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DECRETO PRESIDENCIAL 3110: la cara oscura de un neoliberalismo perverso

Martes, 17 de mayo de 2005

Las selvas de Imataca constituyen una de las reservas forestales más importantes a nivel global por su biodiversidad, así como por su potencial económico. Esta región selvática fue delimitada y decretada como reserva forestal en el ano 1961 con el nombre de Selva El Dorado, denominación que fue cambiando años más tarde por el de Reserva Forestal de Imataca. A partir de esa fecha, esta vasta región forestal ha sido sometida a una cruel e inescrupulosa explotación por parte los grupos económicos allegados a los gobiernos de turno.

En el año 1997, el gobierno de Caldera-II promulga el decreto 1850, el cual más allá de proteger a esa inmensa región de bosques tropicales, complace el espíritu depredador y explotador de las multinacionales vinculadas al negocio de la minería y de la madera en la zona (Vannessa Ventures, Crystallex International, Gold Reserve, Placer Dome, etc). Con ese decreto se legitimó la explotación minera en un 40% de la reserva forestal, y se adquirió el compromiso con el Presidente Cardozo del Brasil, para construir un tendido eléctrico y suministrar energía desde Venezuela a la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima, Brasil. Este proyecto contemplaba la construcción de una estación en Las Claritas, en la porción sur de la reserva, destinada a suministrar energía eléctrica a las transnacionales dedicadas a la explotación de los yacimientos auríferos y de madera de la región. El decreto 1850 fue rechazado en diversos círculos políticos, académicos, científicos y ambientalistas, y nunca se pudo activar en su totalidad gracias a la acción de protesta de organizaciones ecologistas y de indígenas quienes lograron obtener, tras una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, una medida cautelar que impidió la entrega de nuevas concesiones y de infraestructura minera dentro de Imataca.

Haciendo gala de su acostumbrada demagogia, el tte. coronel, candidato presidencial para ese entonces (1997) prometió derogar el decreto 1850 si alcanzaba la presidencia de la república. Mimetizado como todo un ambientalista llego afirmar "Nuestra tesis es que la explotación de los recursos no puede atentar contra la vida futura. Si para sacar el oro hay que acabar con el bosque, entonces me quedo con el bosque"; además señaló "debemos suspender la construcción del tendido eléctrico que más que beneficios generara perjuicios y atenta contra la voluntad de los pueblos indígenas". Sin embargo, con el cinismo propio de los demagogos de oficio, Chávez en compañía del Presidente Cardozo inauguró en el año 2001 (4 años más tarde de su incumplida promesa electoral) el tendido eléctrico que suministraría energía a las multinacionales mineras de la región; construcción que acarreó el desembolso de mas de 400 millones de dólares por parte del estado venezolano, así como una inhumana represión de las etnias indígenas que se oponen a la construcción del mismo.

Tres años más tarde (22/9/2004), el tte. coronel incumpliendo una vez más su promesa electoral, aprobaba un nuevo decreto: el 3110, el cual contrariamente a lo ofertado durante su campaña presidencial, ratificaba las decisiones tomadas por el gobierno de Caldera-II, refrendando así los derechos de las transnacionales de la minería (oro, diamantes) y de la madera para la explotación irracional del territorio de Imataca. Este nuevo decreto forestal-minero destinaba el 12% de su superficie para la actividad mixta minera y forestal (451.000 hectáreas), y un 60% adicional para la explotación maderera (2,25 millones de hectáreas), es decir se triplicaba la superficie sujeta a explotación por parte de la industria maderera, comprometiéndose de esta manera la mayor parte de los bosques naturales considerados de reserva. El régimen del tte. coronel con la aprobación de este nuevo decreto neoliberal lograba legalizar el asalto de las multinacionales a la reserva de Imataca; acción antinacional que fue maquillada bajo la figura de un supuesto desarrollo sustentable. Además, con la aprobación de este decreto se estaba permitiendo un mayor deterioro de la biodiversidad, un incremento en la contaminación de las fuentes de agua, y un aumento en el nivel de erosión de los suelos de la reserva. Recordemos que el bosque nativo es insustituible debido a su diversidad biológica, y su relevancia en la protección de los suelos, yacimientos de aguas y regulador del clima es determinante. Asimismo, el decreto presidencial 3110 omitió perversamente la delimitación de los territorios indígenas, una vieja aspiración de las etnias Warao, Arawako, Karina, Akawaio y Pemon habitantes de la región.

Lo ocurrido con la reserva forestal Imataca demuestra que las acciones (mucho más que la retórica discursiva) definen la naturaleza política de un proyecto. La entrega al capital transnacional de Pdvsa, de las reservas forestales del Perijá e Imataca, de la Plataforma Deltana, del proyecto carbonífero de Guasare, el pago de una deuda externa ilegítimamente contraída, la institucionalización de la flexibilización laboral, y la imposición de impuestos regresivos (IVA, IDB), evidencian el carácter neoliberal del proyecto bonapartista del tte. coronel; proyecto que ha contado con el apoyo de una izquierda pragmática y borbónica, dispuesta a renunciar inclusive a sus principios, a cambio de recibir las migajas y limosnas que el inquilino de Miraflores ha dispuesto concederle por los favores recibidos.

lopez@zeus.bwh.harvard.edu