creatividad. Fuerza generativa que da sentido a la vida y propicia las más trascendentes y bellas expresiones de lo humano. Está en nuestras manos la tarea de construir ese país que queremos, merecemos y creemos posible. Por ello exhortamos a recuperar y fortalecer la lucidez y racionalidad necesarias para esa magna elaboración colectiva. Tenemos la gran tarea de crear una cultura que nos haga soñar de nuevo. Un pueblo renace cuando hay una visión de belleza que inspira a las personas a unirse en un proyecto común.