El referendo revocatorio (15 de Agosto de 2,004), con sus más que cuestionables resultados, y la posterior (31 de Octubre de 2.004) elección de gobernadores y alcaldes, son acontecimientos que marcan decisivamente la vida de nuestro país, y la marcarán, sin duda alguna, durante un tiempo acerca del cual no es posible predecir cuán largo será. Así mismo, la aprobación de la Ley que norma y regula la constitución y el funcionamiento del TSJ, y de la llamada “Ley Mordaza”, y la discusión de la Reforma del Código Penal, de la Ley de Policía Nacional, de la Ley contra el Terrorismo y la Ley de Participación Ciudadana, con sus contenidos francamente centralizadores, autoritarios y represivos, suponen la consolidación de un tinglado “legal” (si es que puede llamársele de esta manera) de impredecibles consecuencias futuras. Son sucesos y momentos de ésos que señalan puntos de inflexión y “cambios de calidad” en un proceso: en este caso, la toma del control casi completo de las instituciones del Estado por parte del Gobierno, con la consiguiente y progresiva instauración de un régimen autoritario - ó, si se quiere, "neo-autoritario", ó “autoritario de nuevo tipo”, si se toma en cuenta las dificultades políticas y las maromas “legales” que hoy imponen tanto una cierta presencia de cultura democrática en el país, como las condiciones internacionales.
Sobre estos temas quisiera recordar algunas observaciones adelantadas hace ya tiempo -varios años, desgraciadamente-, porque creo que conservan alguna pertinencia. Ésto, no por algún prurito de reivindicar algo así como “yo se los dije”, ya que lo que allí queda dicho fue y es de sobra compartido; sino para subrayar que había ya, desde aquel tiempo, elementos conceptuales determinantes en el “proyecto revolucionario chavista”, así como en la práctica y el comportamiento que lo acompañaban (y, por supuesto, lo siguen acompañando), como para pronosticar con base suficiente, y sin caer en obnubilaciones producto del fanatismo, la probabilidad de que llegáramos hasta donde hemos llegado. En aquél entonces, algunos individuos y algunas fuerzas políticas se negaron a verlo: su miopía contribuyó, en gran medida, a hacer posible lo que ahora estamos lamentando – incluyendo a muchos de ellos, que ahora han abierto los ojos. Podría respondérseles, muy criollamente: “¡tarde piaste, pajarito!”, ó también: “ahora, ¡a llorar al Valle!”. Pero más allá de la mezquina satisfacción que pudiera proporcionar este tipo de comentarios, lo que interesa es buscar justicia histórica y establecer -en la medida de lo posible, sin caer en retaliaciones- responsabilidades acerca de lo sucedido: al fin y al cabo, las posiciones políticas arrojan luz sobre quienes las toman, y deben servirnos para formular juicios acerca de sus capacidades y entendimiento; y, sobe todo, intentar comprender lo sucedido para no repetir los mismos errores, por aquéllo de Santayana de que “los pueblos que no aprenden de su historia, están condenados a repetirla”.
Quisiera, también, agregar algunas nuevas consideraciones, en tanto que proposiciones a ser discutidas.
I.- Aún cuando hoy luce más evidente que nunca la tendencia hacia la instauración de un régimen de corte autoritario, y su permanencia no se sabe por cuánto tiempo, no por ello parece inevitable –¡espero no equivocarme!- que éste asuma formas totalitarias “clásicas”, por llamarlas de alguna manera. Por lo demás, no es ni siquiera muy claro que, para los propósitos e intereses de quienes manejan el poder, sea éso lo que más convenga: bien puede ser, por el contrario, que se trate de un recurso al cual recurrir tan sólo como ultima ratio, cuando no les quede otro y mejor remedio. Aún para un autócrata convicto y confeso, la opción más cómoda y conveniente será siempre aquélla que suponga incurrir en los menores “costos políticos” posibles. Es decir, la que permita que, de los dos aspectos que, según el análisis clásico de Maquiavelo, conforman todo poder: la capacidad de convicción y la fuerza, éste último sea el menos evidente; y, en lo posible, no sólo utilizar la capacidad de convencimiento de que disponga sobre algunos sectores de la población, y servirse de los consensos genuinos (así sea limitados y precarios) que esté en capacidad de generar en torno a sus políticas, sino también echar mano a vestiduras y apariencias legales para enmascarar la realidad desnuda y brutal de la coerción – en la medida, por supuesto, en que le sirvan y alcancen a para ello.
