La carrera endiablada del oficialismo para aprobar, atropelladamente, la ley mordaza, la reforma parcial del Código Penal y los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, antes de Navidad, amén del deseo autocrático y enfermizo de reescribir la historia del once de abril, nos dan una idea precisa de la forma como Chávez –navegando con viento favorable- ha interpretado los resultados (trampeados) del referéndum revocatorio presidencial y de las elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados a los Consejos Regionales. Todo ello nos recuerda –guardando las distancias abismales, claro está- aquellos agitados y convulsionados días de la revolución francesa, encabezada por sus máximos jefes, Danton y Robespierre, que posteriormente fueron también conducidos a la guillotina (los verdugos de ayer, serían los acusados de mañana).
Estos golpes arteros a la democracia (que no serán los últimos) forman parte de un conjunto de acciones jurídico-legales tendentes a consolidar el control hegemónico del país por parte de Chávez, para asegurarse su permanencia en el poder por muchos años (¿?), sin mayores tropiezos –por lo menos desde el punto de vista de las formalidades democráticas-. Ya logrado el control y sumisión de la Fuerza Armada, corresponde ahora avanzar en el sentido de dotar de un ropaje legal al régimen -que por lo menos, mantenga las apariencias ante la comunidad internacional- y dar rienda suelta al ejercicio del poder basado en la amenaza, la coerción abierta, el terrorismo de Estado, la “represión legalizada”, y todas esas cosas que la modernidad han traído consigo, para lavar los rostros plomizos y aterradores de las dictaduras encubiertas.
Todos estas leyes –aprobadas a la carrera, con la euforia y embriaguez de quienes las consideran herramientas de revancha y retaliación para acabar con la oposición real y verdadera- se complementan y refuerzan unas a otras; es decir, que las mismas normas legales se repiten para potenciar su efecto disuasivo, intimidatorio, vengativo y punitivo en una especie de círculo perverso. Los resultados ya se ven, se sienten y padecen: como, la autocensura de los medios radioeléctricos -en previsión de las consecuencias de violar estas normas, que no dudamos en calificar de inconstitucionales-; pero, los venezolanos no renunciamos al porvenir y, mucho menos, a la democracia. Una vez digeridos y metabolizados los alcances y consecuencias de estas leyes, se encontrarán formas de adaptación que permitan capear este temporal restrictivo y represivo. En los días que corren habrá que forjar a pulso, -como en épocas pasadas de nuestra historia republicana- las vías para enfrentar esta nueva realidad autocrática.
Una vez terminada la luna de miel post revocatorio, el gobierno deberá evaluar las consecuencias negativas de imagen que, ante la comunidad internacional, tendrá la aplicación de esta normativa, que va a contrapelo –como ha sido ya reiterado- de todos los tratados y convenios de los que Venezuela es signataria. También nos gustaría ver al inefable Rodríguez Zapatero –promotor del pomposo “diálogo entre civilizaciones”-, justificar en su país y ante la Unión Europea los atropellos contra la libertad de expresión y contra los derechos civiles y políticos de los venezolanos. ¡Que ironía!.
