Hay quienes piensan que habiendo muchas definiciones que abarcan una gama tan amplia de organizaciones, la categoría "ONG" resulta de difícil comprensión. Las definiciones pueden ir desde organizaciones populares hasta organizaciones de desarrollo intermediarias, sean autóctonas o con financiación externa, especializadas o generales, e incluso organizaciones internacionales. Lo único que si esta claro es que una ONG, como lo indican sus siglas es una organización que no le pertenece al gobierno, sin importar que tipo de gobierno sea. En consecuencia, son independientes de las directrices gubernamentales, y ninguno de los entes oficiales pueden ni deben influir en sus decisiones, tampoco en la elección de sus dirigentes, ni en la consecución de sus recursos. Si esto llegare a ocurrir, serían entonces organizaciones gubernamentales, perdiendo de este modo su esencia y su razón de ser.

Pues bien, en la Asamblea Nacional ya se aprobó en primera discusión, la denominada Ley de Cooperación Internacional, la cual por cierto contó con el apoyo irrestricto del doctor Carlos Escarrá, diputado electo por el Estado Aragua (sin ser natural de nuestro estado). En opinión de un sector del oficialismo “En los últimos tiempos las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) proliferaron como las verdolagas” y “bajo el ropaje de ONG, se han infiltrado desde aventureros hasta agentes de intereses extranjeros”. Por ello “es indispensable la legislación e intervención del Estado a los efectos de regular e inspeccionar la fundación y actividades de quienes hablen o lleven a cabo actividades públicas a nombre de las organizaciones no gubernamentales”. (Extractos del Editorial Diario VEA del día 16 de de junio de 2006). Con esto se pretende intervenir en el mas claro sentido de la palabra las organizaciones no gubernamentales y ponerlas de rodillas ante los intereses del gobierno, ejerciendo sobre ellas un control sin límites, con lo cual perderán como dijimos mas arriba, su

espíritu propósito y razón de ser, perderán su esencia y perderán su naturaleza.

Tal como lo ha dicho el comunicado de un importante número de ONG’s, bajo la coordinación de SINERGIA, “conforme a la Constitución, el derecho de asociación comporta la obligación del Estado de “facilitar el ejercicio de este derecho” (art.52). Por lo cual, cualquier regulación legislativa que intente el Estado sobre las ONG debe tener por objetivo promover, incentivar y ayudar el libre ejercicio del derecho a la asociación. En consecuencia, una regulación que dificulte, entrabe o impida el libre ejercicio de las ONG, sería inconstitucional”, a los que agregan que “no es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática, que el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad y potenciar la cooperación internacional”. Queda claro entonces que al actual gobierno y a sus acólitos de los poderes públicos, no les interesa que la sociedad se organice, a menos que lo haga siguiendo las directrices y para defender el mal llamado “proceso” y quienes se salgan del carril, o serán penalizados (caso SUMATE), o serán desconocidos por el que manda.

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