Es obvio, por otra parte, que las formas políticas autoritarias y totalitarias que hoy consideramos “clásicas” fueron, en su momento, “originales” y novedosas, y que sólo a posteriori, en el análisis histórico, adquirieron carácter y status paradigmático. Además, se materializaron no sólo a partir de propósitos conscientes, lúcidos y programados, sino también de condiciones concretas de posibilidad de existencia determinadas por los contextos en los que surgieron: condiciones sociales, sistemas políticos, expectativas y creencias predominantes en la mentalidad popular y en el imaginario colectivo, y aún de eventos casuales y contingentes.
II.- Diversas razones, a mi entender, concurren para hacer difícil –pero, desgraciadamente, no imposible- la instauración de un régimen inequívocamente, abierta y completamente autoritario ó totalitario la Venezuela de esta época. No me es posible, en los límites de este ensayo, examinarlas extensamente, por lo que me limitaré a señalar cinco de las principales entre ellas.
Está, en primerísimo lugar, el hecho de que más 40 años de existencia de la democracia venezolana, desde el 23 de Enero 1958 a esta parte, con todo y sus defectos, insuficiencias y aberraciones, han creado entre nosotros una cultura política en la cual, si bien ciertamente permanecen vivos rasgos autoritarios y personalistas -entre los que destaca la “nostalgia del hombre fuerte” y de la “mano dura”, por lo demás plenamente coherente con la existencia de instituciones débiles, poco funcionales y poco arraigadas en la mentalidad nacional-, también es verdad que al mismo tiempo ha echado raíces y se ha desarrollado (al menos, en ciertas capas de las sociedad) un fuerte apego a ciertas libertades básicas y a ciertas formas y relaciones propias de un régimen democrático: el derecho a la libre discusión de ideas políticas, a la libre asociación y reunión, el respeto a los derechos humanos y ciudadanos básicos, los beneficios de la alternancia de distintas fuerzas en el ejercicio del poder, una forma (limitada y a veces aberrante, pero no por ello menos real) de tolerancia de las distintas ideas e “ideologías”, un respeto (no siempre consecuente) de las minorías, etc., etc.
En segundo lugar, el desarrollo de amplios sectores sociales –obreros calificados, técnicos, profesionales universitarios, “intelectuales” y artistas, empresarios, etc.- que se han formado en esa democracia, y cuyos intereses están vitalmente vinculados con la presencia y vigencia de esas libertades, y que, de hecho, no aceptarían vivir sin ellas, a menos de ser obligados. El apoyo de estos sectores es vital, indispensable, para cualquier régimen político, sobre todo en esta época de vertiginoso desarrollo científico y tecnológico, so pena de alienarse los factores más dinámicos de la sociedad, su capa dirigente, y de aceptar que en el país se creen dos mundos separados y hasta enfrentados entre sí.
En tercer lugar, está el hecho de que, en las condiciones de lo que se ha dado en llamar la “globalización”, la interdependencia económica y política impone determinadas exigencias, condiciones y límites a los regímenes políticos nacionales. No sólo en términos estrictamente políticos; piénsese, por ejemplo, en cómo y en cual medida la vigencia de un marco jurídico y legal claro y funcional -que, a su vez, supone la existencia un régimen de libertades políticas y económicas-, facilita la inserción en el sistema económico y financiero internacional, en lo que respecta al acceso fluido a los mercados internacionales, a la posibilidad de atraer inversiones de capitales privados extranjeros, al acceso a fuentes de financiación internacional, etc., especialmente en momentos en que son menguadas las capacidades de inversión del Estado venezolano y del capital nacional.
