La Doctrina Betancourt

Miércoles, 15 de junio de 2005

La política internacional del Gobierno de Coalición –presidido por Rómulo Betancourt- fue consecuente con los rumbos democráticos de su política interna. Venía definida desde las raíces mismas de Acción Democrática: en primer lugar, consolidar la democracia interna, y en segundo término combatir la antidemocracia externa. Estando en la estabilización de la democracia interna y la promoción de la democracia externa combatiendo los regímenes dictatoriales, como parte de una fe doctrinaria y programática que no caduca, surgió la calificada “Doctrina Betancourt”, entendida –simplemente- como: si un país no cumplía con las reglas democráticas, Venezuela rompía relaciones diplomáticas con él. Pero las raíces eran un poco más intensas y demuestran –especialmente en estos principios del siglo 21- cuán claras y definidas estaban las cosas en los comienzos de 1961.

AD ha practicado en forma celosa e intransigente el principio consagrado en el sistema jurídico interamericano de la no intervención de un gobierno en la gestión de otro, línea de conducta seguida con inexorable voluntad: “en Venezuela no se han organizado ni se organizarán expediciones armadas para derrocar a ningún gobierno”, decía Rómulo. Los miembros de numerosas colonias de asilados políticos –bajo nuestro amparo y hospitalidad- estaban bien enterados de esa posición. Es más: Venezuela reclamaba constantemente ante los organismos del sistema regional que se hiciera cumplir el principio básico de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), según generalizada interpretación del cual sólo deben formar parte de ese organismo los gobiernos libremente electos por los pueblos, garantizadores de las libertades públicas y respetuosos de los derechos humanos. Ésta había sido una tesis sostenida en forma martilleante y reiterada a lo largo de los años por los adecos, especialmente por el equipo laborioso y completo de la Revolución de Octubre.

En la IX Conferencia Interamericana de 1948, donde se suscribió la Carta Constitutiva de la OEA, Rómulo Betancourt –como presidente de la delegación de Venezuela- pronunció el discurso de clausura del evento. Y dijo: “La eficacia de este compromiso multilateral que hemos suscrito (La Carta Constitutiva de la O.E.A.) está condicionada a la mayor o menor sinceridad democrática de los estados signatarios. El pacto obliga a los estados americanos a la no intervención en los asuntos domésticos de otros estados; a dirimir pacíficamente sus controversias; a contribuir a la defensa colectiva del que haya sido agredido. Estas obligaciones y las demás de índole internacional, son acaso de más segura vigencia que otras también solemnemente estampadas en los documentos recién suscritos; y le restaría autoridad moral al sistema de relación que hemos articulado, así como también capacidad para inspirar confianza a los pueblos, el hecho de que se continuara discriminando entre las obligaciones violables y las obligaciones cumplibles. Dentro de este orden de ideas, resulta evidente que actuaría en contradicción con el espíritu y la letra del pacto, cualquier estado que atentara contra las libertades públicas y los derechos civiles de los ciudadanos o que negara a los trabajadores el disfrute de amplias y justicieras garantías sociales. Hemos condenado los métodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos y las libertades políticas y sociales, y en particular la acción del comunismo internacional o de cualquier otro totalitarismo, y comprometería la seriedad y hasta la razón de ser de la Organización de Estados Americanos que quienes no practiquen la democracia se erijan en campeones de ella”.

En 1961 (trece años después) para Rómulo resultaba falacia y debilidad que en nuestro sistema regional “los gobiernos de América (incluyendo particularmente a Estados Unidos) critiquen a los totalitarismo asiáticos y europeos mientras se sientan en una misma mesa de deliberaciones, reconociéndoles iguales derechos, con los personeros de abominables y anacrónicos despotismos criollos”. Rómulo fue consecuente (no era “pura paja”) con los principios sostenidos y así se defendió en la Reunión de Cancilleres de Chile afirmando que “el sistema representativo de gobierno y la garantía del respeto de los derechos humanos son condiciones indispensables para poder formar parte de la Organización de Estados Americanos”.

Entre 1945 y 1948 no hubo relaciones diplomáticas con la tiranía de República Dominicana, y tampoco las hubo a partir de 1959; la presencia de un gobierno democrático significa para los regímenes totalitarios un riesgo de contagio. El despotismo dominicano intentó derrocar al Gobierno de Coalición e intentó asesinar al Presidente de los venezolanos. Toda Venezuela respaldó a su democracia y en Consejo de Ministros se decidió no atacar bélicamente –a pesar de nuestra muy evidente superioridad militar (y de los explicables rencores personales de Rómulo)- para demostrar “cómo nosotros creíamos en las leyes internacionales, en las normas del derecho de gentes y que siendo los agraviados y los más fuertes, no íbamos a cobrarnos el agravio utilizando las fuerzas morales y materiales de que disponíamos y de que disponemos. Era una coyuntura aprovechable y se aprovechó para demostrar que los tratados interamericanos no son pedazos de papel, sino normas contractuales cuyos mecanismos pueden ser utilizados y deben ser siempre utilizados antes de apelarse a las soluciones unilaterales”.

