Ni el país ni el Gobierno contarán en el 2002 con ingresos similares a los del 2000-2001 por varias razones entre las que destacan la menor demanda de petróleo debido a la recesión económica mundial; la poca inversión privada debido a la incertidumbre política y económica y la menor recaudación interna como consecuencia de un crecimiento económico inferior al del año en curso. De ahí que el Gobierno Nacional, aún cuando utilice los recursos represados en el FIEM para pagar la deuda externa o soportar la creciente demanda de dólares, aún cuando obtenga utilidades cambiarias del BCV o la acostumbrada declaración de dividendos de PDVSA, deberá acudir a un mayor y cada vez más costoso endeudamiento interno para cubrir el deficit presupuestario, todo lo cual reducirá significativamente su capacidad operativa para sortear estas dificultades fiscales sin ajustes cambiarios o controles.

A este cuadro ya de por sí preocupante, hay que añadir el enfrentamiento del Ejecutivo con los factores productivos, con gremios y sindicatos, que unido a la confrontación con gobiernos regionales y locales por la distribución de los escasos recursos, complicaría aún más el mapa socio económico del 2002, llevando la capacidad de maniobra del Gobierno a su mínima expresión.

Del lado político, la radicalización de parte del Presidente y de algunos seguidores, y su negativa a buscar el consenso, provoca reacciones irreconciliables entre quienes lo enfrentan, poniendo en peligro, no sólo la estabilidad socio económica, sino la propia gobernabilidad democrática. De ocurrir un cambio político, similar al de 1993, repercutiría negativamente en la situación socio económica del país, la que marcada por el estancamiento económico, el desempleo y la pobreza, deberá esperar un tiempo para corregirse.

Los ciudadanos estamos exigiendo al Gobierno que rectifique y los gobernantes tienen el deber de escuchar la voz del pueblo. Su envestidura, los obliga a garantizar el Estado de Derecho para no perder la legitimidad, y su elección, a cumplir con el mandato de gobernar para todos los venezolanos promoviendo su participación en el buen gobierno. Si no asumen su responsabilidad, gobernantes, magistrados y legisladores, perderían su legítimidad y el debido respeto del pueblo. Gobernar intentando imponer una ideología comunista, que las grandes mayorías no compartimos y rechazamos y continuar la práctica de gobernar sin decoro ni respeto por las Leyes de la República, configuran graves delitos por el cual procedería su enjuiciamiento y condena. De ahí que el año 2002 se anuncie catastrófico.