Las declaraciones de Robert Knoble, Jefe máximo de la INTERPOL, no dejan lugar a la más mínima duda: los 983 archivos sometidos a la experticia de la más importante agencia policial del planeta pertenecen a Raúl Reyes y no han sido manipulados. La palabra allí firmada por Reyes o por los otros miembros del secretariado de las FARC, Manuel Marulanda e Iván Márquez entre otros, es santa palabra. Que ellos suscribieron lo que en dichos documentos se afirma, está fuera de toda sospecha. Y que el contenido de tales documentos no ha sido manipulado, es cosa juzgada.

Del estudio de ese cúmulo de documentos, pruebas eventuales en un juicio por traición a la patria y otros de lesa humanidad, cometidos por el presidente de la república y alguno de sus colaboradores, entre ellos un ministro de interior y justicia y varios generales de su Fuerza Armada Nacional, se derivan crímenes de gran envergadura, sometidos hoy a la penalización de la justicia internacional que, desde el juicio al general Augusto Pinochet, a Milosevich y Sadam Hussein, entre otros, se ha venido imponiendo en la jurisprudencia internacional. Sus delitos pueden ser sujeto de inculpación de parte de cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Y no prescriben.

De entre todos los delitos cometidos por el presidente de la república en connivencia con altos funcionarios civiles y militares, el más grave a nivel de la comunidad internacional es, sin duda, el de agavillamiento y colaboración con grupos narcoguerrilleros y terroristas. Sobran los antecedentes como para declarar al gobierno del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías un gobierno forajido y terrorista. A lo que habría que agregar el calificativo juridico-político de gobierno de facto, como lo señalara el documento fundacional del movimiento 2 de Diciembre, Democracia y Libertad, debida a su continua y sistemática violación al orden constitucional y a la decisión soberana del 2 de diciembre de 2007.

Habrá que esperar a las reacciones de la comunidad internacional, algunos de cuyos miembros ya han insinuado severas advertencias. Así, el presidente de la Comunidad Europea y la canciller de Alemania, Ángela Merkel. Hay, sin embargo, muy serias y fundadas dudas de que la OEA y su Secretario General, José Miguel Insulza, muestren la más mínima consternación y asuman su responsabilidad ante la historia. Lula ha tenido el tupé de considerar que este presidente, cómplice de la criminalidad terrorista de las FARC y del ELN, es “el mejor presidente de Venezuela en los últimos cien años”. Una declaración que deja en evidencia su cinismo, su crasa ignorancia y su irresponsabilidad. Y lo muestra de cuerpo entero, desnudando de paso la falacia de la llamada “izquierda democrática”. Queda en claro que si en América Latina es democrática, lo es por la fuerza de las cosas. No por su dialéctica inmanente.

La situación es hoy tan grave como lo fuera para los políticos europeos que enfrentaban a Hitler y aseguraban estar ante un demócrata ejemplar, desde Lord Halifax hasta Neville Chamberlain. Quienes creían poder domesticar al Führer con gestos amistosos. Tuvo que aparecer en escena un hombre de la grandeza, la integridad, la lucidez y el coraje de Winston Churchill para echar a andar la maquinaria de guerra que terminó por empujarlo al abismo. Y al suicidio.

Chávez debe ser enjuiciado internacionalmente por sus delitos. Si el mundo prefiere mirar de soslayo y perdonarle lo que no le han perdonado a Milosevich, a Sadam Hussein y a Pinochet, no hay justificación alguna para que la oposición venezolana cometa el mismo grave delito de ocultamiento y complicidad. Es ahora que se verá cuán demócrata y cuán opositor es el Señor Manuel Rosales y la restante dirigencia de la oposición partidista. ¿O seguirán escondiendo la cabeza en la arena?

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