Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

Sección: Política

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Introducción a la Guerra”

La guerra en Venezuela (I)

Enrique Prieto Silva

Martes, 24 de octubre de 2006

Hacemos una segunda entrega referida al libro: “TIEMPOS DE GUERRA”. Como indicamos antes, nuestro interés es conocer el del lector, sobre esta incursión en este mundo volátil, especialmente el que vemos en Venezuela, donde el militarismo atosiga la ignorancia del venezolano y confronta y enfrenta todos los actos del gobierno y los de los ciudadanos. Su comentario vaya adelante.

“En sus discursos, el venezolano se refiere a Venezuela y al venezolano como amantes de la paz. Se dice que la guerra en Venezuela solo se justifica para hacer reconocer o recuperar la soberanía y expresa con orgullo, que sus fuerzas armadas solo han salido de las fronteras para libertar otras repúblicas.

El término guerra fue abolido de la Constitución y legalmente solo existe en los textos militares, por ser obvia la función principal de las fuerzas armadas de prepararse para hacer la guerra, aunque eufemísticamente se la justifica como un medio para lograr la paz y, constitucionalmente se justifiquen las fuerzas armadas como un me–dio para la defensa nacional. Pero, aún cuando negación o justificación, políticamente el venezolano se ha vuelto guerrero y violento, dando rienda suelta tanto a la palabra como a la acción para, en cualquiera de sus formas agredir al opositor, sea éste adversario o compañero.

Mientras ésto ocurre entre gente del común con poca o escasa preparación académica, el hecho, a pesar de notorio, es tomado en el sentido universal, pero cuando se origina o es correspondido por personas de alta investidura en lo social, en lo económico o en lo político, es decir, por aquellas personas a quienes se les califica de lideres de la comunidad, asume notoriedad y pasa a ser centro de atención, de respaldo o de crítica por la opinión pública.

La práctica de la guerra sucia, ha cobrado fuerza y vigencia en Venezuela, especialmente emprendida por políticos en defensa de sus partidos o de sus copartidarios y desde un tiempo para acá, viene siendo el arma mas poderosa de los congresantes, antes especialmente de los diputados, hoy por los asambleístas, quienes sin escrúpulos ni medida la utilizan, amparándose en la inmunidad parlamentaria o en la connivencia política gubernamental.

Es práctica común, aprovechar la libertad de expresión, la represión legal y la lenidad judicial, para agredir de palabras o con acciones a todo adversario que no deje oportunidad y muchas veces, que no esté de acuerdo con las políticas gubernamentales, para de esta manera liquidar al adversario que no quiere verse envuelto en chismes o acusaciones infundadas, aún con el riesgo de su desprestigio o daño moral. Es el efecto certero de la llamada "guerra sucia", que es una guerra sicológica fundada en la mentira.

En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela solo aparece el término “guerra” cuando en el artículo 324 expresa que “Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra…” Igualmente, en el artículo 29, cuando al establecer la obligación del Estado de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades expresa que, ‘Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles…´ También en el artículo 57, cuando al establecer el derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, expresa que, ‘No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa…’

Desde la Constitución de 1947, fue eliminado el concepto de guerra como medio para la seguridad y la defensa, fundamentándose en la abolición de la acción bélica como medio de lograr objetivos políticos. Se asumen desde entonces los conceptos de 'emergencia nacional' y ‘estado de emergencia’, como formas para movilizar los medios y las fuerzas armadas en funciones de defensa, ante agresiones o ‘conflictos’ externos o internos, que den motivo a la suspensión de las garantías constitucionales.

En la constitución de 1999, en el artículo 337 se establecen los llamados ‘estados de excepción’, los cuales califica como las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. Establece la norma que, declarado el estado de excepción, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, con excepción de las referidas a: el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

De igual manera, en el artículo 338 establece la posibilidad de que sea decretado el ‘estado de alarma’ cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares, que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Así mismo, podrá decretarse el ‘estado de emergencia económica’ cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación.

También podrá decretarse el ‘estado de conmoción interior o exterior’ en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones.

En la Constitución comentada de 1947, se estableció como atribución del Poder Legislativo para ‘decretar la emergencia’ y al Poder Ejecutivo, la de ‘adoptar las medidas necesarias para la defensa nacional...’. Estas atribuciones fueron modificadas en la Constitución de 1961, donde se le dieron todas estas atribuciones al Ejecutivo, quedando el Poder Legislativo, solo con el control constitucional para la confirmación o revocatoria del Decreto que declarara la emergencia, o la restricción o suspensión de las garantías constitucionales, igual que ocurre con la vigente constitución.

A pesar del hecho jurídico que proscribe el término ‘guerra’, de hecho, declarada la emergencia, el estado de excepción o de conmoción nacional, las Fuerzas Armadas y todos los poderes del Estado, se manejan dentro de la doctrina internacional de la guerra, la cual es la base de la preparación militar de las Fuerzas Armadas y con ella, de todos los entes del Estado involucrados en la propia seguridad y la defensa de la Nación, evidentemente, conforme a la Ley.

No podemos olvidar, que el Código Orgánico de Justicia Militar desarrolla toda su normativa organizativa, procesal y punitiva, atendiendo al concepto y situación de la guerra, con especial énfasis, ya que no puede apartarse de ella, de las normas que establece el Derecho o Leyes de la Guerra y los Tratados Internacionales sobre la materia y los Derechos Humanos. Inclusive, la propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas contiene normas, donde se refieren actos para la planificación o acciones dentro del concepto bélico. En este sentido, el Artículo 183º establece que: ‘En caso de guerra o emergencia constitucional, el Presidente de la República podrá...’. Igualmente, la Sección V de la Ley se intitula: ‘Ascensos en Tiempo de Guerra’, en tal sentido, define el término y se refiere a él en los artículos 189º, 192º, 195º. Igualmente se menciona en el Artículo 298º y cada vez que deba referirse a los prisioneros, que no pueden llamarse de otra manera, que ‘prisioneros de guerra’.

En conclusión, debemos entender que, aún cuando se manejen criterios o conceptos diferentes por mandato constitucional, es imposible utilizar otro término para distinguir la conflagración bélica. De allí, que en las Fuerzas Armadas, tiene que utilizarse el término ‘guerra’ para calificar unidades de organización, educativas y de planificación, en el entendido, que las Fuerzas Armadas es una organización cuya función principal es prepararse para hacer la guerra. No obstante, debemos dejar claro, que de acuerdo con el artículo 328 de la Constitución, la Fuerza Armada Nacional es constituida como una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con lo que establece la misma constitución y la ley. En este sentido, si bien es cierto que su misión es la defensa militar, debe entenderse que no hay otra forma de defensa militar sino mediante acciones bélicas. Entendemos también que, la cooperación en el mantenimiento del orden interno (orden público) se corresponde a funciones de carácter policial y la participación en el desarrollo nacional, si no se hace mediante acciones miliares o de cooperación, son funciones netamente civiles o sociales.

En ampliación de lo que hemos manifestado sobre el nuevo cambio funcional o paradigmático de la institución militar moderna, es de interés manifestar la apertura que da la Constitución en su articulo 329 a la Fuerza Armada venezolana, cuando le asigna el ejercicio de actividades de policía administrativa y de investigación penal, cuando éstas le sean atribuidas por la ley, la que establecerá todo lo referente al campo de la competencia, la asignación funcional, los procedimientos y el órgano de dependencia funcional”.

eprieto@c-com.net.ve

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