El castigo del Gobierno de Coalición fue lograr que la OEA probara las acusaciones contra la tiranía y convocar la VI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en San José de Costa Rica donde el gobierno dominicano fue exhibido ante el mundo como un régimen que practicaba el crimen político no sólo dentro de su propio territorio sino también extrafronteras; y se le condenó al aislamiento diplomático mediante la ruptura colectiva de relaciones, así como a sanciones económicas. Todos los países americanos retiraron sus representaciones y el Consejo General de la OEA aprobó que ningún país de la comunidad regional comerciara en petróleo y otros productos con el régimen sancionado. En la VII Reunión se firmó el repudio a la intervención de la China Continental y de la Unión Soviética en América.

Hasta ese momento, 1961, Venezuela había enviado dos notas de protesta ante gobiernos foráneos. La primera al Gobierno de Cuba cuando uno de sus personeros más calificados (Ché Guevara) injurió al Presidente de Venezuela y a la nación al pedir pública y desafiantemente que hiciéramos el viaje a Canossa (La Habana) a recibir normas para gobernar y administrar nuestro país de quienes allí administran y gobiernan con métodos muy suyos, que Venezuela no tenía intención ni interés de imitar. La prensa regimentada cubana, toda ella en manos del Gobierno, atacaba constantemente a Venezuela, pretendiendo exportar su verborragia distorsionadora con mala fe, cosa que fue prohibida. Venezuela –sin romper relaciones aún- se limitó a extender salvoconductos a quienes pedían asilo en nuestra embajada. La otra nota de protesta fue al Gobierno de Estados Unidos (Eisenhower) cuando decidió incrementar la compra de azúcar (producida en propiedades de Chapita y de sus familiares) al Gobierno dominicano, violando la Resolución de San José. Dijo Rómulo que “pueblos de raigal orgullo y de alto sentido de la dignidad” individual y colectiva “no aspiran a que se les trate como mendicantes que estiran la mano pedigüeña al gobierno de mayor potencialidad económica en el continente”. Venezuela no renunciaba ni menoscababa el pleno ejercicio de su propia e indelegable soberanía.

La llamada “Doctrina Betancourt”, además de promover la integración de la OEA sólo con la participación de “los gobiernos nacidos de elecciones y respetuosos de las libertades públicas”, buscaba la prohibición de asilo político a “ex gobernantes que se hayan comportado despóticamente en el ejercicio del poder”, y que los pueblos recuperaran “los dineros de su peculio colectivo indebidamente transferidos a bancos o empresas foráneas por gobernantes inescrupulosos en el manejo de los fondos públicos”.

En las Naciones Unidas, la conducta del Gobierno de Coalición también fue consecuente con las arraigadas ideas democráticas de Venezuela. Se mantuvo una posición al lado de los pueblos coloniales y semicoloniales en su legítimo deseo de alcanzar el autogobierno y el ejercicio de su propia expresión, como fue el caso con Argelia y otros países, alzando también nuestra pequeña y sincera voz condenando las pruebas de armas atómicas y propiciando el desarme de las grandes potencias, por razones de humanidad y de propia seguridad, “ya que prácticamente desechadas como están las armas convencionales y utilizada como ha sido la desintegración del átomo para forjar terribles elementos para las matanzas colectivas, una tercera guerra mundial no respetaría indiferentes o neutrales”, decía Rómulo.

Pero la “doctrina” internacional, al igual que la nacional, tenía también fundamentos económicos. Venezuela concurría (y siguió concurriendo) a todas las reuniones latinoamericanas para impulsar y discutir las conveniencias de mercados comunes, de integrar la producción para favorecer a las mayorías, como a la larga sucedería. Rómulo afirmaba: “Estamos convencidos que indefinidamente no podremos permanecer como islotes en una porción del mundo, la de nuestra América, donde ya se están dando pasos positivos hacia una integración económica regional y subregional. El aislamiento sería de nuestra parte olvido de los llamados latinoamericanistas del Libertador, dar la espalda a nuestras propias necesidades y objetivos económicos, e inclusive ir contra un principio expreso de la recién promulgada Constitución, que propugna la integración económica latinoamericana”.

Para el Gobierno de Coalición, interna y externamente, los procesos políticos estaban ligados a una doctrina según la cual el desarrollo es siempre más expedito y efectivo en las democracias que conjugan la situación económica. Y había conciencia de que Venezuela poseía las características de una transición que pasaba de una época viciada, en vías de superación definitiva, hacia una era donde prevalecería, como parte integrante de un régimen democrático bien institucionalizado, una economía dinámica fundamentada en la justicia social.

chinorodriguez@cantv.net