Las elecciones regionales del 23 de noviembre tienen una importancia crucial para el futuro de Venezuela. Después de la derrota en el referéndum constitucional del pasado diciembre, un nuevo fracaso electoral sería desastroso para el Presidente Chávez y sus planes de radicalización neototalitaria del “proceso” y sobretodo para sus aspiraciones de perpetuarse en el poder.

La incapacidad, la ineficiencia y la corrupción del régimen están malbaratando los ingresos petroleros sostenidos más abultados de la historia del país, mientras la inflación y la inseguridad se hacen cada día más incontrolables. Frente a la posibilidad cierta de la victoria de los candidatos de la oposición en los Estados y ciudades más importantes, el gobierno, siguiendo la huellas de sus aliados Bielorrusia, Zimbabwe e Irán, ha decidido “jugar sucio”, inhabilitando electoralmente a un grupo de lideres de la oposición que las encuestas señalan como posibles ganadores en sus regiones.

Ejerciendo su absoluto control sobre el órgano que debería controlar al gobierno (valga la redundancia), el régimen ha “promovido” que la Contraloría General de la República inhabilite a los candidatos de la oposición, violando la Constitución, la cual dispone que sólo pueden ser inhabilitados los ciudadanos que hayan sido condenados por un tribunal.

Este “juego sucio” tiene varios objetivos, porque además de impedir que se presenten los candidatos más peligrosos para el gobierno, fomenta la abstención y, sobretodo la división entre los diversos grupos y personalidades de la oposición, poniendo a prueba las capacidades estratégicas del liderazgo democrático.

En efecto, frente a las inhabilitaciones se puede tener diferentes reacciones. Algunos por principio y/o lealtad absoluta al candidato inhabilitado, piensan que hay que protestar hasta el final, no presentar ningún otro candidato y, si no se logra cambiar la situación, abstenerse. Otros, por diferentes caminos, diversas razones y con distintos tiempos, consideran que finalmente el mal menor sería presentar un candidato sustituto.

Pienso que la estrategia de la oposición debería ser concertada unitariamente entre los partidos y las personalidades afectadas y debería incluir una fuerte presión de opinión pública nacional e internacional para que el régimen modifique su actitud o, por lo menos, pague un elevado costo político.

Los mensajes a transmitir, además de la mencionada violación de la Constitución, podrían aludir al “miedo” de perder y a la incapacidad de competir limpiamente y recordar el parecido con la conducta de otros grotescos pariahs internacionales, como Mugabe, Lukashenko y Ahmadinejad.

Sin embargo, al final, si el régimen no modifica su decisión, debe presentarse un candidato sustituto, que debe ser apoyado, en cuerpo y alma, por el candidato inhabilitado, haciendo una campaña conjunta. Por eso, el sustituto no necesariamente debe ser el candidato de la oposición que está de segundo en las encuestas.

En algunos casos puede presentarse un candidato tipo “Campora”. Campora fue el candidato sustituto de Perón, quien estaba inhabilitado, en las elecciones presidenciales argentinas de 1973. Si bien recuerdo el lema de la campaña decía algo así como: Campora Presidente, Perón al gobierno.

Campora ganó, le quitó la inhabilitación a Perón, renunció y a los pocos meses Perón fue electo Presidente. En nuestro caso, el sustituto debería ser alguien tan cercano al inhabilitado, que aunque gane las elecciones, permita al otro gobernar en la práctica.

En Caracas, quizás podría pensarse en Leopoldo López padre, como candidato sustituto.

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Todo sobre nuestro columnista: Sadio Garavini di Turno