El impartir justicia no es una tarea fácil. El “hacer lo que es justo” y “dar a cada uno lo suyo” es un ideal, que aunque algunas veces pareciera alcanzable, la realidad nos demuestra, que no es tan factible. ¿Quizás porque los seres humanos somos injustos por naturaleza? ¿Será porque las circunstancias nos obligan a defender lo nuestro sin pensar en los demás? No obstante, hay una pregunta fundamental: ¿qué es justo? Y si hablamos de impartir justicia, las situación es cada vez más compleja, en un país, donde la justicia no llega por igual a todos los ciudadanos.

No involucramos en el debate el esfuerzo de aquellos jueces, que teniendo como base la constitución y una visión humana de la justicia, hacen el esfuerzo por impartirla. Pero, ¿qué ocurre cuando la justicia se convierte en un arma política para crear miedo, control político y obtener cuotas de poder? Creo que siempre, y en cualquier país del mundo, las decisiones judiciales en contra de quienes ostentan el poder, sea político o económico, no son aceptadas fácilmente (al pobre no le queda otra opción). Aunque, si estas decisiones se producen en una grado de desigualdad, como ocurre en nuestro país, estamos ante una situación delicada.

El planteamiento no es, quién debe ser sancionado o no por un delito. Quien cometa un delito debe ser sancionado, no hay duda en esta premisa. La reflexión está en ¿quiénes son sancionados y quiénes no lo son? En un país como el nuestro, con el alto grado de politización de la sociedad, la justicia debería ser garante del estado de derecho. Sin distinciones políticas, económicas o partidistas. Es un “poder” que puede mantener un equilibrio entre la sobredosis presidencialista en la que vivimos. Pero, también para educar a nuestra sociedad y hacerles entender que ningún ciudadano puede libremente ir en contra del bien común de los venezolanos. Si existe una verdadera revolución en nuestra nación ella pasaría por la justicia, y en ella, no hay ricos ni pobres, gobierno u oposición, chavistas ni antichavistas.

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