Para comprender hechos recientes de la Política Venezolana Ismael Pérez Vigil
Miércoles, 15 de diciembre de 2004
El Presidente Chávez Frías se pasea por el mundo, como el campeón de la democracia; como si se tratara de un gobernante recién electo y no uno que cumplirá seis años de haber asumido el poder el próximo mes de febrero. Claro que no son viajes “inocentes”; el Presidente Chávez Frías visita aquellos Gobiernos y países donde presume que encontrará eco a su prédica anti norteamericana; donde piensa que puede “desarrollar un eje” para una opción que marque diferencias con Washington y le proporcione un paraguas, pues sabe que tras los recientes nombramientos de la Casa Blanca, la “línea dura” del Gobierno de Bush, podría enfrentarlo en cualquier momento. De allí que visite España, Libia, Países Arabes, Rusia, Iran y ahora este en Cuba y preparando viaje a China. En todos estos sitios el guión es el mismo: Pobre de mi, amigo de los pobres, a quien los oligarcas intentaron derrocar, con el apoyo de los EEUU y la mano siniestra de la CIA, etc.”
Mientras desgrana este discurso, ante atentos oyentes, que no se cansan de contemplar a los personajes exóticos del “tercer mundo” —que les resultan simpáticos por sus “tremenduras” políticas— fronteras adentro su poder se consolida y su despotismo y autocracia adquiere nuevas presas.
Chávez Frías y la destrucción de la democracia
En 1998 se adueñó del poder con el 30% de los electores y casi un 40% de abstención; de esa fecha hasta entonces ha salido victorioso en todos los procesos electorales que se han realizado; siempre con el mismo esquema: La misma gran abstención, siempre superior al 35%; consistente votación de sus seguidores —no es posible negarlo— siempre alrededor de un 30% del electorado; una oposición cada vez más disminuida, con menos recursos y con metas poco claras y explicitas; y —desde que está en el poder— utilizando ilegalmente los recursos del Estado para sus campañas, sin medida ni control: Millones de bolívares dispensados en demagogia y populismo, personal y recursos del Gobierno, utilización de tropas activas para organización, reparto de propaganda, control y atemorización de la población civil; etc. Así, hoy en día, Chávez Frías controla todo el poder del país.
Tras superar —con “cierta ayuda” por parte de las autoridades electorales— el intento de revocarlo en el mes de agosto, es dueño absoluto de todo el Poder Ejecutivo, del cual se había apoderado en 1998 y que consolida desde el 31 de octubre de este año, al controlar 22 gobernaciones de 24 que hay en el país y más de la mitad de las alcaldías. Controla además por escaso margen el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, y eso le permite legislar y aprobar con mayoría simple, hasta leyes orgánicas que exigen mayoría calificada de dos tercios de la Cámara. Pero, ¿Quién se puede oponer?, si con esa precaria mayoría designó a todos los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia; modificó su Ley Orgánica, para cambiar la composición del Tribunal y nombrar más Magistrados, seguidores de su causa. Nombro al Fiscal General, que había sido su Vicepresidente, al Contralor General de la República y al Defensor del Pueblo, miembros y simpatizantes de los partidos que lo apoyan. Se dispone ahora a atar algunos de los “cabos sueltos”
Por ejemplo, la recién aprobada Ley de Contenidos o Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, conocida como Ley Mordaza y denunciada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y varios grupos de derechos humanos, como una ley que hecha las bases para eliminar la libertad de expresión en Venezuela y sobre todo para acallar, amenazar y controlar la disidencia política.
De manera similar, su mayoría simple en la Asamblea Nacional, está modificando el Código Penal, que nadie duda de la necesidad de reformarlo a fondo, pero que lo propuesto se limita a aquellos artículos que incrementen las penas de los “delitos de opinión”, con los cuales se deja a la discreción de los jueces el considerar delitos la disidencia política; lo que en todas partes se conoce de manera clara como la “criminalización de la disidencia” con las que los Gobiernos autoritarios de toda raigambre revisten su supuesta “legalidad”, sus procesos represivos y de eliminación de enemigos políticos.
De igual manera espera turno una ley de Policía Nacional, con la que pretende “meter en cintura” las pocas policías municipales y estadales, cuyas gobernaciones y alcaldías aún no controla de manera directa. Pero allí no finaliza esta opera bufa. La historia, que siempre reescriben los que se consideran “victoriosos”, requiere ahora de modificar cierto marco legal que molesta e impide desarrollar la versión oficial de los hechos recientes.
