A comienzos de los 80 leí la novela del norteamericano William Styron: The
Sophie’s Choice” (La escogencia o la elección de Sofía). Luego Meryl Streep
mostraría su grandeza de actriz al interpretar en el cine a la atormentada
protagonista de la novela. ¿Cuál fue esa elección que deja marcada a Sophie
para siempre y la persigue como eterna pesadilla? Al llegar al campo de
concentración nazi con sus hijos -un niño de cinco años y una niña de tres-
el oficial alemán la obliga a escoger cuál de los dos ella quiere que viva y
cuál habría de ser enviado a la muerte inmediata. Colocada ante esa perversa
disyuntiva, Sophie elige al varón: era el mayor y más fuerte, tenía más
probabilidades de sobrevivir. No fue así, poco tiempo después el niño
también perece por desnutrición y enfermedad. Pero la culpa por haber sido
ella la que decide que su propia hija sea asesinada, jamás la abandonará.
Los regímenes autoritarios -fascistas o comunistas- terminan emparentados en
sus métodos de degradación del ser humano; ambos se especializan en
trasladar la culpa al inocente. Saben cómo hacer que aquel a quien quieren
destruir y que no ha cometido delito alguno, termine auto convencido de su
culpabilidad. “La Confesión”, la obra autobiográfica de Arthur London llevada
al cine por Costa Gavras, es solo una muestra del método estalinista de
torturas mentales a los inculpados de crímenes inexistentes, hasta lograr
que se acusen públicamente de haberlos cometido y se humillen ante todos en
súplicas de perdón. Eso ocurrió no solo en Checoslovaquia donde London había
sido un alto funcionario de la nomenclatura comunista, sino en todos los
países sometidos al régimen de terror implantado por Stalin, incluida la
Cuba fidelista.
Guardando las distancias entre lo que vivimos los venezolanos y los casos
que traigo a colación, el acto electoral del domingo 31 de octubre es el
traslado de culpas de un régimen abusivo, arbitrario, tramposo e ilegítimo,
a los electores víctimas de sus desafueros. No hay diferencias entre el que
decida votar y quien no lo haga. El primero sabe que con su voto contribuye
a legitimar al gobierno y a sus instituciones fraudulentas y obscenamente
parcializadas, pero aún así decide ir por sus propios pies al matadero
electoral. El que se abstiene jamás podrá deslastrarse del sentimiento de no
haber movido un dedo para impedir que el chavismo termine de apropiarse de
los pocos espacios que le faltan para su dominio absoluto del país, privando
a la oposición del escaso oxígeno que tenía. Ni el fraudulento CNE ni el
Presidente en campaña descarada y procaz ni el cínico ventajismo de los
candidatos oficialistas ni la sumisión vergonzosa del Tribunal Supremo ante
el Emperador, son razones suficientes para que los opositores creamos que la
culpa es de ellos; la culpa siempre será nuestra por permitir que eso
ocurriera, como si hubiésemos tenido en nuestras manos las posibilidades de
impedirlo.
Más allá de este episodio electoral como un nuevo capítulo de la historia de
la infamia, está el tema Linda Loaiza. Un régimen que tiene casi seis años
en el poder –mayor tiempo que cualquiera de los estigmatizados gobiernos de
la Cuarta República- que ha hecho caída y mesa limpia en todos los ámbitos
de la administración pública, con énfasis en el Poder Judicial; ahora se
vuelve plañidero ante la injusticia cometida contra esa humilde joven
venezolana, destruida física y moralmente por un aberrado. El aberrado está
en libertad por decisión de una jueza a quien Nicolás Maduro, capitoste
parlamentario del oficialismo, califica de “monstruo”. Pero ¿quiénes
designaron a ese monstruo como miembro del poder judicial? Los mismos que
nombraron a los jueces que mantienen encarcelados desde hace más de un año a
los presos particulares del gobernador del Táchira; los mismos que
escogieron al ahora imputado juez que privó de su libertad al alcalde
Capriles Radonsky y los mismos que se han burlado de la justicia para que
criminales, como los pistoleros de Puente Llaguno, estén en la calle y
disfruten del categoría de héroes de la revolución.
El trasfondo de la hipócrita acusación de Maduro contra un poder judicial al
que ellos mismos han privado de toda autonomía, es que la jueza Rosa Cádiz
les echó una tremenda broma al dictar su sentencia en un momento
preelectoral. En otras circunstancias ni siquiera el Instituto de la Mujer y
demás entes oficialistas comandados por feministas rabiosas en tiempos
democráticos, habrían despertado de su catalepsia. Pero quedarse callados
ante un hecho que ha conmocionado al país -sin distingo de ubicación
política- habría sido un duro golpe electoral. Lo más grave es que Maduro y
otros emeverrecos de la Asamblea Nacional, una vez que se lavan las manos en
sus responsabilidades como autores o coautores del desastre judicial,
amenazan con limpiarlo de jueces ineficientes y corruptos para designar a
los que creen idóneos. Ahora si es verdad, ¡que Dios tenga piedad de
nosotros!
