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ATALAYA

De nuevo la inseguridad

Lunes, 9 de marzo de 2009

Y continuamos con los mismos graves problemas de inseguridad ciudadana, lo que pone una vez mas en evidencia que el problema social de la patria es grave, y que cuanto paño caliente o negligencia en el comportamiento del Estado para solventarlo, ya es subyacente a la misma crisis económica que aun, según dicen las autoridades, no ha comenzado por hacerse sentir..

La semana antepasada y esta que terminó de octavita carnavalesca, las estadísticas dieron cuenta de todo género de exceso en torno al problema que tiene del tumbo al tambo a todo el país, a todo el pueblo, sin distingos de clases ni abolengos, riquezas ni penurias: esto es, la inseguridad en que venimos viviendo.

Las estadísticas son aterrorizadoras, y el desparpajo de las autoridades llamadas a controlar y manejar el problema y sus causas, solo ponen de manifiesto que definitivamente o aquel es incontrolable, lo cual seria una barrabasada para las instituciones del Estado llamadas a atender dichos asuntos, o ponen de manifiesto un “ dejar hacer” sabrá Ud. con cuales perversas intenciones.

El último acontecimiento del secuestro de un empresario del medio bancario, exitoso profesional, hecho producido de manera insólita, a pleno día y por gente con mas recursos de armamento que las propias brigadas policiales, ponen de manifiesto el grave riesgo que corremos todos los habitantes de éste país, ante la mas ignominiosa actitud de las autoridades llamadas a conservar y garantizar el orden público.

Y tampoco nadie dice ni hace nada, cuando menos para llamar la atención de las autoridades internacionales ante el despelote de país que estamos viviendo.

Como lo malo se contagia de manera más efectiva y fácil que lo bueno, esos indeseables hábitos se han venido extendiendo a otros quehaceres donde aparecen como imposibles de imaginar en Estados organizados, civilizados.

En unos pocos días siguientes a la gran y triste decisión de la reelección indefinida, ampliación de los derecho populares, o como mas deslustradamente quieran llamar tan lamentable error, los representantes del Estado, por igual olvidan el principio de legalidad rector de sus conductas y procederes, burlando normas expresas y excepcionales que regulan las situaciones anómalas de dejar a un lado las garantías de la propiedad de particulares, y bajo la figura en la cual ellos mismos lo amparan de la ocupación temporal o previa, sin acatamiento del ordenamiento especial, atropellan a los titulares de dichos bienes y derechos.

Los recientes casos del arroz y las harinas precocidas de maíz, sean o no de los exitosos empresarios que en mucho tienen como responsabilidad dar y mantener realmente la comida al pueblo, ponen de relieve la conducta abusiva de los entes del Estado que han incurrido en tales tropelías y sin seguir los procedimientos legales, para el supuesto negado de que se está en algunos de los presupuestos extraordinarios de las ocupaciones especiales, o de los supuestos de ocupación, confiscación o procesos de intervención de empresas.

De otra parte, las infaustas peroratas del señor Chávez, en torno a que no reconoce títulos, ni actos jurídicamente válidos de beneficiarios de dotaciones y trasmisión de propiedad, ni aun proviniendo del propio Estado, es algo nunca visto, ni en estas ni en lejanas tierras, con peores antecedentes “socialistoides”.

Lo insólitamente inexplicable es el silencio y pasiva actitud con tales procederes y a sabiendas de que los organismos judiciales de la república, plegados a los caprichos del Ejecutivo no respaldaran acción alguna con la cual se procure proteger esos derechos, ni a la propia Constitución.

Son nimios, absurdos y contradictorios los argumentos dados por el Indepabi, el Ministro del ramo, ni los del propio Ejecutivo Nacional para actuar en una forma tan arbitraria e indigna. Resultan canallas las arengas que se pretenden aducir para justificar tan aborrecibles procedimientos contra la empresa privada, única que ha demostrado la capacidad real de mantener estándares aceptables de producción.

Por el contrario de lo sensato, el Estado no da respuesta a los contundentes argumentos sobre quienes son realmente los responsables de escasez y acaparamientos, cuando que son empresas y entes del Estado los que mayoritaria y claramente resultan ser quienes manejan los grandes volúmenes de los productos sin procesar.

En un país serio, no complaciente y vagabundo, ya esas instituciones del Estado estuvieran siendo interpeladas sobre tales procederes y sus conductas, pero en esta pobre patria, pareciera que la prudencia lo que aconseja a los borregos, es silencio y bajar el rabo.

bautole@gmail.com