El ministro de energía y petróleo Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, venía guardando silencio en torno a la sostenida crisis de corrupción existente en algunas áreas de la estatal petrolera venezolana. Por fin, ayer dijo algo, a propósito del escándalo internacional de los 800 mil dólares que intentó llevar a Argentina, el empresario venezolano Guido Antonini, en el mismo avión donde viajaron funcionarios de PDVSA y de su par argentina Enarsa.

Visto está que el gobierno del presidente Hugo Chávez ha sido derrotado por la delincuencia. Lo hemos constatado en diversas oportunidades, como lo indican todas las encuestas de opinión pública, que no sé por qué razón dividen el ramo en inseguridad y corrupción administrativa, siendo que se trata de una muy amplia gama de delitos que al final de juntan (narcotráfico, extorsión, robo de dineros públicos, evasión impositiva, fuga de capitales, estafas, etc.) En prácticas delictivas de lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos (policías, jueces, fiscales, parlamentarios), atropello a los denunciantes de tales delitos y muerte.

Con diversos grados de agresividad, estamos atrapados por las mafias delictivas, después de ocho años y medio de mandato de Chávez. La incompetencia gubernamental frente a la delincuencia y la impunidad campean en Venezuela. Chávez y su gobierno son los principales culpables.

En el caso de la corrupción administrativa podría citar casos protuberantes que han sido objeto de esa especie de discurso del silencio que ha cobijado a los aventajados del régimen chavista. Hernán Grüber Odreman (Gobernación del Distrito Federal) y Luis Quiaro (Banco Industrial de Venezuela), prófugo de la justicia, son ejemplos del manto de impunidad que ha habido. Dos, apenas. La Contraloría no investiga exhaustivamente las presuntas irregularidades, y la Fiscalía congela o acelera los casos, al ritmo de las conveniencias y sugerencias del gobierno. PDVSA no ha sido la excepción, más cuando el presidente Hugo Chávez, personal y públicamente, respaldó al ministro Ramírez y a sus gerentes en PDVSA, para que en la Asamblea Nacional paralizaran las investigaciones que parecían iniciar algunos diputados. Luis Miquilena (caso Micabú-Multinacional de Seguros) gozó del más espantoso abuso de poder, para no ser enjuiciado, pues fue beneficiario de una conspiración manejada desde Miraflores, el Palacio Federal Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia.

Lo que vivimos hoy, es producto de esos ocho años y medio de impunidad, complicidad e hipocresía que han servido para el enriquecimiento vulgar y sin precedentes de los chavistas encumbrados y sus bandas de testaferros. Guido Antonini no es mucha novedad.

EL CONFESIONARIO EDGAR MORA, dirigente nacional de COPEI, nos dio su versión de la situación interna del partido verde: las elecciones están previstas para este mismo año, tal vez entre noviembre y diciembre, previa aprobación de nuevos estatutos. Cree en la unidad socialcristiana, lo que generaría esfuerzos para reunir las principales corrientes de COPEI, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Convergencia, renovando las tesis ideológicas y programáticas, estrechamente asociadas a las políticas del Partido Popular, de España, y el Partido de Acción Nacional (PAN), de México, bajo la orientación de la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América) y la IDC (Internacional Demócrata Cristiana). Simultáneamente, postula esfuerzos por la unidad de la oposición en Venezuela, para enfrentar al gobierno de Hugo Chávez y su proyecto autoritarista. Informó que en la sede de Cujicito funciona la estructura nacional de COPEI; el edificio de la avenida Panteón va a ser adquirido formalmente por la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a favor de las familias que lo invadieron, y se está trabajando en el peritaje respectivo; el de Las Palmas está alquilado al partido Un Nuevo Tiempo (Manuel Rosales); la sede de ODCA, en Los Chorros, tiene valor histórico, ya que albergó al movimiento socialcristiano de América durante décadas y sus archivos son de inapreciable importancia, sus propietarios formales son personas naturales, pero corresponde a ODCA disponer del inmueble. Aclaró que no tiene relación mercantil o profesional ni amistad con Willmer Ruperti; y que nunca fue a reunirse con José Vicente Rangel, cuando éste desempeñaba la vicepresidencia ejecutiva de la República. Le preocupa la forma como fue constituida la Asociación Civil Venezuela Popular, a la que pasarían todos los bienes del partido, pues no fue autorizada por la Dirección Nacional ni discutidos sus estatutos.

