Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Política

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Diosdado, Grüber, Rangel Ávalos y Acosta Carlés

Manuel Isidro Molina

Martes, 19 de mayo de 2009

Sin prejuzgar en cada caso, desde Manuel Rosales hasta Juan Barreto, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar con base en la Constitución y las leyes * La jueza del caso TELCEL mantiene engavetado el expediente * Roberto Smith y Fernando Martínez Móttola deben declarar, igual que varios ex ministros de la Defensa * En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía impiden el acceso a un Tribunal.

La vida política, social y económica venezolana está salpicada y enervada por la corrupción, sin fronteras entre gobierno y oposición ni entre los sectores público y privado. Lo hemos escrito, dicho y redicho, a pesar de las incomprensiones, amenazas, exclusiones y pretendidos ataques cínicos de sus principales exponentes. Esa es parte de la batalla por la dignidad nacional de Venezuela.

La cadena de imputaciones por presunta corrupción administrativa, desde Manuel Rosales, ex gobernador del Zulia, hasta Juan Barreto, ex alcalde metropolitano de Caracas, merece una felicitación pública a la Fiscalía General de la República, en las personas de Luis Ortega Díaz, su titular, y las decenas de fiscales y fiscalas del Ministerio Público, pues pareciera que están actuando con apego a las leyes y la dignidad propia de sus investiduras, que lamentablemente no pudo mostrar el anterior Fiscal General, Isaías Rodríguez.

Esta felicitación es sincera y exigente, a la vez, seria. Imposible saber, a ciencia cierta, cuánta independencia tiene realmente en sus actuaciones la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, pero desde su juramentación pensé –y lo comenté- que había que darle el beneficio de la duda. Se observa, por parte de la actual FGR, un consistente ataque a la corrupción y desviaciones criminales dentro de las policías, contra el narcotráfico y otras graves manifestaciones del crimen organizado como el sicariato, aunque el fardo de la gestión anterior es gigantesca.

Sin prejuzgar en cada caso, desde Manuel Rosales hasta Juan Barreto, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar ante las denuncias formales, las denuncias públicas y las pistas que muchas veces provienen de los mismos organismos públicos nacionales, regionales y municipales.

De los gobernantes regionales y municipales, junto con Rosales y Barreto, están bajo “persecución fiscal” Eduardo Lapi (Convergencia), de Yaracuy, asilado en Perú; Carlos Jiménez (MAS-PODEMOS-PSUV), de Yaracuy; Eduardo Manuitt (PPT-PSUV), de Guárico, supuestamente refugiado en Costa Rica; Yelitza Santaella (MAS-PODEMOS-PSUV), de Delta Amacuro, pendiente de imputación; y están “en la mira” con investigaciones sobre expedientes ya formados por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público: Hernán Grüber Odreman (MVR), del Distrito Federal; Enrique Mendoza (COPEI), de Miranda; Ramón Martínez (MAS-PODEMOS), de Sucre; Didalco Bolívar (MAS-PODEMOS), de Aragua, por solicitud del actual gobernador de Aragua, Rafael Isea (PSUV); Diosdado Cabello (PSUV), por denuncia de Enrique Carriles Radonski (P. JUSTICIA), actual gobernador de Miranda; Ronald Blanco La Cruz (PSUV), por denuncia de César Pérez Vivas (COPEI), actual gobernador de Táchira; Luis Felipe Acosta Carlés (PSUV), de Carabobo, denunciado por Enrique Salas Feo (P. VENEZUELA), gobernador actual; y José Vicente Rangel Ávalos (PSUV), ex alcalde de Sucre (Petare), denunciado por su sucesor Carlos Ocariz (P. JUSTICIA). La lista es más larga, pero falla la memoria. Lo importante es que todos los denunciados, investigados o imputados deben afrontar ante los tribunales las consecuencias de sus actos. Si son inocentes, saldrán librados de acusaciones viciadas o interpretaciones laxas con intencionalidad innoble.