En cuarto lugar, una razón aparentemente contraria, pero en realidad complementaria de la anterior: el proceso de regionalización y descentralización en terreno político y administrativo, correspondiente con los niveles de complejidad y desarrollo que ha alcanzado la vida social, económica, política y cultural del país. Tal proceso, en la medida en que significó acercar –así sea en escasa medida- la población a la toma de decisiones y refuerza los liderazgos locales y regionales, abrió caminos hacia la profundización de la democracia. Por supuesto, no lo garantiza, ni está exento de riesgos de otro tipo, que no es del caso considerar en este momento; lo que me interesa señalar aquí es que ese proceso, por su propia naturaleza, dificulta la excesiva centralización de la toma de decisiones, rasgo típico de los regímenes autoritarios. Aunque ciertamente cabe postular, en teoría, la posibilidad de existencia de un tipo de régimen capaz de “combinar” el autoritarismo con alguna forma de descentralización, sobre todo en un país como el nuestro, cuyo proceso histórico, durante buena parte del Siglo XIX, estuvo signado por la presencia de formas políticas que se vertebraban como una verdadera “federación de caudillos regionales”, por decirlo así, enteramente compatible con la figura de un caudillo nacional, con el cual aquéllos –los regionales- establecían cambiantes relaciones de distinto tipo: sumisión y/o alianzas, ó, por el contrario, hostilidad y enfrentamiento.
Last but not least, y para hacer las cosas aún más complicadas, la confusa mezcla de distintas inspiraciones y corrientes intelectuales -ese “mezclote” que es tan común encontrar en nuestras mentalidades- que mueve y pretende “justificar” a las tendencias y proposiciones autoritarias aparece unas veces “combinando” motivaciones abiertamente autoritarias -valga y perdónese la redundancia- con preocupaciones democráticas y libertarias más ó menos genuinas, aún si confusas y poco coherentes, sin importar demasiado que estas componentes sean ó deban ser contradictorias y antagónicas entre sí; otras veces, con la simple prudencia y el realismo político; otras, en fin, con un astuto timing táctico y estratégico. Pero las semillas del autoritarismo están allí plantadas, esperando condiciones favorables, prestas para desplegarse, convirtiéndose en comportamiento político coherente cuando quienes las sustentan lo juzguen posible y/ó necesario.
Claro está: tales razones concurren, como queda apuntado, para hacer difícil la instauración y/o permanencia de un régimen totalitario o, al menos, abiertamente autoritario… pero, desgraciadamente, no imposible. Las pruebas, por si fueran necesarias, están a la vista: la existencia de los regímenes cubano y chino, en un extremo del espectro, y de la democracia tutelada de Singapur, en el otro; sin olvidar la variada gama de regímenes despóticos y tiránicos que dominan sobre grandes poblaciones en extensas regiones de África y Asia, y hasta en Europa (los Balcanes).
III.- El riesgo más serio (en el sentido de mayor probabilidad) que, a mi parecer, corremos los venezolanos -si es que somos tan ciegos, irresponsables y pusilánimes como para permitirlo- es el de la instauración y permanencia, no se sabe por cuánto tiempo, de un régimen de “democracia” autoritaria y tutelada caracterizada por los siguientes rasgos:
a) mecanismos de legitimación ideológica, política y legal basados en su “contenido popular y democrático”, en sus propósitos “revolucionarios” de “transformación social”, y en un “origen democrático” convenientemente renovado –elecciones repetidas sistemáticamente, pero manipuladas y/ó amañadas, consultas plebiscitarias, etc.-; y una alta preocupación por mantener una fachada de “legalidad” con cierto poder de convicción tanto internamente como en el ámbito internacional - preocupación rayana, a menudo, en el formalismo legal y en una leguleyería casi digna de la picaresca;
b) en consecuencia, el mantenimiento de un nivel importante ó, en todo caso, no desdeñable de apoyo político por parte de determinados sectores sociales, en particular aquéllos de menor ingreso; apoyo basado en una prédica política y una práctica de gobierno que, de manera peculiar y mal definida, pero sistemática y sin duda eficaz en lo que respecta a sus propósitos políticos (otra cosa, por supuesto, son los verdaderos intereses del país), “mezclan” prácticas populistas y clientelares con algunas medidas de genuino corte “popular”;
c) formas exacerbadas de personalismo político, “combinado” con la hegemonía de un grupo “cívico-militar”;
d) consiguientemente, la centralización del poder y la prevalencia del poder Ejecutivo sobre los demás poderes, que, frente a éste, pierden su autonomía y se convierten en obsecuentes ejecutores de sus propósitos;
e) la precaria subsistencia, en un ámbito de libertades restringidas, de formas, organizaciones e instituciones democráticas –tanto las propias del Estado, como las de “intermediación” (partidos políticos) y las propias de la sociedad civil (sindicatos, gremios, diversas asociaciones)- sometidas a los propósitos e intereses del Gobierno, ó apabulladas por éste, en mayor ó menor medida vaciadas de autonomía, de contenido y de funciones;
f) aunado a todo lo anterior, la utilización descarnada –pero no necesariamente generalizada ni torpemente dirigida- de la fuerza bruta y de la represión allí, dónde y cuando fuere necesario.