Ese es claramente el caso de la solicitud que acaba de hacer el Fiscal General al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Después de dos años y medio, el Fiscal General de la Republica, estimulado por unas declaraciones del Presidente del Tribunal, Iván Rincón, que prácticamente lo conminó a dar el paso, solicitó la revisión de una sentencia del 14 de agosto de 2002, publicada en septiembre de ese año, en la cual la Sala Plena del TSJ había decidido que no hubo delito de rebelión militar por parte de 4 generales acusados, por ese delito, por el Fiscal General, a raíz de los sucesos ocurridos en el país a partir del 11 de abril de ese año. Como cosa curiosa, esa misma sentencia, famosa por las razones que analizaremos, es la misma sentencia que Chávez Frías calificó de “plasta” en un Alo Presidente!, su programa televisivo semanal, y que el propio Iván Rincón, que ahora incita a que se revise, solicitó que se acatara.
Resumen de los sucesos de abril de 2002
Pero para ubicar el problema, hagamos un resumen de los principales hechos ocurridos esos días, para situarnos en el contexto:
1. el país vivía desde hace varios meses gigantescas manifestaciones de protesta por diversas acciones del Gobierno, en el área educativa y por la aprobación de 49 leyes que cambiaban el marco jurídico del país
2. desde hace varios días sufría los efectos de un paro convocado por la principal central obrera del país, que hubiera llegado a su fin, a no ser porque el día 10 una manifestación pacifica frente a una de las sedes del la Industria Petrolera fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional, en lo que año y medio después el propio Presidente de la Republica admitió que había sido una clara provocación del Gobierno para incitar a los huelguistas.
3. en horas de la tarde del 11 de abril, una manifestación multitudinaria de opositores al régimen llega al centro de la ciudad y es abaleada cuando se dirigía al Palacio de Miraflores. El resultado fueron 19 muertos y más de 300 heridos, todos por armas de fuego.
4. en horas de la madrugada, el Inspector General de la Fuerza Armada y militar de más alto rango en el país, General de Tres Soles, Lucas Rincón, flanqueado por el Estado Mayor, le anuncia al país por radio y televisión, que con base en lo sucedido en ese día, de lo cual se responsabilizó al Presidente de la Republica, el Alto mando le solicitó la renuncia, la cual este acepto, y acto seguido ponen sus cargos a la orden de las nuevas autoridades.
5. Tras varias horas de incertidumbre, aparece el Comandante General del Ejército, Vásquez Velasco, anuncia la decisión de este cuerpo de asumir el control del país, con base en los graves hechos ocurridos y lo establecido en los artículos 328 y 333 de la Constitución.
6. En la madrugada del viernes 12, el Sr. Pedro Carmona, ex Presidente de la más alta Central Empresarial del país, acompañado de los jefes de las distintas ramas de la Fuerza Armada, le anuncia al país que ha sido designado para formar un nuevo Gobierno y el viernes 12 en horas de la tarde, se juramentó como Presidente de la República y leyó un polémico decreto en el cual toma la decisión de disolver varios de los poderes, entre ellos la Asamblea Nacional, la Fiscalia, el Poder Ciudadano, e incluso Gobernadores y Alcaldes.
7. Mientras tanto, entre el anuncio de la solicitud de renuncia del Presidente de la República la madrugada del 12 de abril y el domingo 13 en horas de la tarde, ningún miembro del Ejecutivo, ni el Vicepresidente Diosdado Cabello, ni el Ministro del Interior, Rodríguez Chacin, ni el Canciller J.V. Rangel, ni los integrantes de ninguno de los otros poderes: William Lara, Presidente de la Asamblea Nacional, Iván Rincón, Presidente del TSJ, ni Isaías Rodríguez, Fiscal General, aparecen para aclarar cual es la situación del Poder Ejecutivo y que es lo que procede en este caso. Algunas de estas personalidades, Isaías Rodríguez, William Lara y Diosdado Cabello, solo aparecieron, como hemos dicho, el domingo 13 por la tarde y noche.
8. En la madrugada del 14 de abril, el Presidente Chávez Frías reasume su cargo.
9. Durante los días siguientes se abre en la Asamblea Nacional una investigación de los hechos y son llamados a declarar diversos actores del proceso: Ministros, Diputados, Gobernadores, Militares, Empresarios, Sindicalistas, Jefes Policiales, etc. Simultáneamente el Fiscal General introduce ante el TSJ una solicitud de merito, por el delito de rebelión, previsto en el Código de Enjuiciamiento Militar, contra 4 generales.
10. La Sala Plena, integrada por 20 magistrados analizó el caso y después de rechazar varias ponencias, emite un fallo dividido 11 a 9, en la ya mencionada sentencia del 14 de agosto, en la cual concluye que no hay delito de rebelión militar y por lo tanto no hay merito para continuar el juicio a los 4 generales y ordena se sobresea la causa.
Qué hay detrás de la sentencia impugnada
En dicha sentencia, que ahora se quiere impugnar, no se mencionan ni el golpe de estado, ni el vacío de poder; esta última ha sido una de las tesis que se ha esgrimido para explicar lo ocurrido. La sentencia solo se pronuncia sobre los cargos que el Fiscal, en ese momento solicitó: Proceder al antejuicio de merito para juzgar a 4 militares por el delito de rebelión, tipificado en el artículo 476 del código orgánico de justicia militar; y el TSJ, en decisión muy dividida, dijo que no había el delito de rebelión militar, que según los entendidos en la materia, es el único delito por el cual se podía juzgar a los implicados en lo ocurrido en abril.