Lo que el país reclama –sin fronteras partidistas- es que no haya ventajismos bajo la protección política del gobierno, comenzando por el presidente Hugo Chávez, quien ha protegido y protege a varios de sus presuntos corruptos; y de la mayoría abyecta de la Asamblea Nacional, cuyos integrantes no se enteran de la vergüenza ajena que generan con sus actuaciones cínicas y parcializadas, tanto como los “opositores” que se rasgan las vestiduras por las investigaciones fiscales, policiales y judiciales contra sus parciales.

Diosdado Cabello, José Vicente Rangel Ávalos, Hernán Grüber Odreman y Luis Felipe Acosta Carlés no deben ser la excepción. ¿Por qué? ¿Por sus vínculos políticos y afectivos con el presidente Hugo Chávez? El Contralor General Clodosvaldo Rusián y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tienen la palabra, la obligación constitucional, la fuerza legal y la exigencia permanente de la dignidad nacional.

EL CONFESIONARIO

* IVELISE ACOSTA FARÍAS, jueza 1ra. de Control del Área Metropolitana de Caracas, sigue con la “papa caliente” del caso TELCEL, sobre el cual solicitó sobreseimiento el Fiscal 5to. Nacional, Franklin Ainagas, “posteriormente destituido por razones ajenas a ese juicio.” El problema radica en que la frecuencia otorgada a la mencionada empresa de telefonía celular, propiedad inicial del empresario venezolano Oswaldo Cisneros, estaba asignada a la Fuerza Armada Nacional, lo que fue protestado en su oportunidad. Hasta ahora, siendo la original TELCEL propiedad de la española “Telefónica-Movistar” desde 2005, el caso no ha sido resuelto. Sostiene mi fuente que la nulidad de la solicitud de sobreseimiento de la causa procede por: 1.- Inexistencia de imputado; 2.- Falta de notificación a la Procuraduría General de la Nación, ya que están en juego US$ 1.000 millones pertenecientes a la nación; 3.- La Fiscal General de la Nación, Luisa Ortega Díaz, debe conocer directamente el caso por su envergadura; 4.- No se entrevistó a expertos del mundo castrense y de las telecomunicaciones, que públicamente criticaron lo que consideran una afectación de los intereses nacionales y específicamente los de seguridad y defensa de la nación.

* COMENZANDO POR ROBERTO SMITH Y FERNANDO MARTÍNEZ MÓTTOLA, ministros de Transporte y Comunicaciones durante el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, la Fiscalía y el Tribunal del caso TELCEL deben tomar testimonios y criterios de los altos funcionarios que se involucraron en el proceso de concesión de la frecuencia de transmisiones militares a la mencionada empresa de telefonía celular. ¿Por qué CAP ordenó “despojar a la Fuerza Armada Nacional de esa frecuencia militar”? Es una pregunta lógica.

* OTROS CONOCIDOS TESTIGOS que deberían ser entrevistados por la Fiscalía y el Tribunal 5to. En relación al importante caso TELCEL, son testigos calificados los ex ministros de la Defensa: vicealmirante (r) Radamés Muñoz León, y el general de división (r) Moisés Orozco Graterol (también ex ministro de Transporte y Comunicaciones). Igual, el contralmirante (r) Rafael Huizi Clavier, el general de división (r) Oswaldo Sujú Rafo, el general de brigada (r) Nelson Ojeda Valenzuela y el coronel (r) Omar Estévez, ex director de Comunicaciones de MIN-DEFENSA. Así mismo, el ex ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, ex canciller y ex vicepresidente ejecutivo de la República; y el ex senador José Rafael Galíndez, quien fuera miembro de la Comisión de Defensa del extinto Senado de la República.

* LA PRESIDENCIA DEL AEROPUERTO Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, impidió el acceso de la jueza y otros funcionarios del Tribunal 2do. Mercantil del estado Vargas, que esta semana fueron a realizar una inspección ocular en algunas de las instalaciones aeroportuarias, a petición de personas que consideran que no se está cumpliendo con normas de seguridad vigentes.

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