IV.- En el terreno económico, a ello corresponde un híbrido extraño - aunque, en verdad, no tan extraño en esta desdichada América Latina.
Tal híbrido está compuesto, por una parte, por una buena dosis de dirigismo estatizante basado en el control del principal producto, el petróleo, y de los recursos que derivan de su explotación y comercialización, así como de la distribución de estos recursos en el cuerpo social por vía del presupuesto y de los actos del Poder Ejecutivo. Ello significa una avasallante concentración de poderío económico, social, político y cultural en manos del grupo que ocupa los puestos de gobierno frente al conjunto de la sociedad: tanto el sector empresarial privado, como las clases medias y trabajadoras. Este dirigismo presenta, como ya se ha señalado, fuertes rasgos populistas que responden tanto a la cultura y las expectativas de determinados sectores populares, como al tipo de mentalidad de quienes detentan el poder.
Por otra parte, un conjunto de medidas más o menos “sensatas” y “modernas”, dictadas por un inevitable realismo impuesto por el contexto internacional y por la mentalidad del “business as usual”, cuya importancia e incidencia decisivas siempre es fácil entender, pero que lo es particularmente cuando de lo que se trata es de businesses que involucran un bien de importancia energética estratégica tan grande como es el petróleo, y de un país que posee algunas de las más ingentes reservas conocidas de tal recurso.
Hay que agregar, por supuesto, y como no puede dejar de ser en ese contexto, una gran dosis de corrupción institucional y de croonies’ capitalism. Todo ello conforma un cuadro del más corrupto, salvaje y atrasado “capitalismo de Estado”, ó “cleptocracia”, ó como se le quiera llamar; en todo caso, un híbrido infuncional e incapaz de vertebrar el desarrollo económico y social, y el tan anhelado “salto al siglo XXI”.
V.- A los sucesos arriba señalados –el referendo, las elecciones regionales y municipales, la discusión y aprobación de las Leyes- ha venido a sumárseles otro episodio significativo: el “affaire” del asesinato del Fiscal Danilo Anderson. El intento, por parte del Gobierno, de aprovechar un crimen -a todas luces repudiable, independientemente del juicio que se pueda tener acerca del personaje asesinado- para utilizarlo en la mejor tradición en que fuera utilizado el incendio del Reichstag, y, luego, la arbitrariedad y los excesos policiales, los “ajusticiamientos”, los enfrentamientos soterrados y/ó no tan soterrados entre distintos jerarcas del régimen, suscitan sospechas justificadas y revelan -una vez más, por si fuere necesario- cuál es la catadura de varios de los dirigentes principales (también algunos de los "intermedios") del actual "proceso"; recuerdan -¿tal vez presagian?- sucesos aún más inmundos. Ciertamente, este ”caso” se ha convertido rápidamente en uno de esos que tienen la rara y paradójica cualidad de estar cargados de oscuros misterios no resueltos, y, al mismo tiempo, y contradictoriamente, de echar luces sobre procesos de toma de decisión poco transparentes que transcurren en conciliábulos realizados trascorrales, trastiendas y pasillos ocultos, y estar colocados fuera de todo control por parte de la sociedad.
Valgan, al respecto, tan sólo unas observaciones y unas preguntas.