HAY INCONFORMIDAD EN COPEI por la creación de tal asociación, cuyos directivos son Orlando Contreras Pulido, presidente; Luis Ignacio Planas, director general, y Jesús Alberto Barrios, vocal; y sus suplentes Elys Ojeda y Virginia Rivero. Corrió la versión de que JAB habría renunciado a ese cargo, y preocupa que sólo con la decisión de dos de ellos, se pueda disponer del patrimonio partidista, pues su Consejo Directivo tiene los más amplios poderes de dirección, administración y disposición y, especialmente, tiene las atribuciones siguientes: Resolver sobre la adquisición, compra, venta, traspaso, permuta, dación en pago, cesión, enajenación y gravamen de los bienes muebles o inmuebles de la Asociación, es decir, de COPEI. El Movimiento de Profesionales y Técnicos se opone firmemente, según carta de su secretario general Carlos Presencia Jurado.

EN EL SENIAT se explota al estilo capitalista para financiar el socialismo del siglo XXI. Ahora si es verdad que la situación en el Seniat es inexplicable.

Para cumplir el mandato de Chávez, hace dos Aló Presidente, de recaudar la meta anual en Septiembre, se ha forzado a los funcionarios a suspender vacaciones, trabajar día y noche, trabajo regular y extra, fiscal de punto, operativos, más el trabajo regular de todos los días, pero de la noche a la mañana suspendieron el aumento de sueldo 2007 y han disminuido el pago de bonificaciones a pesar de la sobre explotación de los funcionarios. Vielma Mora alega que él estaba de acuerdo con aumentar el 25% retroactivo desde enero, pero que (el ministro) Rodrigo Cabeza no lo aprobó en su plan anti inflación, pero los funcionarios del Seniat son la agencia fiscal y tributaria que menos gana en América Latina llevado a dólares. El buen pago a los funcionarios tributarios es una convicción mundial por la eficiencia y contra las posibilidades de corromperse al ser atractivo los beneficios y por la ética personal. Lo cierto es la negación de aumento y reconocimiento de pagos, con jornadas dobles y triples. Vielma anunció hace más de un año el diseño de una política habitacional en respuesta a un comentario del periodista Manuel Isidro Molina, unos años después no existe. La nueva situación es que hay 15 funcionarios del Seniat presos por corrupción (sin justificarlo de ninguna manera), la presión económica está causando estragos en los funcionarios y eso es un caldo de cultivo a personas que sus necesidades les doblen el brazo a la moral.

Cabeza y Vielma explotan a los funcionarios con argumentos neoliberales para financiar el socialismo ¿Neoliberal? del siglo XXI.² Ni quito ni pongo, es expresión de algunos trabajadores.

GONZALO TIRADO YÉPEZ, ex presidente de Stanford Bank, en Venezuela, está solicitando sendas audiencias con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, y el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, a quienes desea exponer lo que considera irregularidades en su contra, a raíz de su salida de esa entidad financiera por haber desmantelado una banda de presuntos evasores de impuestos integrada por empleados de ese banco y funcionarios del Seniat. GTY denunció a los presuntos delincuentes, pagó la deuda al Seniat, y luego fue botado de Stanford Bank, acusado por Allen Stanford, dueño estadounidense de la firma, de ser parte de las irregularidades denunciadas por él. El caso tuvo un doble giro judicial que ha ido ganando Tirado en todas las instancias laborales y penales, en reclamo de sus prestaciones sociales y demandando justa indemnización por daños morales al sentirse difamado por Stanford.

La pelea ha tenido capítulos extrajudiciales en Estados Unidos y en Venezuela, pues según Tirado, Stanford ha utilizado a un grupo de ex espías (CIA, DEA, etc.) para afectarlo personal, laboral y mercantilmente, utilizando como base en Venezuela, los servicios privados de Arpad Bango, ex director de Disip.

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