Las leyes decretadas desde la independencia hasta la democracia, con el fin de hacer justicia y mejorar el nivel de vida del campesinado, han fracasado en su intento al escoger mecanismos inapropiados. La migración de la población del campo hacia la ciudad en los ultimos 65 años es consecuencia directa de políticas equivocadas. Para 1936, la población rural representaba un 60% de los 3.0 millones de habitantes con que contaba el país, para 1961 la proporción era el 38%, y para hoy se ha reducido a menos de un 12%. A pesar que la gran mayoría de la población campesina ha migrado o se ha transformado en trabajadores asalariados para grandes unidades productivas, todavía existen unos trescientos mil campesinos que viven de una precaria actividad agrícola de sustento.
El indetenible proceso migratorio del campo a la ciudad demuestra claramente la ineptitud del Estado venezolano para dotar a la población rural de servicios públicos adecuados. En un país que ha reducido significativamente el analfabetismo y las enfermedades endémicas a nivel nacional, todavía la población rural, particularmente la campesina, ofrece índices alarmantes en educación y salud.
Es necesario recordar que las tierras para uso agrícola en el país no son tan abundantes ni tan fértiles como equivocadamente se ha creído, pero el uso de tecnología, maquinaria, fertilizantes, riegos y drenajes han aumentado, sin discusión, la disponibilidad de tierras agrícolas. El país ha estado realizando un proceso de racionalización de la producción agrícola sustituyendo el improductivo sistema de conuco por el sistema de grandes unidades con alta tecnología. Alcanzar una mayor seguridad alimentaria implica, la modernización de la producción agropecuaria, mediante el desarrollo de grandes unidades que por su extensión, tienen la capacidad de efectuar las inversiones de capital requeridas para aumentar la productividad en beneficio de productores y trabajadores. La nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario con su excesivo intervencionismo entorpecerá ese proceso perjudicando a aquellos que supuestamente pretende beneficiar.
El sostenido crecimiento agropecuario fruto de las nuevas tecnologías, también ha logrado una mayor disponibilidad de productos agrícolas nacionales en diversos renglones tales como cereales, leche, ganado vacuno, avicultura, oleaginosas y frutas, reduciendo significativamente la dependencia en las importaciones. Si se quiere avanzar un paso más en esta dirección, el Estado debe propiciar la profundización del proceso modernizador.
Después de la jornada de reflexión del pasado 10D, al Gobierno Nacional no le queda otra alternativa que rectificar y reconocer que la anhelada justicia social no la logrará por la vía de la imposición sino por la de la concertación. De lo contrario, estaría obligando a los ciudadanos a la desobediencia civil en defensa de la Constitución y las Leyes.
E-mail:juaamilq249@cantv.net
