Las investigaciones hasta ahora adelantadas a los fines de esclarecer el crimen del fiscal Anderson, tal y como nos temíamos, se han convertido en una gigantesca purga política, en donde chapuza y muerte han sido los denominadores comunes de una razia que además pretende resolver no uno, sino tres casos a la vez. Un tríptico político-criminal, compuesto tanto por el caso aquél de la protección que el gobierno le otorgó a Vladimiro Montesinos, por los sucesos del 11 de abril y por último, por la muerte del fiscal Anderson. En fin un tres en uno, que en su conjunto constituye una suerte de piedra en el zapato para el régimen chavista, y cuya solución – policial - encomendada al siempre torpe y chaborro Ministro de Interiores y Justicia promete solo lo peor.

La revolución devora a sus hijos, era el lema en los tiempos de Napoleón, una frase que al parecer recobra significado en medio de ésta purga bolivariana, la cual aprovechándose de la investigación sobre la muerte del fiscal Anderson, afinca su acoso, al hoy caído en desgracia Alfredo Peña, a través de la arbitraria detención de Iván Simonovis. Así mismo, la revolución bolivariana devora a sus hijos, tal y como se desprende de las explosivas declaraciones del concejal Carlos Herrera, quien de manera frontal acusa de haberle solicitado al fiscal Anderson que no imputara a los banqueros implicados en la firma del decreto de Pedro Carmona, a nada mas y nada menos, que al vicepresidente de la emergente potencia bananera en que el chavismo está convirtiendo a Venezuela.

Y para completar éste fragmento político de la purga, in memoriam de Danilo Anderson, se insiste por parte del régimen y no sabemos en connivencia política con quien, pero de seguro que existe, en aniquilar el liderazgo emergente - y por ahora solo municipal - que constituyen los alcaldes Leopoldo López y Henrique Capriles de Primero Justicia – un partido no tradicional – dos jóvenes políticos cuyo error mas grave habría sido andar de comeflores leyendo a Paulo Coelho, en lugar de leerse a Maquiavelo.

Así las cosas, éste régimen que se ha distinguido por su desfachatez e irrespeto ante todo lo que sean formas y procedimientos, paradójicamente al momento de reescribir la historia, no escatima en revisar sentencias. Y para esa tarea, tiene a un TSJ, cuyo presidente está dispuesto a revisar la decisión que determinó que el 11 de abril de 2002 hubo un vacío de poder, sucesos que habían desembocado - según el propio magistrado - en la comisión del crimen dos años mas tarde contra el fiscal Anderson.

De esa manera, tras la muerte del polémico fiscal Anderson, el régimen ha constituido de forma expedita un peligroso y poderoso tridente, policial, político y judicial, que si bien ayudaría o no, a dar con los verdaderos autores del crimen en cuestión, al menos está ayudando al insaciable autócrata – y su campaña internacional – a continuar no solo con la descalificación de la oposición democrática venezolana, catalogándola de terrorista, sino con la efectiva e inminente aniquilación de toda disidencia.

Entonces ante éste escenario, cabe nuevamente preguntarse ¿a quienes beneficia la muerte de Danilo Anderson?

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