VI.- El Gobierno afirma, y buena parte de la sociedad venezolana –incluyendo lo que resta de la “oposición” política- parece aceptar sin cuestionarlo, que el asesinato de Anderson significa que estamos frente a una “ola terrorista”. Pero el terrorismo organizado, capaz de levantar y mantener una “ola”, por lo general implica, al menos, alguno ó varios de los siguientes rasgos:
a) precisamente, la existencia de una organización política clandestina formada con el claro y decidido propósito de utilizar el terrorismo como arma política, cosa que no sólo no está demostrada, sino de la que no hay, hasta los momentos en que esto escribo –9 de Diciembre de 2.004- , evidencia alguna, más que simples acusaciones formuladas por personeros del Gobierno;
b) que tal organización disponga de unos objetivos claros, bien sea políticos, económicos, religiosos ó nacionalistas, ó una peculiar fusión de varios ó todos esos elementos; objetivos que, por lo general, dicha organización se encarga de dar a conocer, pues son los que, a su parecer, “justifican” sus actos criminales y cuyo conocimiento por parte de la sociedad debería servir, siempre según su parecer, para adelantarlos - es más: casi es una condición sine qua non para ello; es por éso que, una vez producido un atentado, los responsables se apresuran a reivindicar su autoría;
c) que se produzcan ataques claramente dirigidos a sembrar el terror y la desmoralización en sectores de la sociedad y/ó del Estado, mediante atentados dirigidos a objetivos múltiples y difusos –p.ej. masacres y genocidios como los del World Trade Center en New York el 11-S, ó la estación de Atocha en Madrid el 11-M, ó la voladura del avión sobre los cielos de Escocia-; ó ataques sistemáticos, que formen parte de una “cadena”, a “blancos” individuales –como, p.ej., la serie de asesinatos selectivos que realiza ETA-; ó ataques, también sistemáticos y repetidos, a objetivos económicos y de infraestructura (sabotajes a vías de comunicación, oleoductos, etc.).
Por supuesto, con esto no pretendo negar toda posibilidad (teórica ó práctica) de existencia de una actividad terrorista carente de algunos ó aún todos estos rasgos: puede haber, sin duda, grupos de personas que se dediquen a asesinar y a poner bombas sin tener objetivos políticos claros y definidos, sino meras fantasías perversas, ni contar con estructuras organizativas y de apoyo suficientes, etc. Pero no es lo usual. Por lo tanto, en ausencia de alguna evidencia de la existencia de esos elementos, lo único que hasta ahora se puede decir es que estamos en presencia de un asesinato particularmente horrible y repudiable, del cual hasta ahora se desconoce los motivos y los autores intelectuales –si es que se puede aceptar como cierto que los presuntos “indiciados” de ser los autores materiales lo sean verdaderamente, cosa sobre la que es dable mantener reservas prudentes-; y que la presencia de una actividad terrorista organizada no pasa de ser una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis tiene enorme importancia y debe ser considerada con toda seriedad, y debe conducir a tomar acciones de diverso tipo (de inteligencia e investigación, etc.) -¿quién lo duda?-; pero no puede ni debe colorear, a priori, toda la vida política de un país, ni, menos aún, puede ni debe servir para justificar procedimientos policiales –“ajusticiamientos” y torturas, por ejemplo- que signifiquen la violación de los derechos humanos.
VII.- Entre tantas cosas, sucedió una que ha pasado bajo la mesa, pero que –al menos a los ojos de quien ésto escribe, tal vez motivado por una sensibilidad un tanto sobre alerta, pero más que suficientemente justificada a la luz de lo que está sucediendo, y de la historia reciente y no tan reciente- luce casi tan preocupante como la torpeza y/ó desvergüenza de los ejecutores del régimen.
En ocasión del aparatoso e infructuoso allanamiento del Club y colegio Hebraica –que, de tan aparatoso e infructuoso, tan gratuito y traído por los cabellos, tan “políticamente inconveniente”, uno se pregunta cuáles pueden haber sido, en verdad, las razones que llevaron a realizarlo, y de tanta torpeza-, a un periodista de la TV, al narrar la noticia, "se le salió" decir, como la cosa más natural del mundo, y por sí misma obvia, que "sorprendía" lo sucedido porque se trataba de "un procedimiento contra una "comunidad extranjera"... Y no sólo lo dijo él, sino que nadie en la planta televisora - directores, directores del noticiero, etc.- pareció darse cuenta de lo que implicaba.