Sea este fallo del TSJ ajustado o no a los hechos, o a la interpretación que cada quien tenga del derecho; sea que nos guste o no, esa fue la sentencia, que en ese momento fue aceptada, seguramente porque la relación de "fuerzas" (y hablo de "fuerzas reales", no de ese eufemismo con el que se llama a la oposición en los países democráticos) era otra, era pareja, no favorecía al régimen o no permitía otra sentencia. Esa sentencia se quiere ahora revisar, violando todos los principios del derecho sobre cosa juzgada y aprovechando que hay una “nueva mayoría” en el TSJ, con magistrados recién designados por la Asamblea Nacional, favorable al gobierno, e integrada por 12 nuevos magistrados principales, todos ellos simpatizantes del Gobierno y dos de ellos, incluso, parlamentarios activos de la mayoría oficialista.
El Fiscal General, Isaías Rodríguez, ha justificando la solicitud de revisión de la sentencia, a la que califico de “error grotesco”, a la Sala Constitucional. De esa manera y gracias a una ingeniosa interpretación de esta Sala, con base en una "formula" que encontraron, veremos que se revisa la sentencia y como se violan con el aval del TSJ dos fundamentos del derecho, el de cosa juzgada y el de que una Sala Parcial o inferior, la Constitucional, revisa la decisiones del colectivo en Sala Plena. Sentaremos jurisprudencia mundial, todo un record.
Por supuesto, el Gobierno quiere que se revise la sentencia para poder juzgar por rebelión militar a los gobernadores y alcaldes que no pudieron o no quisieron derrotar en las pasadas elecciones, para meter presos a varios de los enemigos molestos del régimen e intimidar a todos los demás. Eso no es posible si hay una sentencia del TSJ que dice que en abril no hubo rebelión militar, único delito por el que podrían ser juzgados los que participaron —o los que el Gobierno dice que lo hicieron— en os sucesos de abril de 2002.
Tras ese paso de declarar que sí hubo delito y rebelión militar en abril de 2002, vendrá el otro, una vez que aprueben la Ley Antiterrorista y reformen parcialmente el Código Penal, donde se contemplan severas penas por delitos de "traición a la patria" u otros similares, pero de carácter absolutamente interpretativo, por parte de los jueces que son designados por el TSJ, que ya sabemos a que tendencia obedece. Lo que el Gobierno busca es:
- enjuiciar a los firmantes del llamado decreto Carmona (que ni decreto es, pues no fue ni siquiera publicado en Gaceta Oficial, ni en ningún otro medio, ni fue emitido por ninguna autoridad que tuviera derecho para hacerlo), pero también se quiere perseguir:
- a los que firmaron el libro de visitas del Palacio de Miraflores en esos días;
- a los que aparecen en listas —de "ministeriables" o candidatos para ocupar cargos— que ellos dicen que encontraron;
- a los que dicen que aparecen en videos, que solamente ellos han visto;
- a algunos militares disidentes, entre ellos al general Alfonso Martínez nuevamente, ahora por el delito de rebelión, porque no pudieron por el otro delito por el que intentaron inculparlo;
- y a los alcaldes de Chacao y Baruta, por su participación en los hechos, como por ejemplo lo acontecido con Rodríguez Chacín, para el momento Ministro de Interior y Justicia y que fue detenido y casi linchado por una turba en esos días de abril.
Todo luce como un plan bien orquestado, que Chávez Frías desempolva en su reciente viaje a España, en donde le hacen el juego, porque también les sirve de pretexto para sus disputas internas. Por eso, quienes creemos en la democracia en Venezuela, con más razón nos aferraremos —aunque sea un clavo ardiente— a la tesis de que en abril de 2002 no hubo rebelión militar, ni delito por el que puedan ser juzgados 4 militares, pues si ellos no pueden ser juzgados, nadie más puede ser juzgado por un delito que, según el TSJ, no existió. Más allá de cualquier otro razonamiento académico o jurídico está el de sobrevivencia política, frente a un Estado embriagado de poder y que quiere utilizar cualquier pretexto para eliminar la disidencia; si hay que agarrarse de cualquier acierto o barbaridad jurídica, habrá que hacerlo; sobre todo si el régimen está dispuesto, como estamos viendo, a recurrir a todas las armas que tiene, entre ellas el petróleo.
Por lo tanto, si para el Gobierno de Chávez Frías es importante contradecir lo que dijo el TSJ sobre lo ocurrido en abril, para la oposición democrática, para los que creemos en el estado de derecho, lo importante es sostener lo que dijo el TSJ en agosto de 2004 y el TSJ no habló ni de golpe, ni de vacío de poder, solo dijo: No hubo delito de rebelión militar por el cual se pueda juzgar a nadie.
