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Opinión y análisis

RCTV: ¿es del Pueblo?
Enrique R. González Porras(*)

 
Viernes, 29 de diciembre de 2006

La eventual revocatoria o no renovación de la concesión del espectro radioeléctrico ocupado por RCTV y las declaraciones del Ministro de Comunicación e Información Lara sobre la eventual absorción de los trabajadores de RCTV que quedarían cesantes, de ninguna manera constituyen respuestas serias al planteamiento realizado por el presidente de la República.

La explotación de ese espectro radioeléctrico por parte del Grupo 1BC se encuentra financiado por los accionistas y los ingresos que realiza el canal. Así las cosas, resultará muy distinto el que ese espectro sea utilizado por privados o por un ente público. Lo anterior tiene especial connotación en Venezuela, donde la renta petrolera alcanza para intentar nacionalizar incluso la administración o utilización del espectro radioeléctrico. La experiencia de empresas públicas o del Estado ineficientes, que constituyen un saco roto implica un costo de oportunidad muy elevado para los venezolanos, especialmente en materia de inversión, salud y educación.

De igual manera, la proliferación de canales públicos, gubernamentales o del Estado jamás justificaría esta acción por parte del Ejecutivo. El principal actor y explotador del espacio radioeléctrico es Chávez o su visión de país. Sin embargo, si lo observamos desde el punto de vista de audiencia, eventualmente si existe una situación equiparable o incluso desventajosa para el Ejecutivo. Los canales públicos comparados con los privados constituyen un fraude de audiencia para los recursos que demandan.

Ahora bien, la audiencia, la lealtad de televidentes e incluso de clientes y proveedores no viene atada al espectro radioeléctrico, sino que se conquista bregando a lo largo de los años. Declarar que Globovisión, RCTV o cualquier otro canal presenta información tergiversada, malintencionada, obscena o embrutecedora resulta un insulto a todos sus televidentes y evidencia falta de talante democrático.

Sin embargo, la audiencia conquistada por los canales privados podría evidenciar, desde el punto de vista económico, de preferencias y gustos, de eficiencia económica e incluso de bienestar social, un indicador más que contundente.

La teoría de la organización industrial, en específico los novísimos modelos de plataformas o two-side markets, evidencian que no solo un canal de televisión resulta eficiente y socialmente deseable a otro, por su mayor nivel de audiencia y de clientes, anunciantes y proveedores, sino que entre la alternativa pública y privada, la última libera a la sociedad de financiar a un canal ineficiente, sin audiencia, sin clientes y por tanto sin sentido, especialmente si el Estado ya cuenta con al menos 5 canales de televisión.

De igual manera, si el canal es más rentable por lograr encontrar una mayor cantidad y variedad de televidentes y anunciantes, no solo hará viables los servicios que presta, sino que crea valor al espectro radio-eléctrico y a los trabajadores que en este laboran. Esto quedaría evidenciado en un conjunto de subastas, dentro de las cuales aquellos empresarios o actores con mayor experiencia, conocimiento del negocio y capacidad de complacer a un número mayor de televidentes, pujaran más alto que el resto de los participantes.

Un riguroso análisis coste-beneficio, como los que se realizan en los países desarrollados, donde existe pluralidad de pensamiento y donde el dinero público no se despilfarra en cualquier asunto que se les ocurra a sus gobernantes, no soportaría la propuesta de revocar la concesión a RCTV para crear un nuevo canal público o gubernamental.

De hecho, la gestión de gobierno, el Estado o relacionados directos poseen alrededor de 5 canales de televisión. Estos canales de televisión se encuentran financiados por absolutamente todos los venezolanos, incluidos especialmente quienes no los ven. Por el contrario, a RCTV no lo financia ni aquellos venezolanos que ven el canal y mucho menos aquellos que no lo ven.

En países serios, estudios de esta índole podrían permitir revocar concesiones de canales, pero especialmente a aquellos que son de naturaleza pública y gubernamental con la venia del pueblo.

La intención de entregar este espectro radioeléctricos a canales sacados debajo de la manga, llamados Casalta TV o Alpargata TV, parece responder más a intenciones de amedrentamiento o de paso de facturas por no plegarse a lo que para una elites política debería ser la programación adecuada.

Un canal de televisión es una plataforma que consigue razón de ser en un mercado bilateral al incluir mayor audiencia y mayor número de anunciantes, clientes y proveedores (revisar a Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, Richard Schmalensee y David Evans). Si la intención fuese permitir la entrada de proveedores de programación que pudieran encontrar dificultad de entrada, muchas son las alternativas de políticas públicas, distintas a la no renovación o revocatoria de la concesión.

Aquí, la decisión debería ser objetiva porque con seguridad los canales privados comerciales son del pueblo para el pueblo, ya que agregan la mayoría de la audiencia. El resto de canales, públicos y gubernamentales son de una elite, para mostrarse, cobrar sueldos, crear negocios, al fin y al cabo la relación costo y gasto a la audiencia, hace a los canales públicos unos canales burgueses.

Todo lo dicho anteriormente de ninguna manera pretende significar que las concesiones son sagradas o que se otorgan para siempre. Aun así, existen suficientes argumentos económicos, sociales, de eficiencia y de interés publico como para entender que este conflicto no se reduce al Gobierno versus RCTV. Existe de igual manera los derechos e intereses de la audiencia, de los clientes y los proveedores, quienes justifican la existencia de un canal de televisión. Esperemos que exista mesura y responsabilidad en ambas partes y sean expuestos argumentos técnicos, económicos y sociales relevantes y rigurosos, por el feliz devenir de este conflicto.

Tampoco servirá la mayor capacidad de convocatoria y de coerción de una de las partes, contaminando decisiones públicas y colectivas con trasfondos distintos a los que deberían ocupar este tema.

Finalmente, este conflicto no resulta ser del estilo Caracas versus Magallanes o de Chávez contra el Imperialismo, si así se hiciera se estarían quebrantando las leyes y el interés nacional.

Economista.

Master en Economía Industrial.

Especialización en Telecomunicaciones Especialización en Transporte Especialización en Energía Especialización en Farmacia Universidad Carlos III de Madrid enriquergp@yahoo.es

enriquergp@yahoo.es

 

 

 
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