Probablemente, ese periodista olvida ó ignora que los niños y jóvenes de esa, a su entender, supuesta "comunidad extranjera" que asiste a clases y va a hacer deportes en Hebraica son tan venezolanos como cualquier otro habitante de este país poblado -¡afortunadamente!- por inmigrantes y sus descendientes; y que, en este caso específico, sus abuelos llegaron a este "generoso país de brazos abiertos" desde Centro-Europa hace “apenas” dos ó tres generaciones, en tiempos de López Contreras y de Medina, escapando de quienes los consideraban como parte de una "comunidad extranjera" que sobraba en el "suelo patrio" alemán, polaco, italiano, francés, ruso, etc. -no importa que estuvieran radicados allí por algo más de dos generaciones: algo así como dos mil años-, y que apelaron ya se sabe a cuáles métodos para resolver tan incómoda situación. Tan incómoda como la presencia de eslavos, gitanos y otras "razas inferiores", para no hablar de los homosexuales, en esa misma Europa central, oriental y occidental; y tan incómoda como la de los "morenos" en la Sur-África del apartheid de hace apenas unos pocos años.
Seguramente, a ese periodista y a otros como él les parece que se puede identificar la pertenencia a un "grupo étnico" -hoy en día ya no es "políticamente correcto" hablar de "raza"- ó profesar un determinado credo religioso como signos e indicios suficientes de pertenencia (ó no) a una determinada "nacionalidad", en este caso la venezolana; y le parece igualmente natural que él mismo, el periodista, por el mero hecho de ser un tanto más moreno y "arrosquetado" que otros ciudadanos, automáticamente pasa a formar parte de la "nación venezolana" y de esa inefable categoría histórico-social que la jerga patriotera y militaresca hoy día a la moda llama "el glorioso pueblo de Bolívar"; categoría ésta de la cual estarían casi axiomáticamente excluida la mayoría de los "catires", sobre todo si pertenecen a esa otra mal definida categoría, la de los “políticamente escuálidos”. Tal vez los únicos "catires" que estén libres de toda sospecha de ser extranjeros sean, para el periodista, los dueños del canal donde trabaja y algunos de sus amigos y compañeros - entre los que, supongo, dados la siempre tan alabada "diversidad étnica" venezolana y el mestizaje productor de Misses, debe contar varios "catires"-; mientras que, para los "chavistas", lo estarán Sucre, Urdaneta y, por supuesto, los que actualmente estén con el "proceso"; en cambio, el Catire Páez, a juzgar por algunas expresiones del Jefe Máximo, ha entrado en algo parecido al limbo, y no se sabe que habría que pensar del asturiano (y “catire”) Boves, el "caudillo popular" de 1814.
A los defensores del régimen actual este tipo de razonamientos sin duda les parecerá una exageración interesada a partir de un incidente de poca trascendencia -el simple lapsus linguae de un periodista, y la falta de atención profesional de sus superiores-, y de otros incidentes más que, reconocerán, son preocupantes, pero que, en el peor de los casos, caen en la conveniente categoría de "excesos comprensibles"; y sin duda, también, tenderán a coincidir con ellos ciertos inveterados optimistas que todavía se rehúsan a reconocer el carácter de los tiempos que vivimos. Pero lo cierto es que a ese tipo de cosas, con sus ulteriores y mucho mas graves consecuencias, conducen y conducirán siempre y necesariamente determinados procesos que implican y acentúan la degradación de la política y de la cultura cívica: el patrioterismo, la exaltación de los "héroes", de la "cultura nacional-popular" y de la "sangre", sea ésta "aria", “judía” ó "morena".
