No se trata sólo de problemas propios de asuntos públicos como la justicia, sino también los de actividades particulares y privadas de toda índole, educativas, culturales, industriales, comerciales y agrícolas.

Se piensa que si las cosas se dejan libres serán desordenadas ya que no están dirigidas por alguien, mientras que si las dirige y reglamentan los gobiernos, las actividades de todos serán planificadas y ordenadas por personas “desinteresadas” cuyo móvil es el bienestar general. Pero esa visión romántica del gobierno no se parece en nada a la realidad, como lo constatamos a diario escuchando discusiones respecto de la corrupta e inepta sociedad política, realidad que es igual en todos los países que tienen constituciones desarrolladas. ¿Acaso “gobierno” y “políticos” no es lo mismo? Una cosa es la idealización romántica del ente “gobierno” y otra la realidad que conocemos en nuestros países.

Antes de encargar a la sociedad política -al gobierno- la solución de nuestros problemas económicos, deberíamos recordar cómo se han desempeñado a la fecha y compararlo con la forma como los particulares resuelven los problemas de la sociedad civil -la privada-, cuando son libres de hacerlo bajo reglas mínimas de convivencia.

Comparemos los incentivos bajo los cuales se trabaja en ambas sociedades, los límites de los errores, los constreñimientos a que están sujetos, la responsabilidad con que actúan, la honradez y diligencia que han mostrado, y después escojamos entre el imperfecto “mercado” de la sociedad civil (privada) y la imperfecta burocracia política.

Los medios para llevar a cabo las actividades difieren sustancialmente. En la sociedad política el medio es la coerción, la fuerza. Quien no hace caso se le castiga. No admite competencia. Por el contrario, el medio de la sociedad civil es la persuasión. Si no le parece lo que alguien le ofrece opta por recurrir a otro o hacer otra cosa. Por ejemplo, todo el mundo reconoce el error que significó el siglo pasado haberle encargado a la sociedad política las comunicaciones, la electricidad, los puertos, la educación, etc. Por eso vemos la reprivatización de lo que anteriormente había sido privado.

El mercantilismo, la economía dirigida por la sociedad política, se basa en “no dejar hacer” sin permiso, contrario a “dejar hacer” (laissez-faire) cualquier cosa pacífica. Equivale a no dejar progresar. Obviamente si la sociedad política entorpece la creación de riqueza por parte de la sociedad civil con toda clase de intromisiones y reglamentos discrecionales burocráticos, perdurará la pobreza y corrupción.

Las constituciones desarrolladas encargan a los políticos (el gobierno) dirigir con reglamentos las actividades mismas y no sólo velar para que la gente se comporte bien, que no cometa actos como fraude, robo o recurra a la violencia y la intimidación. La sociedad política pretende hacer lo que “conviene” según ellos y no como lo haría libremente la sociedad civil, el mercado.

Es decir, no les satisface que el gobierno se limite a velar por la buena conducta sino quieren sobreponer su criterio hasta en la forma en que las personas producen, contratan, consumen y se sirven. Todo ello basado en la visión romántica y poco realista del gobierno. En tanto las constituciones no limiten las funciones de los gobiernos, seguiremos teniendo gobiernos empobrecedores y corruptos.

* Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

©