A comienzos de los 80 leí la novela del norteamericano William Styron: The Sophie’s Choice” (La escogencia o la elección de Sofía). Luego Meryl Streep mostraría su grandeza de actriz al interpretar en el cine a la atormentada protagonista de la novela. ¿Cuál fue esa elección que deja marcada a Sophie para siempre y la persigue como eterna pesadilla? Al llegar al campo de concentración nazi con sus hijos -un niño de cinco años y una niña de tres- el oficial alemán la obliga a escoger cuál de los dos ella quiere que viva y cuál habría de ser enviado a la muerte inmediata. Colocada ante esa perversa disyuntiva, Sophie elige al varón: era el mayor y más fuerte, tenía más probabilidades de sobrevivir. No fue así, poco tiempo después el niño también perece por desnutrición y enfermedad. Pero la culpa por haber sido ella la que decide que su propia hija sea asesinada, jamás la abandonará.

Los regímenes autoritarios -fascistas o comunistas- terminan emparentados en sus métodos de degradación del ser humano; ambos se especializan en trasladar la culpa al inocente. Saben cómo hacer que aquel a quien quieren destruir y que no ha cometido delito alguno, termine auto convencido de su culpabilidad. “La Confesión”, la obra autobiográfica de Arthur London llevada al cine por Costa Gavras, es solo una muestra del método estalinista de torturas mentales a los inculpados de crímenes inexistentes, hasta lograr que se acusen públicamente de haberlos cometido y se humillen ante todos en súplicas de perdón. Eso ocurrió no solo en Checoslovaquia donde London había sido un alto funcionario de la nomenclatura comunista, sino en todos los países sometidos al régimen de terror implantado por Stalin, incluida la Cuba fidelista.

Guardando las distancias entre lo que vivimos los venezolanos y los casos que traigo a colación, el acto electoral del domingo 31 de octubre es el traslado de culpas de un régimen abusivo, arbitrario, tramposo e ilegítimo, a los electores víctimas de sus desafueros. No hay diferencias entre el que decida votar y quien no lo haga. El primero sabe que con su voto contribuye a legitimar al gobierno y a sus instituciones fraudulentas y obscenamente parcializadas, pero aún así decide ir por sus propios pies al matadero electoral. El que se abstiene jamás podrá deslastrarse del sentimiento de no haber movido un dedo para impedir que el chavismo termine de apropiarse de los pocos espacios que le faltan para su dominio absoluto del país, privando a la oposición del escaso oxígeno que tenía. Ni el fraudulento CNE ni el Presidente en campaña descarada y procaz ni el cínico ventajismo de los candidatos oficialistas ni la sumisión vergonzosa del Tribunal Supremo ante el Emperador, son razones suficientes para que los opositores creamos que la culpa es de ellos; la culpa siempre será nuestra por permitir que eso ocurriera, como si hubiésemos tenido en nuestras manos las posibilidades de impedirlo.

Más allá de este episodio electoral como un nuevo capítulo de la historia de la infamia, está el tema Linda Loaiza. Un régimen que tiene casi seis años en el poder –mayor tiempo que cualquiera de los estigmatizados gobiernos de la Cuarta República- que ha hecho caída y mesa limpia en todos los ámbitos de la administración pública, con énfasis en el Poder Judicial; ahora se vuelve plañidero ante la injusticia cometida contra esa humilde joven venezolana, destruida física y moralmente por un aberrado. El aberrado está en libertad por decisión de una jueza a quien Nicolás Maduro, capitoste parlamentario del oficialismo, califica de “monstruo”. Pero ¿quiénes designaron a ese monstruo como miembro del poder judicial? Los mismos que nombraron a los jueces que mantienen encarcelados desde hace más de un año a los presos particulares del gobernador del Táchira; los mismos que escogieron al ahora imputado juez que privó de su libertad al alcalde Capriles Radonsky y los mismos que se han burlado de la justicia para que criminales, como los pistoleros de Puente Llaguno, estén en la calle y disfruten del categoría de héroes de la revolución.

El trasfondo de la hipócrita acusación de Maduro contra un poder judicial al que ellos mismos han privado de toda autonomía, es que la jueza Rosa Cádiz les echó una tremenda broma al dictar su sentencia en un momento preelectoral. En otras circunstancias ni siquiera el Instituto de la Mujer y demás entes oficialistas comandados por feministas rabiosas en tiempos democráticos, habrían despertado de su catalepsia. Pero quedarse callados ante un hecho que ha conmocionado al país -sin distingo de ubicación política- habría sido un duro golpe electoral. Lo más grave es que Maduro y otros emeverrecos de la Asamblea Nacional, una vez que se lavan las manos en sus responsabilidades como autores o coautores del desastre judicial, amenazan con limpiarlo de jueces ineficientes y corruptos para designar a los que creen idóneos. Ahora si es verdad, ¡que Dios tenga piedad de nosotros!    

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