No menos nociva es la utilización - fanática ó instrumental, ó una peculiar mezcla de ambas cosas- de la falsa "moral" y de la religión, no sólo en boca de Bush ó de los fundamentalistas-integristas del Medio Oriente, tanto musulmanes como israelíes, y de los extremistas católicos de los Balcanes, y de los suprematistas europeos, sino también -aún si bastante más atenuada, es preciso reconocerlo- aquí en Venezuela. Pero el hecho de que sea más atenuada no significa que no exista: nadie habrá olvidado, por ejemplo, la instrumentalización de crucifijos y otros símbolos cristianos por parte del Presidente de la República durante algunas de sus presentaciones televisadas, ni la no menos instrumental utilización de imágenes de la Virgen María por parte de algunos de sus opositores; ó aquélla ocasión en la que a un alto prelado de la Iglesia católica se le ocurrió la genial idea de que el deslave del Edo. Vargas, con todos sus horrores –inundaciones, dolor, muerte-, respondía a un "castigo de Dios" por nuestros pecados; ó aquéllas otras (muchas) en las que no sólo sacerdotes católicos, sino hasta articulistas e "intelectuales" -entre ellos, un profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV- han insinuado que la epidemia del VIH/SIDA es una especie de "castigo" a los homosexuales por llevar una vida "promiscua" y "depravada". Son, todas éstas, manifestaciones –así sea atenuadas, hay que reconocerlo de nuevo, pero no por ello menos preocupantes- de una concepción que integra inaceptablemente las esferas de la religión, la política, la ética ciudadana y la moral individual, interpretándolas, por lo demás, de manera perversa y no menos inaceptable, y violando flagrantemente las fronteras entre los espacios público y privado.
Es demasiado fácil, pero también ineficaz e irresponsable, limitarse a condenar ciertos fenómenos tan sólo cuando suceden lejos de casa -en Oriente Medio, en los Balcanes, en la Argentina, en la "América profunda" de Bush y sus "cristianos renacidos"-, ó cuando ya forman parte de la "Historia" y repudiarlos se ha convertido en algo así como un mero lugar común político, un tópico que forma parte de lo que es politically correct, un mero saludo a la bandera. Es mucho más importante y útil tomar posición frente a ellos, actuar políticamente en contra de ellos cuando apenas están naciendo, gestándose ó desarrollándose, para así al menos tratar de impedir que lleguen a repetirse hechos como los que marcaron el siglo XX, antes de que pueda decirse “de aquellos polvos vinieron estos lodos”, y antes del tiempo cuando “entonces será vano lamentarse, y el rechinar de dientes”.
Refugiarse en la cómoda, patriotera y blanda, pero falsa seguridad de que "ése tipo de cosas" no podría suceder aquí en Venezuela, porque lo impedirían, se supone, las tradiciones y la "generosidad natural" del "glorioso pueblo de Bolívar", no sería más que ceguera, irresponsabilidad ó mera hipocresía: para refutar esa falacia bastaría con recordar algunos episodios de la política nacional de estos últimos años, por más limitados que hayan sido; y, en otro sentido, recordar que la historia, la cultura y las tradiciones de los pueblos francés, italiano, alemán, español y chino no son menos "gloriosas" que las nuestras -bien por el contrario-, y éso no impidió el surgimiento de la Action Française, del fascismo, del nazismo, de la Falange y de los Guardias Rojos.
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Había dejado para el final tocar un problema fundamental de la degradación de la cultura política y de la vida política venezolana: la grave crisis que atraviesa la oposición a este Gobierno, en todas sus formas y manifestaciones, organizadas y difusas, en todos sus niveles, desde la “base” hasta la dirigencia, y en todos sus aspectos, tanto los conceptuales e “ideológicos” y las proposiciones programáticas, como los organizativos. Tan fundamental, que de su solución depende toda posibilidad de cambio y superación de la situación que vivimos. Pero su importancia, entidad, complejidad y magnitud son tales, que aconsejan tratarlo por separado y, sobre todo, con una disposición de espíritu que se proponga avanzar más allá del nivel de meras críticas apasionadas, desilusionadas y a menudo sesgadas que hasta ahora han sido demasiado usuales entre nosotros al considerar este problema, y que intente aportar algunas proposiciones tal vez limitadas en su alcance, pero útiles, sensatas y viables, que ayuden a superarlo progresivamente – o, al menos, esbozar acciones posibles e iniciar caminos para una tarea tan ingente.
